Predio para trasladar la cárcel de San Diego, “difícil de encontrar”

19 de noviembre de 2018 12:04 AM

ENVIAR PÁGINA POR CORREO

Cuatro meses y nueve días han pasado desde que, por el grave deterioro de la Cárcel Distrital de San Diego, la Procuraduría General de la Nación interpuso un incidente de desacato ante el Tribunal Superior de Cartagena y solicitó evacuar el centro penitenciario o, en su defecto, adoptar de manera inmediata medidas que salvaguardaran los derechos de las internas y del personal administrativo.

El órgano de control interpuso ese recurso, el 10 de julio pasado, luego de verificar que las acciones ordenadas en el fallo de tutela T-126 de 2009 de la Corte Constitucional para el mantenimiento, adecuación y reparación de ese penal aún no son cumplidas por las autoridades correspondientes. Estas son Alcaldía de Cartagena y Dirección de la Cárcel Distrital San Diego.

Sin embargo, a la fecha, la evacuación solicitada no se ha realizado. El último plazo otorgado por la Procuraduría, que ya solicitó un nuevo informe de avance, se venció el pasado 9 de noviembre. Y, con este panorama, El Universal conoció que se darían una de estas dos situaciones: que el Ministerio Público active el incidente de desacato ante el Tribunal Superior de Cartagena o que cite al Distrito para concretar un nuevo plazo.

En diálogo con este medio, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, José Carlos Puello Rubio, contó que la permanencia de unas 150 reclusas y personal administrativo en San Diego no se debe a negligencia del gobierno distrital.

“El Distrito está buscando un bien inmueble para mudar la cárcel provisionalmente. Igualmente, estamos buscando un predio para construir la cárcel definitiva. Los dos temas van ligados pero se están trabajando de manera independiente. Como hay un fallo judicial que nos obliga a salir, según el cual ya debimos haber salido hace rato, le pedimos un plazo a la Defensoría del Pueblo, que fue la titular de la acción de tutela, explicándole porqué aún no hemos encontrado el predio. ¿Por qué? Porque no es fácil”, afirmó Puello Rubio.

Y, ¿por qué no es fácil? El funcionario sostuvo que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que tiene como objetivo gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, así como la infraestructura, y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); “exige una serie de requisitos bastante complejos”.

Explicó que “nos está exigiendo los mismos requisitos para la cárcel provisional que para la cárcel definitiva. Es prácticamente exigirme encontrar una cárcel y no la tengo. Entonces ya en el pasado se había encontrado unos bienes inmuebles y cuando estábamos a punto de dar el paso final para el traslado, la Uspec nos lo devolvía por uno u otro requerimiento”. Tal habría sido el caso de un colegio en desuso, un terreno cercano al municipio de Turbaco y otro predio en el barrio El Pozón.

“Por ejemplo -anotó Puello Rubio- exigían un área mínima de 10 hectáreas para ambas, pero logramos que flexibilizaran esa exigencia y redujeron las hectáreas exigidas de 10 a 2 en el caso de la cárcel provisional. La definitiva sí debe ser de 10 hectáreas. Exigen que la provisional tenga servicios públicos esenciales, vías de accesos fáciles para el traslado de las reclusas y para ir a un hospital en caso de una emergencia, que no tenga ninguna construcción o área urbana a 200 metros, es decir, debe estar prácticamente aislada”.

Cabe agregar que durante su gobierno, la exalcaldesa (e), Yolanda Wong Baldiris, fijó el 12 de septiembre como la fecha en que la cárcel de mujeres de San Diego se trasladaría provisionalmente al antiguo colegio Caribe Real, en la troncal de Ternera, que conecta con las urbanizaciones Álamos, Nirvana, El Edén, Beirut, Villa del Sol, Siboney, Villa del Cielo, Valencia, El Recreo y conjunto residencial La Bonguita. Pero el rechazo de la comunidad impidió el traslado. Alegaban que el sitio no contaba con las condiciones necesarias para brindar seguridad ni a las reclusas ni a los vecinos del sector.

Solicitará flexibilidad

Por las especificaciones antes mencionadas y otras, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana manifestó que insistirá en solicitar más flexibilidad a la Uspec.

