Un silencio absoluto dicen sentir los copropietarios de los 16 edificios en riesgo de la ciudad. 26 días después de la declaratoria de calamidad pública en Cartagena y habiendo pasado 13 días de la decisión de una jueza al respecto, más de cien familias siguen viviendo en sus apartamentos, asumiendo el peligro porque al parecer aún no cuentan con suficientes garantías para la evacuación.
Sin censo
El 30 de enero, la juez Tercera Penal con funciones de Garantías, ordenó la evacuación inmediata de los edificios, el plazo de un mes para que el Distrito reubicara a las 108 familias respetando sus condiciones socioeconómicas, la aplicación de un nuevo peritaje, la gestión para la suspensión de cobros de los servicios públicos y el trámite por cada caso ante los bancos, por los créditos hipotecarios.
¿Qué se ha cumplido de la orden? Yoneida Viloria, habitante de Portal de Los Caracoles y representantes de los copropietarios, contó a El Universal que nada de eso se ha dado. “Estamos en las mismas, por lo menos ahora tenemos un reconocimiento de la jueza para que nos brinden una solución, pero no se ha concretado nada”.
Rubén Salas, quien reside en Alpes 31, comentó que lo último que supieron del proceso fue un intento de censo propuesto por la Alcaldía, pero el documento que debían llenar les pareció sospechoso y no aceptaron la diligencia. El formato, que al parecer los ubicaba como damnificados, fue rechazado por varios representantes, incluyendo a Yoneida Viloria, de Los Caracoles y Pedro Ospina, de Villa Ana.
“Nosotros creemos que deben tratarnos como víctimas y no como damnificados, si accedemos a ese documento, estamos abriendo las puertas para que el Distrito nos trate como damnificados de desastres naturales y no aplique los subsidios de arriendo de acuerdo a nuestras condiciones socioeconómicas actuales, como dice la orden judicial”, sentenció Yoneida.
Sin plan ni socialización de estudios
Según relatan los propietarios, la imperiosa necesidad de desalojo que destacaba el Decreto 0058 del 18 de enero de 2018, con el cual se declaró la calamidad pública, pareció no ser tan imperiosa. “Nos preocupa que no nos han dicho nada con relación al plan de evacuación, a pesar de que el Distrito tiene un mes de plazo para reubicarnos, según la orden de la jueza. También guardan silencio con el informe final entregado por la Universidad de Cartagena y no se sabe nada del nuevo estudio que deben hacer, entonces seguimos igual de desinformados”, sentenció Rubén Salas.
¿Al final quién paga?
El 2 de febrero, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó que Wilfran Quiroz Ruiz, actualmente prófugo, reconociera y pagara un subsidio de arriendo temporal a los propietarios de los edificios, el alcalde (e) Sergio Londoño dijo entonces que aplaudían la decisión, pues esa carga económica afectaría sumamente al Distrito. Pero con un Wilfran Quiroz huyendo de la justicia, las víctimas se preguntan cuándo se cumplirá la orden.
“Es bueno que los Quiroz paguen, pero la alcaldía hizo un decreto para disponer de unos recursos, la calamidad pública es para eso, ¿cómo es que ahora dicen que no tienen plata?”, cuestionó otro propietario.
Trámites con los bancos
El tiempo pasa y también siguen llegando los cobros hipotecarios por los préstamos que muchos hicieron para acceder a vivienda propia. Sergio Londoño aseguró que desde el Gobierno central se está trabajando en una intermediación con las entidades financieras y que “hay importantes avances para algunos involucrados”.
La decisión de la jueza incluyó en este punto el trámite caso por caso con los bancos. El Universal consultó una de las entidades involucradas, desde donde confirmaron que se está analizando un caso.
Audiencia prorrogada
Ayer en la mañana se debía dar apertura al incidente de reparación para las víctimas de Portal de Blas de Lezo y Portal de Los Caracoles. La audiencia, que estaba prevista para las 10 a. m., fue prorrogada para el 22 de marzo, por la ausencia de la defensa de Wilfran Quiroz.
Esta audiencia fue convocada específicamente porque Quiroz se allanó al delito de urbanización ilegal en estos dos proyectos, por lo que se abrió un proceso de indemnización a víctimas. Yoneida Viloria, de Portal de Los Caracoles, aseguró que en este caso los propietarios están renunciando a la indemnización y piden la regulación de su bien inmueble.
Comentarios ()