¿Qué pasa con el contrato de transporte escolar?: denuncian supuestas irregularidades

22 de abril de 2019 12:00 PM

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Por un valor de $4.835 millones, la secretaría de Educación adjudicó a finales de febrero a la unión temporal Transporte Escolar Cartagena Express, el contrato de transporte escolar que beneficia a 3.648 estudiantes de colegios oficiales en la ciudad.

Fueron 84 buses modelo 2016 los exigidos al consorcio para prestar el servicio, pero surgió la controversia: tras indagaciones, la Red de Veedurías de Colombia asevera que hay presuntas irregularidades tanto en la adjudicación como en la ejecución del contrato, pero la secretaría de Educación explica que todo se hizo conforme a la ley.

La Red de Veedurías denuncia que gran parte de las placas de vehículos registradas en la propuesta de la unión temporal escogida, habrían sido las mismas presentadas en el contrato adjudicado al Consorcio Transportes Especiales Buenos Aires, que prestaría el servicio de transporte escolar a colegios oficiales en Valledupar. La secretaría de Educación distrital asevera que esto no ha afectado la prestación del servicio en Cartagena. A continuación, las denuncias puntuales:

La adjudicación

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, indicó que hallaron presuntas inconsistencias en el proceso licitatorio; que este habría sido direccionado para que solo un consorcio pudiera cumplir con las condiciones del contrato, una de las cuales era tener 84 vehículos que fueran modelo 2016. Es decir, que se trataba de vehículos casi nuevos. “Esta era una condición muy difícil, quién iba a tener esa cantidad de vehículos nuevos que demandaban altos costos cuando las normas de transporte dicen que para ese tipo de contratos se pueden tener vehículos con vigencias de hasta veinte años. Nunca explicaron, nunca estuvo claro por qué necesitaban tal cantidad específica de vehículos, no hubo rutas previamente señaladas y también pudieron utilizar buses de menor costo, porque algunos incluso no llenaban el cupo. Solo un proponente se presentó, con un contratista de bolsillo. Además, los precios que el consorcio ofreció fueron artificialmente bajos, no podían producir rendimientos con el proceso licitatorio”, explicó Bustos, indicando que esta habría sido la forma de direccionar la adjudicación. Por esto hay una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por competencia desleal.

Ante esto, la secretaria de Educación distrital, Claudia Almeida, quien adjudicó el contrato, negó el direccionamiento, explicando que el proceso fue transparente.

“La adjudicación se hizo con una licitación pública. Se publicó en tiempo, se puso a conocimiento a través del Secop, que es un medio público de consulta de toda la ciudadanía, de los interesados, de los veedores, de todos los que directa o indirectamente tuvieran interés en conocer el contenido tanto del pliego como de las condiciones del contrato. Si durante el proceso, observantes, interesados, veedurías o ciudadanos tenían observaciones, la ley les permite que puedan manifestarlo a través de cualquier tipo de manifestación escrita o verbal, ya sea durante el proceso o bien en las audiencias públicas. Se presenta una unión temporal, es decir, que hay posibilidades si de repente los oferentes o posibles interesados consideran que por las condiciones establecidas en el pliego deben asociarse, para eso la ley les permite consorciarse o hacer uniones temporales, con el fin de fortalecerse entre sí y presentar condiciones más favorables a la entidad territorial. Si hubiese sido un proceso tal y cual como lo dicen la veedurías, con algún tipo de direccionamiento, no hubiese sido posible que empresas del sector que se consideraron en condiciones específicas para presentarse, lo hubieran hecho, tanto que en este caso fueron varias las empresas que se presentan consorciadas, que fueron Bus Express, Transportes San Carlos, Transportes Servibus y Platino”. La secretaria indicó que el número de vehículos pedido (84), fue el resultado de estudios técnicos.

Respecto de que los vehículos fueron pedidos del modelo 2016, dijo que fue un “factor habilitante”. “En los documentos hay análisis con relación al tema de transporte. Quisimos considerar un elemento habilitante lo suficientemente técnico para que pudiéramos tener en las condiciones mejores establecidas un contratista que nos cumpliera con una expectativa de la secretaría bastante determinante como lo es el transporte escolar y ello en beneficio de los estudiantes. Las necesidades están señaladas por la entidad territorial. Y obedecen a la línea específica de tecnicidad relacionada con el número de estudiantes a atender y el número de instituciones educativas oficiales a fortalecer con este servicio. Es importante determinar que esto es una estrategia de permanencia para los estudiantes”.

“Se revisarán detalles”

El presidente de la Red de Veedurías cuenta que habló con el alcalde Pedrito Pereira, a quien le informó sobre las denuncias que se hicieron por el contrato de transporte escolar para las instituciones oficiales de la ciudad.

“Nos reunimos con el alcalde y le entregamos las pruebas de las denuncias, pero este nos indicó que ese contrato se lo delegó a la funcionaria que representa a la secretaría de Educación. Le pedimos que se tomaran las medidas preventivas y disciplinarias, ya que es una situación preocupante la que tienen los niños, pues muchos de estos vehículos tienen fallas mecánicas e incluso hasta puertas abiertas, parecían chivas. Hay niños expuestos por la falta de un cinturón de seguridad.

“El alcalde dijo que quería evaluar el tema, pero varios días después de explicarle lo que pasaba -la semana pasada- no se ha tomado ninguna acción. Él dice que delegó ese proceso a la secretaria, pero él también es responsable de estar al frente de esos contratos”, indicó Pablo Bustos.

