Salvar el cerro de La Popa, cuenta pendiente del Distrito

18 de mayo de 2020 12:00 AM
Salvar el cerro de La Popa, cuenta pendiente del Distrito
La Policía y la Guardia Ambiental han destruido 30 cambuches este año en esa zona.

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Puesto de control

Aunque desde el inicio la administración se propuso hacer un plan de salvamento para La Popa, este no ha sido concretado debido a la contingencia por el coronavirus. Sin embargo, el secretario del Interior, David Múnera, manifestó que han propuesto a la Policía aumentar los patrullajes y se ha contemplado la instalación de una unidad de la Policía permanente en el cerro.

“Hemos visto que en días pasados han venido haciendo actos ilegales en La Popa, por eso tuvimos que enviar a la Policía, y es una preocupación que tiene esta administración porque todos sabemos el nivel de deforestación y agrietamiento. Hemos hablado con el general Sanabria que tenemos que hacer patrullaje permanente sobre La Popa. Incluso, estamos pensando instalar un puesto de Policía en La Popa, con el fin de evitar este tipo de situaciones. Esa es una alternativa que vamos a mirar en próximas reuniones, porque no podemos permitir que se sigan presentando invasiones, ese es un problema que puede tener unas consecuencias fatales, un derrumbe de La Popa sería catastrófico”.

Desde que se inició la cuarentena por el coronavirus, muchos hablan de los efectos que ha traído el confinamiento. Uno de esos tantos efectos ha sido el descanso que ha tenido la naturaleza de la indolencia de los humanos. Animales que han vuelto a sus hábitats, cuerpos de aguas recuperados, menos emisiones de gases y así un sinnúmero de cosas en beneficio de la madre Tierra. Sin embargo, en Cartagena, el cerro de La Popa parece apartarse de ese status quo, y por el contrario la cuarentena se ha convertido en un verdugo más.

Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental en Cartagena, asegura que la cuarentena se ha convertido en el escenario propicio para los invasores de La Popa, pues mientras las autoridades luchan por hacer cumplir las normas de aislamiento, estos pícaros deforestan el cerro para apoderarse de los terrenos y armar cambuches, que incluso comercializan por internet.

“Con la cuarentena se han agravado las invasiones porque están aprovechando para apoderarse de los terrenos en los días de aislamiento total, ya que en esos días las autoridades están ocupadas. Se han apoderado de mucha área aprovechando la situación del COVID-19. También detectamos que hay venta de terrenos por internet”, dice Ruiz.

Sí, al mejor estilo de las inmobiliarias, algunos se las han arreglado para proclamarse amos de vastas porciones de tierra en este inestable lugar para lucrarse de personas que, por necesidad o ignorancia, terminan pagando importantes sumas de dinero a estos “estafadores”, para tener un techo donde pasar los días.

De acuerdo con Ruiz, gran parte de quienes están en dichas zonas son inmigrantes venezolanos, que muchas veces, por sus precarias condiciones o situación de ilegalidad, sucumben a estos actos ilegales. No obstante, también hay un número importante de cartageneros.

“El 90% de las personas que llegan a vivir allá son venezolanos que no tienen dónde estar, o se han dejado engañar y se han instalado, pero también hay locales, aunque en menos proporción”.

¿Cómo invaden?

Para armar un rancho o un cambuche en medio del terreno empinado e inestable, los invasores usan madera reciclada, o la que cortan de los árboles que hay en el lugar. Queman parte del terreno para “limpiarlo”, algunas laminas de zinc o en su defecto plástico, o cualquier materia que los cubra del sol o la lluvia.

Pero eso no es todo, pues los avivatos parcelan las porciones de tierra y ponen cercas con letreros de “se vende” o “se arrienda”.

“Según la información que tenemos, estaban arrendándolos entre 100 y 150 mil pesos, sin nada porque eso nada más es la pieza y la cocinita. También tenemos información de personas que por internet los ofrecen como lotes, por 900 mil pesos y hasta 2 millones”, indicó Ruiz.

