El accidente de mi hijo ocurrió el 28 de agosto de 2018, cerca de las 8 de la mañana, pero fue una sobrina quien me llamó a darme la noticia, a las 9:13. El colegio no me informó”, así comienza relatando Diana Hernández, madre del menor herido en el Instituto Ciry, lo ocurrido ese día.
Su voz es firme, pero a veces flaquea, pues sabe que lo que ha estado ocurriendo todos estos días a través de las redes sociales no es beneficioso para ella, para su hijo, ni mucho menos para los demás estudiantes de la institución, sin embargo, está dispuesta a hablar para contar que la institución, según dice, desde el primer momento sabía que podía recibir una sanción.
“En las redes sociales están diciendo cosas muy fuertes, que no solo afectan a mi hijo, sino a todos nosotros. En principio preferimos tener esto en secreto, para evitar que él sufriera más, pero ahora fue necesario salir a hablar, pues no es culpa nuestra que la Secretaría de Educación tomara esta decisión. Yo en ningún momento he pedido que al colegio lo cierren, si se cierra es porque ellos saben que incumplen en varias cosas”, explicó.
La madre del menor le contó a El Universal que ella fue al día siguiente al Instituto Ciry a pedir un comunicado de lo ocurrido con su hijo porque, según contó, al momento de ingresarlo por urgencias indicaron que había sido una quemadura por prolongada exposición al sol.
“Los profesores decían que había sido una quemadura solar y que no me preocupara”, dijo.
Desde el día del hecho, el menor que en ese momento cursaba sexto grado, estuvo hospitalizado hasta el 26 de febrero de 2019, tiempo en que los médicos hicieron todo lo posible para aplacar las huellas que quedaron en parte de su cuerpo y salvarle el conducto auditivo derecho.
“Mi hijo quedó prendido en llamas. Se quemó las dos piernas, el rostro, el brazo derecho, tuvo una pérdida parcial del conducto auditivo, pero fue recuperado en Barranquilla, gracias a Dios. Esto fue algo bastante grande”, comentó agregando que “la póliza del seguro estudiantil duró menos de un mes, a partir de ahí lo cubrió el papá por la EPS del empleo que tenía en ese momento”.
Todo iba bien, hasta que en noviembre de 2018 el padre del niño quedó sin empleo y fue ahí cuando los padres decidieron acudir nuevamente a la institución.
“Los llamamos y les dijimos que el niño se iba a quedar sin EPS y ellos la pagaron por 3 meses, después a mi esposo le dieron un beneficio de desempleo por 6 meses con el cual también se cubrió parte de los tratamientos, pero al acabarse fuimos al Dadis y nos dieron un Sisbén para que lo atendieran por el régimen subsidiado y hasta ahora ha sido así como hemos logrado que tenga atención médica”, señaló la madre.
Tres días después del accidente, Diana decidió iniciar el proceso legal ante la Secretaría de Educación, pensando en la salud de su pequeño y en la de los demás menores.
“Los directivos de la institución sabían que yo había iniciado el proceso, incluso fueron citados por la Secretaría de Educación en varias ocasiones. Desde el año pasado, el 20 de diciembre, ellos sabían que a la institución la iban a suspender. No quiero que se siga vulnerando más el derecho de mi hijo”, finalizó la madre.
Mientras el niño se recupera en casa de todas estas secuelas y trata de superar lo ocurrido, los padres de familia de los 380 estudiantes que tiene la institución le piden a la Secretaría de Educación que no cierre el plantel educativo, incluso se reunieron ayer en la mañana a las afueras del colegio con carteles en mano esperando que llegaran los integrantes de la secretaría que realizarían el cierre, sin embargo, esto no ocurrió.
“Nosotros no podemos permitir que por un niño los demás se vean perjudicados. No es justo, es la primera vez que esto pasa en este colegio, donde mi hijo lleva todo el tiempo estudiando aquí y por un solo caso ya lo van a cerrar, no debería ser así, no estamos de acuerdo con esa decisión”, dijo una madre de familia, mientras los demás la apoyaban.
Oneila Gómez, coordinadora de la institución, comentó que “desde que se inició el proceso hemos estado al tanto del menor, quien cursó grado séptimo el año pasado en su casa. Cada profesor llevaba su bitácora donde se indicaba qué clase había recibido el niño. Desde enero sabíamos de las posibilidades de la sanción, pero no esperábamos algo así tan drástico”.
Padres de familia, estudiantes y docentes de la institución irán hoy hasta la Alcaldía menor de la Localidad 3 como una comisión, para impedir que la sanción se lleve a cabo.
“Mi hija está en décimo grado y no ha podido dormir desde que dijeron que cerrarán el colegio, ahora dónde estudiará. Cómo haremos nosotros, esto no lo podemos permitir”, explicó una madre.
La secretaria de Educación, Olga Acosta, comentó que la institución desde el año pasado estaba notificada de la sanción y que este año lo que se hizo fue confirmarla.
“La notificación se hizo primero a través del correo electrónico y después de manera presencial donde se le indicó que tenía 10 días para presentar recursos de reposición”.
Según explicaron, la rectora de la institución esperó hasta el último día de enero de este año para presentar su recurso, pero no fueron argumentos adecuados, por lo que decidieron reafirmar la sanción.
“Ella sabía, por lo tanto no podía aceptar dinero ni abrir la sede”, finalizó.
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