El alcalde Pedrito Pereira dijo expresamente: “La secretaria de Educación estuvo a cargo de ese trámite contractual y ejerce la supervisión. He dado las instrucciones de revisar todo en detalle para que se tomen las medidas necesarias en estricto rigor legal, igual en la supervisión. Se solicitará además un informe detallado de la ejecución y del proceso contractual que hicieron. De encontrar alguna irregularidad, procederemos de acuerdo a lo que diga la norma en caso de irregularidad o incumplimiento. De haber alguna irregularidad, se actuará con todo el rigor”.

La Ley 1804 de 2016 define los entornos y espacios físicos, sociales y culturales que determinan el desarrollo integral de los niños y las niñas, como el hogar, el educativo, el espacio público, la salud y los relacionados con lo étnico y culturales.

La Sentencia C-569 de 2016, por mandato constitucional concede especial protección a los niños, las niñas y los adolescentes mediante cinco reglas: 1. Prevalencia del interés superior de los menores de edad; 2. Carácter fundamental de sus derechos; 3. Protección frente a riesgos prohibidos; 4. Corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado y los medios de comunicación en la asistencia y protección de los menores de edad; 5. Garantías para su desarrollo integral.

La Ley 1480 de 2011, articulo 6, establece que todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. El Decreto 348 de 2015, en su artículo 9, señala que los vehículos que presten el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial para escolares no podrán tener más de quince (15) años de uso, contados desde la fecha del registro inicial; tendrá que hacerse seguimiento y evaluación durante los próximos tres (3) años, por parte del Ministerio de Transporte, previo estudio sobre vida útil, especialmente para los utilizados en el servicio escolar.

El artículo 12 señala que ninguna empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial podrá vincular o prestar el servicio con vehículos que hayan cumplido su tiempo de uso. “Ninguna persona natural o jurídica podrá contratar el servicio de transporte con empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que ofrezcan vehículos que hayan cumplido su tiempo de uso, ni contratar directamente vehículos sin acudir a la empresa debidamente habilitada”.

Con las mismas placas

Otra de las denuncias hechas por la Red de Veedurías (una ante la Fiscalía, otra ante la Procuraduría), indican que los contratistas registraron 84 vehículos con sus respectivas placas pero que de estas, 52 son las mismas placas con las que licitó el Consorcio Transportes Especiales Buenos Aires, para prestar servicios de transporte escolar en colegios oficiales en Valledupar. “Estos mismos buses, modelo 2016, también fueron utilizados en el proceso licitatorio en Valledupar. Estamos frente a un cartel del transporte, cobran por dos procesos al mismo tiempo. Además, en los consorcios de Cartagena y Valledupar, algunos son los mismos socios o propietarios. Grupos grandes, complejos, que involucran al mismo parque automotor. Lo que presentaron fue un parque automotor inexistente”, contó Pablo Bustos.

En cuanto a este punto, la secretaria de Educación manifestó que en Cartagena no hay vehículos fantasmas y que el servicio se está prestando con los modelos pactados. “La verificación nuestra solamente se limita a el tema de los modelos. Estuvimos por cuenta de esta denuncia verificando en el Secop, que es el único medio que nos permite poder tener consulta al respecto, del proceso en Valledupar. Pudimos verificar que este proceso se adelantó 45 días después del nuestro. No podríamos decir qué pasó allá, qué ofrecieron ellos allá en Valledupar. Aquí partimos del principio de buena fe que lo que el señor estableció en su propuesta corresponde a la realidad y es lo que verificamos. Nosotros no podemos decir que son fantasmas porque aquí se está prestando el servicio con los modelos ofrecidos”.

Otros vehículos

Respecto de la ejecución del contrato, la red de veedores denuncia también que los buses utilizados para transportar a los niños no serían del modelo pactado, es decir, del 2016. “Están utilizando vehículos de modelos más antiguos, que además no prestan las condiciones de seguridad para transportar a los menores, como el cinturón de seguridad, por ejemplo. Esto es muy importante, porque con estas normas de seguridad se evitan tragedias en las que los niños sean las víctimas. Se están utilizando vehículos mucho más viejos e incluso pudimos constatar que algunos presentan fallas mecánicas. También están utilizando vehículos más pequeños, como los son microbuses”.

A esto, Claudia Almeida indica: “El factor técnico al que se refiere el pliego de condiciones son los modelos. Es decir, 2016 en adelante para 84 buses. Qué estamos viendo en la ejecución: los vehículos propuestos en los modelos propuestos se están ofreciendo para la prestación del servicio. Nosotros establecimos una cláusula dentro del cuerpo del contrato que no nos dejara de alguna manera limitados a que pudiesen ser más vehículos en la medida en que por acceso a algunas zonas rurales, tuviésemos la necesidad de reforzarlo como en la práctica está sucediendo. El consorcio está cumpliendo con sus 84 vehículos, pero además de los 84 tiene 23 adicionales que no están sujetos a la verificación establecida inicialmente, porque son adicionales al servicio inicialmente pactado”.

Además, señalo que “los 84 buses establecidos en las condiciones de la propuesta se refieren a modelos, obviamente que con las capacidades que establezcan ellos. Por ejemplo, si se trata de una escuela que tiene 700 alumnos y ellos van a cubrir la ruta de 300 muchachos, lo que ellos tienen que habilitar es el transporte correspondiente al bus o al medio del modelo específico que tenga la capacidad de transportarlos. El pliego es preciso y es ley para las partes. Sin son 84 buses de acuerdo a nuestros condicionamientos técnicos, con modelos 2016 en adelante, esos son los 84 buses que yo tengo que verificar. Digamos que esos vehículos adicionales no están sujetos a la verificación”.

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