Veintidós hectáreas de tierra, aproximadamente, que están al lado del sector La Bocana, son predios del aeropuerto de Cartagena desde el año 1956 (hace más de 50 años). Sin embargo, un exdiputado se tomó estas tierras con otras personas, presuntamente, mediante el fraude de escrituras públicas. La versión es de uno de los abogados del caso quien relata que con una carta catastral falsa, estas personas hicieron la escritura pública fraudulenta, lo que hoy soporta la apropiación de los terrenos.
Cuando esto sucedió el entonces director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi denunció el caso ante la Fiscalía 31 por las falsedades que rondaban los hechos.
Hoy la defensa jurídica, para que estos terrenos sean devueltos a la Nación, le está pidiendo al fiscal General Francisco Barbosa que interceda en el proceso y ordene que se desempantane y se falle desde la Fiscalía 40, que es en donde ha estado estancado desde hace ocho años.
Esos terrenos fueron decretados de uso público desde el año 1940, lo que fue ratificado por el Código de Comercio.
“El señor exdiputado es Hernando Castillo y le dijo a la Fiscalía que él era odontólogo y que lo había engañado su abogado; y que él no sabía que esas escrituras eran falsas. El fiscal del caso lo absolvió momentáneamente en el sentido de que él no fue el que cometió la falsedad sino su abogado, pero las escrituras de las tierras quedaron siendo falsas y los títulos de los terrenos quedaron siendo espúreos. Fue así que el señor Castillo se quedó con la tierra; luego de eso, el fiscal 31 le escribió a la directora de la oficina de Instrumentos Públicos pidiéndole que procediera a anular esas escrituras fraudulentas, pero no lo hicieron, por eso esas escrituras están vigentes y el señor Castillo sigue siendo dueño de las tierras después de tantos años”, contó a El Universal el abogado Eduardo Del Río, miembro de Codefensores (quienes dieron a conocer de primera mano la información), quien confirmó las demoras en el litigio jurídico.
“Las pruebas que se tienen concretas sobre la propiedad de los terrenos del aeropuerto son las escrituras públicas que demuestran que la Aeronáutica Civil compró en el año 1956 a Avianca las tierras y se hicieron todas las escrituras perfectas con los levantamientos topográficos de la época.
“Pero a su vez Avianca le compró a Hernán Paz, que venía de ser el propietario desde el siglo pasado; entonces desde la tradición todo está correcto; además, la Aeronáutica Civil tiene el levantamiento topográfico hecho por la Nación y además de eso tiene su folio de matrícula. El problema es que el señor Hernando Castillo, exdiputado que falsificó la carta catastral, tiene unas escrituras fraudulentas y un folio fraudulento que tienen un número distinto sobre las mismas tierras. Es un folio gemelo, es como quien tiene un carro con dos placas. Una es legítima, que es la de la Nación, y la otra es falseada, que es la que muestra el exdiputado”, explicó Del Río.
Según el jurista, actualmente en el proceso se han practicado 40 pruebas con un esfuerzo muy grande, que ha hecho la Fiscalía General en Bogotá, en enviarle cantidades de funcionarios a la Fiscalía 40 en Cartagena que lleva el caso para que durante 8 años hiciera todas las gestiones necesarias que fueran contendientes dentro del caso. Es así que la Nación hasta ahora se ha gastado una gran cantidad de dinero en el caso. Ya se tienen todas las pruebas e inspecciones judiciales que demuestran que esos terrenos son de la Nación.
“Toda esta clase de pruebas no son secretas, son públicas, pero a pesar de tener todo este acervo probatorio la fiscal 40 del caso, Dora Cáceres, que lleva el proceso hace ocho años, lo tiene engavetado”, denunció Del Río.
“Lo que ha pasado es que aquí se ha unido una corrupción total desde la oficina de Instrumentos Públicos, con funcionarios o funcionarias del Instituto Agustín Codazzi, y Aerocivil también se prestó a no investigar, entonces fue un contubernio perfecto”, agrega.
“Le estamos solicitando al fiscal General de la Nación, Francisco Barboza, que proceda a tomar una acción inmediata, de este escandaloso acto de corrupción, de la apropiación de estas 22 hectáreas de tierra del aeropuerto de Cartagena y que para eso le exija a la fiscal 40 que proceda acabar con la mora de 8 años que lleva y proceda a fallar. Es que lo lastimoso es que el Estado, la Fiscalía General de la Nación, ha invertido mucho esfuerzo y dinero pero no se procede a un fallo, entonces no se está administrando justicia a pesar de los recursos invertidos”, anotó el abogado.
El jurista reiteró que tras ocho años del proceso, este es un caso de connotación nacional de gran impacto en la sociedad, en el que la Fiscalía ha invertido muchos recursos humanos y técnicos. “Es por ello entonces, viendo que la fiscal 40 no hace nada, procedimos a presentar una denuncia por prevaricato por omisión por el tiempo que lleva con el proceso y no se ha producido una decisión; hay una mora judicial y la Corte ha dicho que no hay excusas de decir que es que la fiscal está ocupada o tenía mucho trabajo.
“Estamos pidiendo es que a la víctima, que es la Nación, porque le robaron un terreno, se le haga una devolución provisional inmediata, porque las víctimas deben tener prioridad. Si después ella, (la fiscal) quiere o se dedica a buscar más culpables o a meter preso a los políticos, pues que lo haga, pero ahora lo que le exigimos es que se le devuelva a la Nación los terrenos”, anotó el defensor.
Además, el abogado dio a conocer a El Universal que la fiscal Cáceres le impuso dos denuncias referente al caso; una de ellas por injuria y calumnia. “Todo esto por defender a la Nación”, dijo Del Río.
Así mismo, el exdiputado Castillo también le presentó una denuncia penal por calumnia e injuria. “Yo le ratifiqué al fiscal que me llamó por esta denuncia que el señor exdiputado todavía tiene las tierras que se apropió, pero todo esto se ha dado por la incapacidad de que se haya dictado una sentencia”, concluyó Del Río.
Comentarios ()