Los juzgados de Cartagena suspendieron labores hoy para sumarse al paro ordenado por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial).
El presidente de esa organización, Fredy Machado López, explicó que el paro está relacionado con el programa de descongestión, mediante el cual se ha demostrado que la justicia sigue trabajando con los juzgados de los años 80, “pues en vez de crearse nuevos juzgados y una nueva planta de personal, lo que se ponen son pañitos de agua tibia, porque se crea un programa de descongestión y no se crea una planta de personal permanente”.
Machado López contó que pudo haberse presentado una masacre laboral, mediante la cual 2.800 trabajadores iban a ser desvinculados, toda vez que no había el presupuesto suficiente para que continuara la descongestión.
El pasado viernes, primero de agosto, toda la base judicial se levantó en Bogotá, en los santanderes y en otras ciudades del país, entre esas Cartagena, para reclamar que se echaran atrás esos decretos, y fue así como el Consejo Superior de la Judicatura consideró que lo haría “y estamos esperando los acuerdos, pero hasta que no salgan no levantaremos el paro”, informó.
El funcionario destacó que lo más importante de este proceso es que el paro es una defensa del usuario y del público en general, “porque la demanda de justicia se afecta cuando el programa de descongestión recae y cuando el Gobierno no le invierte más presupuesto a la justicia. El paro esta vez es para que se dé más respuesta a la demanda de justicia con los juzgados de descongestión, por lo que se ha prometido que en el 2015 esa nómina será permanente”.
Anotó que existe otra discusión debido a que parece ser que el representante ante la Comisión Interinstitucional aceptó que se diera la masacre laboral, y por eso el sindicato debió entrar a liderar las bases, que reclamaban que los cargos no se afectaran.
“Consideramos que es necesaria la reforma a la justicia --indicó Machado--, donde se contemple más presupuesto, más juzgados, más palacios de justicia y más infraesctructura; y quizás el Gobierno olvida este renglón de la justicia, pagándoles presupuestos a otras entidades”.
Recalcó que el paro es indefinido, pero que se está a la espera de que vuelvan a contratar a los jueces que resultaron afectados en el primer desarrollo de los acuerdos.
“Es decir -explicó-, salió una primera reglamentación hasta donde el Gobierno dio el dinero, que fueron 170 mil millones de pesos, pero se requerían, aproximadamente, $235 mil millones y faltaron como 160 mil millones. La diferencia hace que se desvincule a más de dos mil trabajadores”.
“El Consejo -expresó- en vista de que el Gobierno no iba a dar más dinero, con los mismos $170 mil millones llevará la descongestión hasta noviembre, y veremos qué va a hacer el Gobierno cuando se acabe el dinero, porque la descongestión debería llegar hasta diciembre”.
Indicó que en noviembre es posible que no sólo se dé otra discusión sobre la descongestión sino también sobre la nivelación salarial, la reestructuración de la Fiscalía y otros puntos que están pendientes.
“De todas formas -prosiguió- se evitó una masacre laboral, porque la manera como había sido reglamentado el acuerdo inicialmente dejaba por fuera a los 2.800 trabajadores, y eso implicaba que la prestación del servicio de justicia se redujera y volvieran más de un millón de procesos a los juzgados de origen. O sea, esa lucha fue en defensa de los usuarios”.
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