“Que no nos exija los mismos requisitos para la cárcel provisional que para la definitiva, que sea un poco más flexibles, porque cualquier inmueble que nosotros encontremos va a ser mejor que donde las reclusas están ahora mismo. Exige que el tipo del suelo sea institucional 3 y eso es complicado porque lo determina el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, que hay que actualizarlo. Aspiramos a que nos acepten un tipo de suelo distinto, que nos flexibilicen los 200 metros de distancia con áreas urbanas”.

Sin anunciar dónde se ubican, dijo que “vistos” tiene dos bienes inmuebles que podrían convertirse de manera provisional en la cárcel de mujeres.

“Lo más probable es que esta semana viaje a Bogotá para reunirme con el director de la Uspec, presentar las dos opciones y ver si acoge alguna de ellas para trasladar provisionalmente a las reclusas. Al lugar donde se haga el traslado definitivo vamos a cumplir con todos los requisitos que exigen”.

Las exigencias de la Uspec

- Características físicas: terreno con área mínima de 10 hectáreas.

- Localización: de acuerdo a su ubicación, se deben prever transiciones especiales necesarias entre el establecimiento carcelario y cualquier clase de desarrollo urbanístico en el que se localice, y una distancia que permita con facilidad los desplazamientos de abogados, jueces y fuerzas de seguridad, y el desplazamiento de los sindicados a las salas de audiencia. Si se considera fuera del perímetro urbano, se debe tener como tiempo de recorrido adecuado media hora o una distancia aproximada de 30 kilómetros a la ciudad más cercana.

- Dominancia visual: no debe haber preferiblemente zonas de dominancia visual sobre la infraestructura carcelaria, es decir, que no se pueden generar vistas elevadas desde cerros, montañas, edificios y otros.

- Afectaciones ambientales y culturales: el terreno y su entorno no deben tener ningún tipo de afectaciones de caminos públicos históricos, cauces o canales públicos, yacimientos arqueológicos, etc.

- Fenómenos naturales: la zona no debe sufrir el efecto de fenómenos naturales identificados con valores puntuales extremos o con constancia en el tiempo, que impidan la seguridad de la infraestructura y de las personas o que incrementen la inversión por la necesidad ejecutar medidas de protección.

lejos del riesgo

Donde se instale la cárcel femenina tampoco debe haber:

- Temperaturas extremas: periodos prolongados de altas o bajas temperaturas, que precisan la instalación de sistemas de refrigeración o calefacción.

- Elevada pluviometría: altos índices pluviométricos que exijan el sobredimensionado de los sistemas de evacuación de aguas pluviales y supongan afecciones periódicas a la actividad habitual de la infraestructura carcelaria.

- Inundaciones: zona de riesgo, aunque sea ocasional, de sufrir algún tipo de inundación por el desbordamiento de ríos o lagos, o la elevación del nivel del mar ocasionada por fuertes temporales o maremotos.

- Intensa actividad eólica: presencia continuada de intensa actividad eólica o probabilidad de presencia en la zona de tormentas, huracanes o ciclones.

- Amenaza por remoción: peligro latente asociado con desprendimientos, reptación, hundimientos. solifluxión, avalanchas, caídas de material litológico o vegetal y desplomes.

- Riesgo de incendio: proximidad de grandes masas forestales que desarrollaran un incendio.

No olvide

El centro penitenciario debe además:

- Tener disponibilidad inmediata para el suministro de servicios públicos (energía, gas, agua y alcantarillado) sin cortes prolongados del abastecimiento.

- Cumplir con las normas vigentes del Plan de Ordenamiento del municipio en cuanto a localización y uso.

Más del fallo

El hasta hoy vulnerado fallo de tutela T-126 de 2009 de la Corte Constitucional responde a una acción instaurada por Arturo Zea Solano, como agente de la Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar, contra Mininterior, Inpec, Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Cartagena.

Además del mantenimiento, adecuación y reparación de la Cárcel Distrital San Diego ordenados a la Alcaldía y a la dirección del penal; ordenó a Mininterior, en coordinación con el Inpec, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gobernación y la Alcaldía, adoptar “las medidas administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario y Reclusión de Mujeres de Cartagena”.

En ambos casos se debía actuar a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, con fecha 24 de febrero de 2009.
 

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp

  • Videos
  • Mensajes
  • Fotos
  • Notas de voz

cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

LEA MÁS SOBRE Cartagena

DE INTERÉS