La tragedia del 27 de abril de 2017 en Blas de Lezo no se debe repetir. Los 21 muertos deben recordarles a las autoridades distritales que aún hay vidas por salvar, que las malas prácticas de ingeniería en la ciudad avanzaban antes de Portales de Blas de Lezo II y que los 16 edificios en estudio por la Universidad Nacional, ya analizados por la Universidad de Cartagena, están en riesgo.
Pese a que hay propietarios que se niegan a desalojar los inmuebles por desconfianza o quizá por no tener dónde ir, es casi que obligatoria su salida. Así lo advirtió en un primer momento la Universidad de Cartagena con sus estudios y nuevamente lo pide la Nacional tras evidenciar el tipo de materiales usados y las malas prácticas de ingeniería.
Esas mismas que pondrían en jaque a la administración, pues fortalecer esos edificios es un gasto millonario, casi que impagable. Así lo aseguraron ingenieros de la Universidad de Cartagena en entrevista con El Universal.
“El gasto en el reforzamiento de esos edificios es impagable, eso es costoso. Si el estudio con la Nacional costó $3 mil millones y $900 millones el de nosotros, ¿cuánto costará reforzarlos?, porque a todos hay que intervenirlos, en algunos será más económico demolerlos que repararlos. Ese tipo de decisiones son técnicas, pero políticas, porque si se mira en Medellín han demolido edificios que, en algunos casos, están mejores que estos, pero lo hacen para preservar la vida de las personas”, explicó Arnoldo Berrocal, jefe del departamento de estructuras de la Universidad de Cartagena.
Para él y otros ingenieros que trabajaron en los estudios de estos edificios, es preocupante que las personas sigan ahí con el riesgo que tienen.
“Tuve la oportunidad desafortunada de estar en el edificio que colapsó. Por solicitud de la Fiscalía al rector Édgar Parra, me encomendaron la labor de ir a ver el edificio que se cayó, hicimos una especie de patología forense al edificio. Lo que encontramos fue una cosa de locos, que daba miedo de ese tipo de prácticas constructivas, no había control de nada”, añadió Berrocal.
Tras un informe preliminar de la Universidad Nacional es urgente que el Distrito adelante las evacuaciones en los 16 edificios porque “hay un alto riesgo de colapso tanto ante cargas sísmicas como ante cargas de uso normal de las edificaciones, es decir, cargas muertas debido al peso de los elementos estructurales y no estructurales y cargas vivas de ocupación normal”.
En enero de este año varias familias evacuaron, pero algunas han regresado.
El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, indicó con un informe que hasta el jueves el Distrito continuaba el proceso de mediación con copropietarios de las unidades habitacionales construidas por los hermanos Quiroz, para así evacuar y preservar la vida de las personas. Cinco edificios han sido evacuados: Villa Mary y Shalom, en El Recreo; Portal de los Alpes y Alpes 31, en Los Alpes; y Portal de Blas de Lezo I.
Según explicó Javier Doria, abogado de propietarios de los edificios, esos son los mismos que ya estaban evacuados para los estudios, es decir, no hay algo nuevo.
La comunidad evacuó de manera voluntaria las propiedades, tras la alerta emitida por la Universidad Nacional, previo al pago de subsidios de arriendo y el auxilio de mudanza que otorga la Alcaldía, según lo ordenado por el juez tercero penal municipal.
Restarían 11 edificaciones por evacuar con decenas de familias en una incertidumbre constante.
“En las próximas semanas se evacuarán y recibirán del Distrito los edificios Tsalach, en Alto Bosque; Villa May y Brisas de Blas de Lezo, en Blas de Lezo; Brisas de los Alpes, en Los Alpes; Villa Ana y Villa Vanessa, en Escallón Villa”, se destaca en el informe.
Según la información, de las 11 edificaciones tienen 103 damnificados con su documentación. De esos, 92 copropietarios ya recibieron el primer pago de los subsidios y 69, el segundo pago. Resalta la administración distrital que en el proceso han surgido novedades que retrasaron “involuntariamente el pago de estos subsidios”.
