Mediante la Resolución No 0552 del 9 de febrero de 2021 el secretario de Infraestructura, Luis Villadiego Cárcamo, ordenó la terminación unilateral y la liquidación del contrato de obra pública N° 35-36-37-38 de 2017 cuyo objeto es la construcción del megacolegio San Felipe Neri en Olaya Herrera. (Lea aquí: Liquidarán contrato por obras inconclusas en el San Felipe Neri)
En el documento también se establece que se envíe copia a la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena para que se realicen los estudios jurídicos correspondientes a efectos de determinar si “dentro del caso concreto se presentaron hechos que comprometan la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de los distintos funcionarios que intervinieron en la celebración y posterior ejecución del contrato, y si es el caso, compulsar las copias a los organismos de control competentes”.
Antes de proceder a explicar los motivos que llevaron a la administración a liquidar el contrato, hay que recordar cómo una obra que debía estar lista en ocho meses quedó paralizada con un avance del 41,8% desde 2019 y su costo final terminó elevándose más del 50%.
El contrato para la construcción del San Felipe Neri se adjudicó mediante licitación pública el 14 de marzo de 2017 al consorcio conformado por Seening S.A.S (30% de participación) y Pavimentos, Construcciones e Inversiones S.A.S (70% de participación) por $8.487.523.997; sin embargo, el acta de inicio se firmó el 2 de abril de 2019 luego de muchas insistencias por parte del contratista y de la interventoría.
Durante ese tiempo, en medio de los trámites pertinentes, comenzaron a salir las primeras fallas en el contrato. En septiembre de 2017 la Oficina de Apoyo Logístico notificó que el predio donde se iba a construir el colegio era propiedad de Inurbe y no del Distrito, como se tenía pensado. Además, se concluyó que el proyecto adjudicado al Consorcio Colegio Neri no contaba con licencia de construcción.
“Al consultar los documentos del proceso de licitación pública No. 014 de 2016 en el SECOP, tenemos que ni en los estudios previos, ni en el pliego de condiciones, se hace referencia a la titularidad del predio donde se iría a construir el mega colegio como tampoco a la licencia de construcción del mismo; si bien se publicaron documentos como planos de diseños, en ellos no se hace referencia a la ubicación exacta del mismo”, señaló el oficio AMC-OFI-0107442-2017.
Tras este impasse, durante el encargo de Yolanda Wong (2018) se decidió que la obra debía ejecutarse en el predio donde actualmente está la institución educativa, eso implicaba hacer un modificatorio al contrato (cuyo plazo de ejecución había acabado sin actuación alguna) y solicitar licencias de construcción para demoler y construir una obra nueva.
“Las demoras al inicio de la obra no solo obedecieron a la resistencia de la comunidad a la construcción del proyecto en el lote de terreno donde inicialmente fue concebido, sino, y esto sí es de mayor calado y con mayores consecuencias jurídicas, a la falta de claridad de la titularidad del predio donde se pretendía construir”, se indica en la resolución.
En 2019 el consorcio presentó al exalcalde Pedrito Pereira una propuesta de acuerdo de transacción para dar continuidad al contrato, la cual tuvo luz verde y solo hasta abril de ese año se dio inicio a la ejecución del mismo.
Aunque se pensaba que ahora sí se construiría el San Felipe Neri, en el terreno los contratistas evidenciaron la necesidad de demoler las estructuras existentes en la zona, las cuales eran necesarias pero no estaban contempladas en los estudios previos y pliego de condiciones de la etapa precontractual.
Además, solo hasta septiembre, el contratista presentó a la interventoría los ajustes a los diseños estructurales, hidrosanitarios y eléctricos para su aprobación. En ese proceso salió otra falla del contrato: el dinero no alcanzaría porque las obras totales ascendían a $15.922.928.220.
Pese a que se presentaron alternativas con el fin de que se ejecutaran obras con los $8 mil millones que estaban disponibles desde el inicio, lo cierto es que se dio una imposibilidad presupuestal para ejecutarlas en su totalidad. Al final, se acordó que el consorcio realizaría las obras correspondientes a la estructura de los cuatro bloques que componen el megacolegio, ya que se ajustaba el presupuesto. De ahí para adelante sería otro capítulo.
