Un pacto de cumplimiento de equilibrio de derechos, es decir, una fórmula de solución que atienda tanto los derechos colectivos, como los derechos adquiridos por los compradores y los constructores del proyecto. Eso es lo que tienen que lograr todos los involucrados en el caso Aquarela, bajo el liderazgo y la convocatoria del Ministerio de Cultura.
La orden la impartió la jueza 11 Administrativa del Circuito de Cartagena, en audiencia de conciliación convocada el 30 de noviembre pasado, para resolver la acción popular que interpuso Mincultura contra el Distrito y Aquarela.
Es de anotar que esa acción fue interpuesta en octubre de 2017, por presunta afectación a un Bien de Interés Cultural (BIC), y en diciembre del mismo año terminó en una medida cautelar que suspendió las obras, limitando la continuación del complejo habitacional.
Con miras a “destrabar” esa situación, en la audiencia de conciliación, Juan Manuel González, abogado apoderado de Aquarela, sustentó los derechos adquiridos por la constructora con el debido licenciamiento del proyecto y la vigencia de sus licencias, y llamó la atención sobre la posibilidad de llegar a un pacto de cumplimiento que atienda los derechos de todas las partes.
Con ese norte, planteó la necesidad de preservar la seguridad jurídica de inversionistas y constructores, considerando modificar la licencia de construcción (acto administrativo vigente), para ajustarla a los cambios requeridos en la obra, preservando el desarrollo de la ciudad y considerando la situación de los compradores de vivienda en el proyecto.
La jueza 11 acogió la iniciativa de la firma constructora y ordenó al Ministerio de Cultura liderar y convocar al Distrito, a la Procuraduría General de la Nación, al curador urbano, al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), a la Promotora Calle 47 SAS y demás intervinientes en el proceso, a reuniones de trabajo en las que se logre un pacto de cumplimiento de equilibrio de derechos. Esa fórmula de solución deberá estar amparada en la legalidad y los estudios técnico-urbanísticos pertinentes.
“Es un pacto en equilibrio de derechos, porque están los derechos colectivos que el Ministerio de Cultura ha anotado que afecta la torre. Pero también están los derechos adquiridos por el constructor, que obtuvo legalmente todas las licencias y permisos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena; y los derechos de las personas que adquirieron las viviendas”, explicó a El Universal Gilma Úsuga, vocera de Promotora Calle 47 SAS, constructora de Aquarela.
Recalcó que “el objetivo es llegar a fórmulas de solución donde se considere la visión de ciudad y se proteja el patrimonio, al tiempo que se honren los derechos adquiridos tanto de los constructores como de los compradores de vivienda en el proyecto habitacional”.
La misma autoridad judicial citó a los antes mencionados a una nueva audiencia de conciliación para el 15 de febrero próximo.
Úsuga precisó que las partes instalaron una mesa de trabajo el 13 de diciembre pasado, en la sede del Ministerio de Cultura en Bogotá.
“En esa instalación, la constructora dejó clara la voluntad de llegar a un acuerdo para que se pueda realizar el proyecto sin afectar los intereses y la visión de ciudad. En este momento estamos a la espera de que el Ministerio de Cultura cumpla lo ordenado por la jueza y nos convoque de nuevo a las mesas de negociación”.
Destacó que “es necesario que el Ministerio de Cultura acate la orden de la jueza 11 y convoque a esas mesas de pacto de cumplimiento para que esta situación tenga una solución pronta en equilibrio de derechos, de lo contrario se puede ir a años, y este es un proyecto debidamente licenciado. No importa cuántas mesas se hagan, lo importante es que hay una nueva audiencia el 15 de febrero, a la que se deben llevar fórmulas de solución que atiendan los derechos de las partes”.
La vocera de la Promotora Calle 47 SAS advirtió que urge solucionar el sellamiento de obras que pesa sobre Aquarela. “Para nosotros es una necesidad dar una solución. De 942 familias que depositaron dinero en la fiduciaria, 404 han firmado promesas de compraventa y 265 han desistido del proyecto. Para nosotros defender esos derechos necesitamos llegar a una solución pronta con el Ministerio de Cultura, necesitamos llegar al acuerdo de pacto de cumplimiento que ordenó la jueza; estamos esperando la citación de las mesas”.
Como lo publicó este medio el 9 de enero pasado, Promotora Calle 47 SAS está en mora de una de las dos sanciones que la secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana le ratificó el 26 de octubre de 2018.
Es la restitución de 619,59 metros cuadrados, correspondientes a áreas de antejardín, que debía hacerse en un término de dos meses.
En esa publicación, Gilma Úsuga explicó por qué no se ha cumplido esa orden. “Aquarela está esperando que el Juzgado 11 Administrativo levante la medida cautelar que dio origen al sellamiento de la obra, para poder cumplir con la instrucción del fallo. En este momento esa medida cautelar nos limita”.
Aseguró que la constructora ya canceló la multa de $156 millones 548 mil 400, impuesta por infracción urbanística.
Es un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) en el barrio Torices. Contempla la construcción de cinco torres de apartamentos desde 42 metros cuadrados hasta 56 metros cuadrados, que fueron adquiridos por más de 900 familias que aspiraban a mejorar su calidad de vida.
Según Promotora Calle 47 S.A.S., constructora del proyecto, desde la gestación del mismo se ha dado “riguroso cumplimiento a las normas establecidas por las autoridades y se han presentado oportunamente los permisos, certificaciones y licencias que establecen los reglamentos urbanísticos de la ciudad”.
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