“Un equipo interdisciplinario de la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital continúa con el trabajo de concientización con cada uno de los habitantes que se niega a salir de sus propiedades. Es de destacar que entre más se demoren, no solo se ve en riesgo la vida de ellos, sino que es imposible desarrollar el objeto del contrato suscrito con la Universidad Nacional, para los estudios definitivos de los 16 edificios en riesgo”, explicó Laura Mendoza, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo.
Siendo así, los edificios donde los propietarios se niegan a evacuar son: Calipso Tower, Innova y Villa Naevia, en Alto Bosque; Portal de los Caracoles 1 y 2, en Los Caracoles; y Brisas de la Castellana, en Chipre.
Para el ingeniero Berrocal, desafortunadamente, con todo el “show” que puso en duda el estudio de la UdeC se hizo un daño a la ciudad porque los $3 mil millones que se gastaron de más para encontrar lo mismo, se pudieron usar en las víctimas.
“Un edificio que no cumple con las leyes urbanísticas, ni las de construcción como tal, para llevarlo a cumplir la ley primero tiene que quitarle el piso, aumentar los retiros y de ahí mirar qué queda para cumplir con las leyes urbanísticas; después de cumplirlas y con lo que quede del edificio, se plantea cómo se reforzará, que es el problema del edificio. No es solo si cumple o no con las leyes de construcción, sino que no cumple con las urbanísticas”, resaltó.
Es decir, la constante en los edificios era incumplir con todas las normas: no se retiraron lo suficiente de los vecinos y se excedían con los pisos establecidos; los planos no coincidían con lo construido, no había un ingeniero encargado.
El ingeniero prosigue, “si no cumple con las leyes urbanísticas, pero tampoco con las estructurales, se hace una inversión para cumplir con lo estructural, pero faltaría lo urbanístico. Es una tragedia”.
Citan como ejemplo Calipso Tower, donde encontraron que los planos estructurales contemplaban cinco pisos e hicieron 10; mientras que en las cimentaciones también había fallas, como el sistema de losa que no estaba unido adecuadamente.
“La Ley 1523 de gestión del riesgo dice que en el momento de evidenciar un riesgo o desastre, que fue lo que hicimos en su momento, inmediatamente se comunica, aunque no esté el estudio profundo. Con el análisis preliminar de diciembre de 2017, se decidió que los edificios que no cumplían la norma y estaban en una categoría complicada, se evacuaran”, indicó el ingeniero Guilliam Barboza Miranda.
La Universidad de Cartagena destacó que cumplió desde todo punto de vista, hasta con el técnico.
“Llegamos a un punto de implementar una metodología de cuáles eran los edificios más urgentes por evacuar, porque todos están malos, pero para que el Distrito tomara medidas urgentes, menos urgentes y en cuáles había que sacar a la gente de inmediato”, precisó Berrocal.
Para las víctimas de los edificios es complejo sobrevivir fuera de lo que consideraban su casa, pues a la mayoría de propietarios que evacuaron le entregaron el subsidio por seis meses, mientras que a otros por tres, y ese dinero ya se les acabó, por lo que retornaron a los edificios. “¿Cuál es el mayor temor de ellos?, que el Distrito no se compromete en nada. Son conscientes de que deben evacuar, pero hay personas que no han recibido subsidios o solo recibieron una parte. Los que recibieron fue en abril y ya el subsidio se acabó, pues era de seis meses”, explicó Javier Doria, abogado de propietarios.
Según indicó, muchos de esos edificios fueron desocupados en el tiempo que pidió el Distrito pero no se hicieron los estudios, entonces para los propietarios no hay garantías de que los estudios los realizarán ahora. “La gente tuvo la necesidad de volver a los edificios, ahora quieren desalojarlos otra vez. Hay edificios donde proponen hacer los estudios por su cuenta por el temor de confirmar o descartar que están en riesgo de colapso”, añadió.
Lo primero que piden es que alguien se comprometa con ellos, primero que todo reconociendo los subsidios no pagos y que hagan los estudios.
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