El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) hizo un nuevo llamado a la Fiscalía y a la Policía para que, de manera urgente, hagan cumplir la orden de suspensión, emitida el pasado 26 de marzo, de las obras civiles que se realizan en el hotel Casa Cochera del Gobernador, en el Centro Histórico. Lea aquí: Suspenden construcción de piscina en inmueble del Centro Histórico
El IPCC mediante Auto de Inicio de Indagación Preliminar ordenó iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio por las presuntas infracciones contra el patrimonio cultural en este inmueble y ordenó la suspensión de las obras que allí se realizan.
Tras la correspondiente diligencia de sellamiento donde funciona el hotel, ubicado en la calle Cochera del Gobernador, carrera 5 No. 33-23, semanas después se solicitó a la Policía que interviniera de manera inmediata ante nuevas evidencias de continuación de las obras.
En esta acción de cumplimiento solicitada por el IPCC no se les permitió el ingreso a tres agentes, una suboficial de la Policía y dos representantes de la División de Patrimonio del IPCC. En esa ocasión los ocupantes de la casa no abrieron la puerta de acceso a la autoridad policial.
Seguimiento al caso
Ante esto, el pasado 10 de mayo, la directora del IPCC, Saia Vergara Jaime, procedió a oficiar a la Fiscalía para que investigara, “posibles hechos punitivos en razón de conductas adelantadas por el propietario y los responsables de las obras civiles desarrolladas en el inmueble denominado Casa Cochera del Gobernador”.
Vergara Jaime dijo que el IPCC ha agotado todos los procesos legales y ante las autoridades competentes para defender la medida impuesta por el Instituto, que va en defensa de los bienes patrimoniales de Cartagena.
Inicio del proceso
El caso de la calle Cochera del Gobernador inicia con el proceso sancionatorio, el pasado 19 de marzo.
Ese día, la División de Patrimonio Cultural del IPCC realizó una visita de inspección y evidenció que se adelantaban obras sin el concepto previo del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural; también constató que se realizaban intervenciones irregulares en la modificación y adecuación de una piscina y un ascensor.
El 28 de abril, ante evidencias de que los propietarios seguían realizando las obras a pesar de la suspensión ordenada, el IPCC ofició a la inspectora de Policía, Mónica Herazo, de la Comuna 1b, de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, para que realizara las acciones policivas a que tuvieran lugar.
La directora del IPCC dijo que “el Instituto seguirá hasta las últimas consecuencias para hacer cumplir la orden” y volvió a hacer un llamado para que las autoridades correspondientes, desde sus competencias, hagan cumplir a los propietarios con la suspensión dictada.
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