Cartagena


¿Puede el alcalde condicionar la firma de protección costera?

Especialistas en contratación y gremios hablan sobre la viabilidad de la postura del alcalde con el proyecto, aún más cuando el tema de responsabilidades en contratación está regulado.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

22 de febrero de 2021 11:30 AM

El pasado 18 de febrero El Universal dio a conocer que el alcalde de Cartagena, William Dau, no firmará el contrato para el megaproyecto de protección costera si el consorcio que se seleccione está constituido por empresas con investigaciones u observaciones de los entes de control.

Si bien esta postura va en concordancia con las cosas que el burgomaestre ha señalado desde que era candidato, como que no firmará contratos con personas o empresas relacionadas con clanes políticos, llama la atención las implicaciones que esto podría tener. (Lea aquí: William Dau condiciona firma del contrato de protección costera)

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el artículo 41 del “Manual de Contratación del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre”, establece que “la Ungrd podrá adoptar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los fines de selección objetiva, y en particular, sobre los requisitos y condiciones necesarios para adelantar los procesos de contratación de acuerdo con las modalidades de selección previstas”.

Además, que la entidad, como ordenadora del gasto, tiene el compromiso de adelantar los procedimientos y celebrar los actos o contratos que se requieran para el cumplimiento del objeto convenido, en este caso, para las obras de protección costera.

¿Postura acertada?

Al consultar con un abogado especialista en contratación estatal, que prefirió reservar su nombre, la primera claridad que hizo es que el tema de las responsabilidades está regulado.

“Una investigación no es lo mismo que una sanción, las segundas generan unas consecuencias, como ciertas inhabilidades o restricciones, mientras que las primeras no imposibilitan para ejercer actividades comerciales, a menos que haya alguna medida cautelar vigente”.

En otras palabras, una investigación u observación no es una causal para que el alcalde decida no firmar un contrato y mucho menos si es algo que ya precluyó, pues nadie puede ser condenado para siempre en Colombia.

De igual manera, recalcó que “la no suscripción del contrato con quien se lo gane causaría perjuicios patrimoniales a la entidad contratante por quebrantar el principio de selección objetiva”. Un ejemplo de esto es la demanda administrativa que le podría costar al Distrito más de $100 mil millones si el alcalde no firma la APP Corredor Portuario y Quinta Avenida de Manga, la cual fue adjudicada en 2019 después de surtir todos los trámites necesarios.

Por otra parte, agregó que “las entidades deben ir implementando lo que se conoce como buenas prácticas de gobierno, que implica escoger bien a los contratistas y garantizar lo más que se pueda la probidad de los mismos”.

Otra de las opiniones que se suma al debate es la de Carolina Calderón, directora de la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar), quien señaló que la Ungrd y la Alcaldía de Cartagena deben verificar con los diferentes entes de control que los oferentes del proceso de protección costera no cuenten con ninguna inhabilidad que les impida contratar con el Estado.

“Ahora bien, las ofertas de los interesados no pueden ser rechazadas por tener investigaciones abiertas, por lo que resulta necesario que se conmine a los órganos de control que actúen con celeridad para definir los hechos por los que fueron denunciados para así, en caso de lograr una sanción, evitar que sigan defraudando el interés público”.

Calderón también recordó que el año pasado la Ungrd suspendió el proceso por unos meses mientras verificaba con los órganos de control si los oferentes de ese entonces tenían algún fallo que les impidiera ejecutar el contrato.

“Hay que tener presente que los incumplimientos y hechos denunciados a los oferentes pueden lograr una sanción que les impida ejecutar el contrato, tal como sucedió con los contratos para los centros de salud del crédito público de 2014. Una inhabilidad sobreviniente en la ejecución de un contrato estatal implica la suspensión del mismo, y por ende no se logra satisfacer la necesidad pública de la ciudadanía”.

Confianza en la Ungrd

Por otra parte, Angélica Salas, gerente de Camacol Bolívar, indicó que el gremio confía en que la Ungrd hará todas las consultas pertinentes ante las entidades de control como la Contraloría y Procuraduría.

“La unidad cuenta con todas las capacidades y herramientas para hacer la evaluación pertinente de todos los aspectos: técnicos, jurídicos, financieros y ambientales, que garanticen que sea elegido el oferente idóneo para el desarrollo de las obras”.

En esa misma línea, Juan Camilo Oliveros, presidente del Consejo Gremial de Bolívar, apuntó que “la protección costera es un proyecto estratégico, necesario y urgente para la adaptación de Cartagena al cambio climático y la reactivación económica. Por lo tanto, esperamos que se realice un riguroso estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras de los cuatro proponentes y se seleccione la mejor”.

Este medio se comunicó con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de conocer su postura, sin embargo, dijo que no se pronunciará al respecto. Por ahora la entidad avanza en la revisión de las cuatro cotizaciones que enviaron los consorcios interesados en realizar la obra:

-Consorcio Protección Costera Cartagena 2021 ($136.703.201.400 ),

-Consorcio Proplaya ($136.398.931.554),

-Consorcio Cartagena ($135.249.241.877) y

-Consorcio Infraestructura Costera Para Cartagena ($134.661.812.695).

Detalles

Hay que señalar que el contrato será para la primera fase del proyecto (4.5 kilómetros), deberá ejecutarse en 18 meses y podrá tener un costo máximo de $136.808.565.735, incluido IVA y demás impuestos. Los primeros trabajos serán la construcción de seis espolones, la escollera Bocagrande (desde el espolón 1 hasta el espolón 6), la escollera tipo 2 (desde el espolón 6 hasta el espolón existente 14), el relleno hidráulico con material arenoso consolidado (desde espolón 1 hasta espolón 6 y zona entre el espolón 6 y el espolón existente 9), la construcción de la protección marginal (desde espolón existente 14 hasta la punta de Santo Domingo) y la de un rompeolas.

Para la segunda fase del proyecto se deberá hacer otra contratación con el resto de los recursos. Las obras irán desde el Centro Histórico hasta el túnel de Crespo. Esto es, desde el espolón siete hasta el diez (2.5 kilómetros).

Al igual que la primera, se dividirá en dos componentes: el primer frente de trabajo va desde el espolón siete hasta el ocho y contempla su construcción, relleno con material arenoso y construcción de escollera. El segundo frente es la construcción de los espolones nueve y diez, el relleno hidráulico de las playas 7, 8 y 9, la repotenciación de los rompeolas uno y dos existentes, y la construcción de escollera desde el espolón ocho hasta el último espolón construido del túnel de Crespo.