La audiencia de imputación de cargos contra siete directivos de la Refinería de Cartagena, por un posible caso de peculado y un presunto desfalco de más de 610.000 millones de pesos, ya completa más de seis horas en el Complejo Judicial de Paloquemao, en medio de varias dificultades técnicas que no han permitido avanzar.
La diligencia judicial que se adelanta de forma virtual y alterna entre el Complejo Judicial en Bogotá y el Consulado de Washington, Estados Unidos, donde hicieron presencia Massoud Deidehban y Philip Kent Asherman, dos de los implicados en el caso, se vio estropeada en horas de la mañana por cuenta de la traducción a la hora de exponer las razones por las que se adelanta el proceso.
La audiencia, que empezó con más de una hora de retraso, sobre las 9:00 de la mañana, ha tenido que ser interrumpida en varias ocasiones. Sobre las 10:00 de la mañana se suspendió por un lapso de 20 minutos, para que la judicatura buscara soluciones para una traducción más eficaz, debido a que los procesados en Estados Unidos no estaban entendiendo algunos a partes de la explicación del juez.
Posteriormente, casi sobre el medio día la audiencia tuvo que ser nuevamente suspendida, porque Deidehban y Asherman no estaban comprendiendo lo que el traductor les indicaba. Según explicaron durante el proceso, el traductor no cumplía con el conocimiento de los términos, a pesar de un inglés muy bueno, por lo que se optó por buscar una nueva persona que cumpliera con esa condición.
Ya sobre las 2:45 de la tarde se reinició la audiencia con Carlos Leonardo Lozada como traductor, con lo que se inició un tercer intentó por imputarles los cargos a la denominada ‘cupula de Reficar’, entre los que se encuentran Orlando Cabrales, presidente de Reficar entre 2009-2012, Reyes Reinoso Yanez, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, Vicepresidente Jurídico de Reficar 2009-2017 y Pedro Alfonso Rosales Navarro, Vicepresidente Ejecutivo del Downstream de Ecopetrol 2008.
Y contra Massoud Deidehban, director de Proyectos y Representante legal CB&I 2009; Carlos Alberto Lloreda, Revisor Fiscal de Reficar entre 2013-2015 y a Philip Kent Asherman Representante legal CB&I en 2010. Nicolás Isaksson Palacios, Líder Grupo Legal de Reficar 2013-2017 también fue notificado para imputación, pero no se presentó y solicitó el aplazamiento de su diligencia.
Los hechos por los que fueron llamados a comparecer se suscitaron entre los años 2006 y 2016, por un desfalco millonario en la construcción de la refinería de Cartagena. De acuerdo con Juan Andrés Rondón, fiscal del caso, se suscitó un primer contrato el 6 de noviembre de 2007 entre las partes para diseñar, ejecutar y lograr la terminación mecánica, además, del suministro de materia prima en la construcción de la refinería.
Sin embargo, Rondón en su intervención aseguró que Orlando José Cabrales y Felipe Arturo Laverde crearon dos contratos en el año 2010, con el fin de favorecer a la firma CB&I, donde fungieron como representantes legales Massoud Deidehban y Philip Kent Asherman.
Por estos hechos, el fiscal aseguró que Cabrales y Laverde habrían omitido su labor de control sobre la construcción. "Contrariando desde su rol funcional, el principio de la función administrativa y con el propósito de beneficiar al contratista - Philip Kent y Massoud Deidehban- no liquidaron el contrato EPC suscrito en 2007, en consecuencia no se verificó el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en CB&I en el contrato 2007, dando lugar inexplicablemente a la suscripción de dos contratos en 2010", precisó.
EMPRESAS INVOLUCRADAS
De acuerdo con el fiscal del caso, la finalidad del proyecto se dio porque la Refinería contaba con una tecnología obsoleta y debía ser modernizada para suplir la demanda de hidrocarburos al interior del país
El fiscal señaló que en la Ley 812 de 2013 se estableció que el proyecto se iba a dar con mayor participación de capital privado y con las inversiones estratégicas de Ecopetrol. Además se señaló en los documentos Conpes 3312 de 2004 y 3336 de 2005, que tenía que hacerse mediante una modalidad contractual denominada "llave en mano", para evitar sobrecostos y que no se fueran afectar las finanzas del Estado.
El fiscal explicó que el Estado seleccionó en 2006 a Glencore International AG como socio, por lo que se creó la sociedad "Refinería de Cartagena S.A Reficar", con Ecopetrol, donde la empresa extranjera tenía el 51 % de participación. Pero luego, en mayo de 2009 se retiró Glencore y Ecopetrol adquirió el 100 % de la responsabilidad.
Entre tanto, en 2007, bajo la administración de Glencore, se eligió a la empresa Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), para hacer la ingeniería y la construcción y en 2010, con la salida de Glencore, esa empresa suscribió dos nuevos contratos bajo la modalidad "costos reembolsables", desconociendo la ley.
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO
Entre Reficar y CB&I se celebraron acuerdos tipo MOA (Memorandum of Agreement) y PIP (Project Invoicing Procedure), que fueron los que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos.
"En el MOA se dispuso que mediante ese acuerdo se pagaran facturas que el supervisor del proyecto (Foster Wheeler y Process Consultant Inc) había objetado por improcedentes y en el PIP se hicieron pagos sin la revisión del auditor", aseguró el fiscal.
Así mismo, dijo que se dio lugar a que se hicieran pagos que afectaron el patrimonio de la Nación por bienes y servicios que no hacía parte de Reficar, por subcontrataciones no autorizados por Reficar, por trabajadores que nunca ingresaron, pagos a trabajadores de obras aplazadas, entre muchas irregularidades.
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