Debido a todas las barreras que surgieron, los ajustes que debían tomar un mes agotaron cinco meses por lo que se hizo imperativo prorrogar el contrato. Pero, como esta solicitud se hizo a mediados de diciembre, el contrato quedó suspendido teniendo en cuenta la proximidad de vencimiento del periodo fiscal y la entrada del nuevo alcalde, William Dau.
Los motivos antes expuestos permitieron a la Secretaría de Infraestructura concluir que en el contrato se violó el principio de planeación, el cual debe ser una característica de los contratos estatales.
“Encontramos ciertos vicios en su planificación que dan como consecuencia una nulidad absoluta de ese contrato con base en lo que dice la Ley 80 del 93, esto permite llevar a cabo la terminación unilateral del contrato y posterior una liquidación por el estado de avance de esta obra”, manifestó Luis Villadiego, jefe de la cartera.
Agregó que, por ejemplo, “si una entidad estatal celebra un contrato para ejecutar una obra pública en un tiempo muy corto y al momento de la celebración del negocio ni siquiera ha entrado en negociaciones con los propietarios de los terrenos sobre los cuales la obra se va a hacer, ni ha adelantado diligencia alguna para su adquisición, es obvio que en ese contrato se faltó al principio de planeación, de tal manera que desde ese instante es evidente que el objeto contractual no podrá ejecutarse en el tiempo acordado y por consiguiente infringe la ley”.
Finalmente la resolución estableció que en este caso se está en presencia de un contrato con “objeto ilícito porque se está contraviniendo las normas imperativas que ordenan que los 2 contratos estatales deben estar debidamente planeados”.
“Todas estas condiciones, a juicio del equipo jurídico y técnico, implican de manera irremediable la imposibilidad de cumplir en su totalidad el objeto contratado y por lo tanto no es posible, en tales condiciones, superar las necesidades que se pretendían satisfacer con dicha contratación”.
Aunque la decisión del Distrito parece no tener marcha atrás ha despertador algunas opiniones en la ciudad, principalmente en quienes han hecho parte de todo el periplo para la ejecución de la obra.
El exalcalde, Pedrito Pereira, en cuyo gobierno se sacó la licencia de construcción que permitió iniciar las obras, manifestó que aunque respeta la decisión no la considera correcta por los esfuerzos que se hicieron en años anteriores.
“En el presupuesto del 2020, en la Secretaría de Infraestructura, había una cifra de $30 mil de millones de donde se podía seguir con la construcción y el contrato quedó con recursos propios, donde se podía tomar para continuar, pero no se hizo así”.
Agregó que en el 2019 también se tramitó una modificación de la licencia y se asignaron recursos. “El contratista ha invertido más de lo que se ha pagado, no tiene sentido liquidar habiendo legalizado la obra con sus licencias en el 2019 , y además con una obligación judicial de la Corte Constitucional “
Otra de las aristas en este caso es que con auto del 15 de octubre de 2020 la Procuraduría Provincial de Cartagena advirtió al alcalde que se inició acción preventiva con el fin de hacer seguimiento a las obras del colegio.
“Se hace necesario que desde su administración se tomen las medidas necesarias para la culminación de las obras del megacolegio, de tal manera que se les garantice a la población estudiantil del colegio, estimada en 1.700 estudiantes, quienes por efecto del deterioro debieron dispersarse en otras sedes educativas con las afectaciones que eso implica”.
Tras el anuncio, la secretaria de Educación, Olga Acosta Amel, dijo que la terminación y liquidación del contrato de la obra es una excelente noticia para toda la comunidad educativa, pues esto permitirá realizar un nuevo proceso de selección del contratista para poder reactivar y finalizar la obra.
“Tenemos asegurados $12 mil millones para poder finalizar este megacolegio que tanto necesita la comunidad de Olaya Herrera. Aquí, como lo hemos venido haciendo con todas las obras que encontramos paralizadas de años anteriores, trabajaremos en alianza con el Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Mineducación para que podamos entregar el colegio lo más pronto posible”.
Comentarios ()