Además de estar cometiendo un acto ilegal, con esta gracia, de acuerdo con el reporte de la Policía Ambiental, nada más este año han deforestado 3 hectáreas, las cuales fueron recuperadas en un reciente operativo realizado por el Ecobloque, un organismo interinstitucional, en el que participan el EPA, la Dimar, Cardique, la Procuraduría Delegada Ambiental, la Armada Nacional, la Policía Metropolitana y alcaldes locales.

Los operativos

El intendente Edu Pacheco, jefe de la unidad de la Policía Ambiental y Ecológica de Cartagena, indicó que el año pasado se realizaron dos operativos en los cuales terminaron capturados tres venezolanos. Este año ya van cinco operativos, logrando recuperar 30 hectáreas y destruir alrededor de 30 cambuches.

Según comenta Pacheco, en la zona nororiental del cerro y cerca al sector de La María, es donde se han asentado nuevas personas.

“El año pasado se hicieron dos operativos en noviembre, cuando comenzó al invasión en la parte nororiental. En esa oportunidad se capturaron tres venezolanos, después hicimos una en coordinación con la Guardia Ambiental y se destruyeron unos cambuches que apenas estaban comenzando. Este año en enero se iniciaron unas quemas, talaron bastante árboles y quemaban de a poquitos; estaban haciendo las invasiones, por suerte nos dimos cuenta y tumbamos varios cambuches. También tenían una zona loteada, habían alrededor de 15 a 20 lotes. En el transcurso de este año hemos hecho cinco operativos, hemos destruido un total de 30 cambuches y se han recuperado 30 hectáreas”, explicó Pacheco.

El intendente indica que, pese a que las personas creen que las autoridades pueden simplemente llegar y desalojar a los invasores, el procedimiento no es tan fácil como se cree.

“Por ley, solo podemos proceder dentro de las 24 horas, es decir, cuando están apenas armando el cambuche es que podemos actuar; cuando ya hay una casa establecida, ahí si no podemos, sobre todo si hay una familia, porque estaríamos sobrepasando sus derechos. De igual forma, siempre que encontramos nuevos asentamiento son notificados al Distrito”.

Un problema sin solución

Pero lo de las invasiones en el cerro de La Popa no es nada nuevo, es un mal que se da a la vista de todos. Desde hace varios años, la Fundación Ecoparque Histórico y Cultural La Popa (Ecopopa) ha denunciando la tala indiscriminada de árboles en la zona y en abril de 2016 la Defensoría del Pueblo interpuso una acción popular contra el Distrito de Cartagena, buscando la protección de este emblemático lugar, considerado una reserva ecológica.

Esta acción popular fue fallada a favor de la Defensoría y quedó en firme en 2018, en la cual se dan unos plazos a la administración, algunos de seis meses y otros de un año, para cumplir con la creación de una política pública de protección integral del cerro de La Popa, aprobar e implementar un plan de protección ambiental integral, hacer un censo de las personas que habitan en estos asentamiento, entre otras cosas. Sin embargo, no se tuvo resultados de la administración pasada.

De otra parte, la Procuraduría Ambiental y Agraria de Cartagena ha insistido en varias ocasiones el cumplimiento de dicha acción popular y pedido informes sobre los avances, incluso con una acción de tutela contra el Distrito. Pero, al parecer, tampoco hubo las respuestas solicitadas a la administración pasada.

Debido a esto, el 29 de enero de este año, la procuradora 03 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, Mayelis Chamorro, solicitó al gobierno de William Dau entregar información sobre el cumplimiento o avance en el cumplimiento de las órdenes dadas por el juzgado, y las acciones ejecutadas en lo que va corrido del año 2020. Sin embargo, a la fecha no se tienen respuestas. Mientras tanto, la problemática ha calado tanto, hasta el punto de convertirse casi en algo natural y que amenaza no solo con acabar con el ecosistema, sino también con la vida de las personas, pues, al ser un terreno inestable, puede colapsar.

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