Hasta mañana se sabrá si Wilfran Quiroz es cobijado o no con medida de aseguramiento intramural, pues ayer la jueza Yesenia Bonfante suspendió la audiencia para revisar minuciosamente las ocho carpetas de evidencias suministradas por la Fiscalía. La diligencia comenzó sobre las 9:30 de la mañana en las instalaciones del complejo judicial, adonde llegó Wilfran Quiroz custodiado por la policía y sin esposas.
La fiscal Tercera Especializada Liliana Guardo basó su solicitud de aseguramiento intramural en el peligro que representaría el imputado para la sociedad por la continuidad de los delitos y porque según los indicios de la Fiscalía, Quiroz no habría demostrado intención de apegarse, colaborar y acogerse a las investigaciones que contra él se adelantan.
El martes esa misma jueza legalizó su captura y le fueron imputados cinco delitos: urbanización ilegal, uso de documento público falso, obtención de documento público falso, fraude procesal y estafa en masa, por cinco de los 16 edificios construidos por el ‘Clan Quiroz’ y que se encuentran en riesgo.
Protegían su patrimonio económico
Clasificando los delitos que se le imputan a Quiroz como dolosos, la fiscal destacó que él conocía perfectamente que estaba realizando construcciones ilegales y que además, tenía como fin enriquecer su patrimonio a costa del detrimento de particulares y del mismo Estado.
“Todo esto de acudir con una licencia falsa y seguir la línea de delitos que ya se explicaron aquí, tiene un fin, estaba evadiendo impuestos, afectando también los recursos del Estado”.
Como ya se conoció, Quiroz no solo habría ‘ahorrado’ en impuestos sino también en material y en los estudios que debían hacerse previo a la construcción de estos edificios, sin mediar en las consecuencias que ahora pagan los compradores, quienes gastaron sus ahorros y otros prestaron dinero a entidades bancarias, teniendo que pagar incluso ahora que se conoce que sus propiedades son ilegales.
La fiscal destacó que lo hecho por Wilfran y su familia fue engañar paso a paso en cada acto que se cometía hasta llegar al propósito final, que era enriquecerse. “Por eso es que lo denominamos como el crimen perfecto, tan perfecto que ni siquiera los funcionarios públicos se percataron de esa situación”.
Sin intención de arreglar el problema
El segundo gran argumento de la solicitud fue la claridad por parte de la Fiscalía de que el imputado no tiene intención de apegarse a la investigación.
Esto lo sustentó la fiscal destacando que desde el 30 de diciembre, cuando el Distrito avisó a los propietarios de 16 edificios que estaban en riesgo, se reconoce un comportamiento de apatía por parte de la familia Quiroz hacia los propietarios; es decir que nadie se acercó a las víctimas para conciliar o manifestar una intención de reparación, a pesar de que tenían pleno conocimiento.
La fuga
Que Quiroz no estuviera en su casa -donde pagaba una pena de 48 meses por el delito de urbanización ilegal- el día que la Fiscalía fue a notificarle de una nueva orden de captura es para el ente acusador la razón definitiva por la que no puede volver a gozar de ese beneficio.
Guardo explicó que el 2 de febrero, funcionarios llegaron a su casa y se encontraron a otra persona que aseguró vivir allí desde el 1° de diciembre de 2017 y que conocía a Wilfran por negocios. La Fiscalía le solicitó al juzgado de ejecución de penas que certificara si había notificación el cambio de domicilio, pero no estaba registrado.
Sin embargo, Inpec sí tenía en su registro un oficio donde el procesado manifestaba su cambio de domicilio. “Pero, ¡oh sorpresa, su señoría!, tampoco estaba en el nuevo domicilio”, expresó la fiscal.
Que Quiroz se haya entregado voluntariamente, concluyó la funcionaria, no garantiza que se vaya a acoger al proceso, pues como hubo de por medio una oferta de recompensa y presión de la fuerza pública, aunque haya sido una entrega voluntaria, no fue espontánea.
Finalmente, la fiscal concluyó que Wilfran Quiroz lo que ha hecho es burlarse y engañar a la justicia, por lo que la única medida adecuada para él es la intramural.
Víctimas afectadas
La primera parte de la audiencia se refirió al impacto social, el daño y la afectación generada por las consecutivas infracciones de la ley en la construcción, registro y venta de los edificios Alpes 31, Brisas de Blas de Lezo y Brisas de Los Alpes, entre otros. La fiscal Guardo explicó que no solo se trata de un daño patrimonial a las personas que compraron en esos apartamentos, sino que también hay una afectación a la sociedad porque la proyección de venta que se hizo iba dirigida a toda la comunidad.
La declaración de calamidad pública, hecha por el Distrito el 18 de enero de este año, es una de las evidencias más significativas que, en caso de estos edificios, demostrarían el daño hecho a las familias que se creían propietarias.
“No es un riesgo inventado por la Fiscalía, es una afectación incluso determinada por la calamidad pública, lo que da una afectación a cada familia, hasta el punto que los mandaron a desocupar, en un principio incluso sin la protección de sus derechos”, explicó la fiscal, quien aseguró que si la familia Quiroz no hubiera hecho las construcciones sin el lleno de los requisitos necesarios, esas personas no habrían tenido que pasar por esa situación.
Medidas de protección
La procuradora delegada presente en la diligencia destacó que la reclusión de Quiroz sería también una garantía para que asista a las audiencias, pues tiene varios procesos acumulados y, sobre todo, que con esta medida se darían unos mínimos de protección para él. En este último punto coincidió el abogado defensor, Francisco González, quien recordó que su defendido viene siendo objeto de amenazas y solicitó que cualquiera que sea la decisión de la jueza, se le garantice seguridad.
Comentarios ()