Una comisión encabezada por la arquitecta Mónica Orduña Monsalve, representante de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, visita por estos días las fortificaciones y baluartes de la ciudad a fin de inventariar y revisar el proceso administrativo de la Escuela Taller Cartagena de Indias, Etcar. Lea: ¿Patrimonios culturales de Cartagena en manos de particulares?
El recorrido además da inicio a lo que será la nueva administración de tres bienes materiales a cargo del Ministerio de Cultura: la Habitación del Castellano, la Casa del Inquisidor y la Bóveda 13, cuyos usos están destinados a tiendas donde se comercializan artesanías elaboradas por aprendices y maestros artesanos.
En entrevista con El Universal, Alexa Cuesta Flórez, directora general de la Etcar, aclaró que como entidad pública continúan administrando las fortificaciones en Cartagena.
“Este es el segundo comodato (2017-2022) que tenemos con el Ministerio de Cultura quien es el ente regulador a nivel nacional sobre los bienes de interés cultural. Pero nosotros como Etcar tenemos a cargo la administración, conservación, manejo, uso y disfrute de los bienes que están en el territorio en Cartagena”.
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La funcionaria expuso que no son cinco sino tres los bienes materiales que pasarán a manos de la Escuela Taller Naranja. Y, frente a denuncias de una posible privatización, sostuvo: “No es cierto que estos bienes van a ser administrados por ningún ente privado, eso es una noticia que no sabemos de donde salió. Nada más serán tres bienes. En este momento, la sospecha que tenían algunos veedores de que el Baluarte de San José también va pasar manos de otro ente particular, no es cierta, el baluarte sigue siendo administrado bajo la figura de comodato”.
Cuesta Flórez enfatiza en que es el “uso” de estos bienes patrimoniales el que se entrega al Ministerio de Cultura. “Cartagena es la única entidad pública que está administrando bienes de interés nacional. Estos bienes cómo no podemos partirlos, lo que entregamos es el uso al Ministerio de Cultura. Y por eso estamos en este proceso de inventario para revisar cuales son los productos y elementos que han realizado los estudiantes de la Escuela Taller tanto a nivel local como nacional”.
Cabe resaltar que por ingresos a las fortificaciones, Cartagena recibe entre $17 mil y $20 mil millones de pesos. El Castillo San Felipe, por ejemplo, recibe cerca de 6 mil personas por día.
“El día de entrada gratis al Castillo San Felipe entraron solamente 6.900 personas”, dijo Cuesta Flórez.
¿Qué implica este cambio?
El Ministerio de Cultura ha informado que las Escuelas Taller Naranja se crean como alianzas estratégicas para acompañar a los Talleres Escuela “en los procesos de comercialización de sus productos y para apoyar en diseño, curaduría, desarrollo de emprendimientos, y fortalecimiento contable y administrativo”.
La iniciativa de traerla a la ciudad busca consolidar alianzas estratégicas para comercializar los productos de los aprendices.
“El Ministerio de Cultura siempre ha tenido socios estratégicos en todas las regiones, (privados y públicos) entonces no es una novedad, por eso hemos invitado reiteradamente a la Alcaldía de Cartagena a que reconsidere la figura jurídica de la Escuela Taller y la vuelva mixta, para que le permita al Ministerio ser socio de ella, como sucede en las otras 10 Escuelas Taller existentes en el país y así poderla apoyar directamente”, reiteró el director de Patrimonio.
El Universal pudo conocer que por concepto de arriendo de las tiendas ubicadas en la Habitación del Castellano y la Bóveda 13 ingresaban a la ciudad unos 140 millones de pesos al mes.
Más allá del factor económico, los gestores culturales han elevado una petición al alcalde William Dau para que “evalúe en manos de quién deja el patrimonio de los cartageneros”.
“Entregar el manejo de las fortificaciones a una empresa que ellos llaman Escuela Taller Naranja, creada hace solamente cuatro meses, que no maneja ni la idoneidad, ni la experiencia y que además es de carácter privado, no es nuestra, sino que es Bogotá, eso puede parecer muy legal pero realmente viola todos nuestros derechos culturales porque el patrimonio es nuestro”, dijo Jazmín Piedrahíta, gestora cultural.
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