El barrio Nuevo Milenio recibe ese nombre porque fue fundado en el año 2000, sobre unos lotes que después resultaron siendo de otra persona y no de quien se los vendió a los actuales residentes.
Y es esa, precisamente, una de las preocupaciones que aún no han resuelto los habitantes. Todos quieren tener las escrituras de los inmuebles que ocupan desde hace 19 años, pero, según dicen, la colaboración del gobierno distrital no ha sido todo lo fructífera que esperaban.
Luis Alberto Lizcano, uno de los delegados de la Junta de Acción Comunal (JAC), recuerda que cuando se enteraron del fraude acudieron al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital (Corvivienda), con la idea de abrir un proceso de legalización.
“Eso fue en 2004 –cuenta Lizcano--. El proceso se abrió con una primera etapa, que estaba encabezada por la Junta de Acción Comunal. Pero en 2011 cambiaron las reglas, en el sentido de que no debía ser un proceso colectivo sino individual. Desde entonces se ha venido trabajando en ese problema, aunque quisiéramos que el proceso avanzara más, porque ya el juzgado nos hizo las inspecciones, lo que es prácticamente lo último de la diligencia. Pero de un momento a otro la pararon. Por eso quisiéramos que Corvivienda nos prestara más atención, porque no queremos morirnos sin saber que fuimos dueños de los lotes que compramos”.
Asimismo, los vecinos dicen tener afán en la obtención de sus escrituras, por medio de Corvivienda, ya que algunas familias decidieron suspender el pago de sus lotes cuando se enteraron de que, presuntamente, el vendedor no era el propietario del terreno, quien, desde luego, tampoco les ha entregado los documentos que acrediten a cada comprador como nuevo propietario.
“Tampoco hemos podido localizar al verdadero dueño de los terrenos. Ya sabemos de quién se trata, y duramos un tiempo buscándolo para llegar a algún arreglo, pero después nos enteramos de que hace muchos años se fue del país, de manera que la única esperanza que tenemos es el proceso con Corvivienda”, insisten.
En los inicios del barrio el hecho de que los compradores hubieran sido víctimas de una estafa se convertía en un obstáculo para que se emprendieran obras de infraestructura, ya que ninguna empresa, ni privada ni estatal, quería invertir en una comunidad no legalizada.
No obstante, con el esfuerzos de los líderes comunales, se logró que se instalaran los servicios públicos básicos, pero, según los vecinos, el único que funciona mal es el de la energía eléctrica. Los transformadores ya no resisten la demanda de las casas y apartamentos que han ido apareciendo, y el resultado es que diariamente algunos sectores quedan a oscuras.
Casualmente, es la oscuridad uno de los factores que más preocupan a los residentes, porque los brotes de inseguridad no dejan de manifestarse, sobre todo en la manzana E, donde está la única cancha de microfútbol con que cuenta el barrio.
“Allí –dicen-- falta instalar luminarias, porque la oscuridad es amiga de los delincuentes. Por el momento tuvimos que cerrarla con mallas y poner una puerta de hierro con candado, que únicamente se abre, cuando nuestros jóvenes van a jugar”.
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