Cartagena


Se acabó el 2019 y Villa Gloria sigue ahí

En ese momento mencionó sitios como el barrio El Pozón, la vereda Puerto Rey, el barrio Ciudad del Bicentenario, las veredas Zapatero y Palenquillo y el corregimiento de Tierrabaja.

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

31 de diciembre de 2019 12:00 AM

En octubre de este año que termina, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, anunció que ya tenía visualizados los sitios donde reubicar a las familias de Villa Gloria y Marlinda.

En ese momento mencionó sitios como el barrio El Pozón, la vereda Puerto Rey, el barrio Ciudad del Bicentenario, las veredas Zapatero y Palenquillo y el corregimiento de Tierrabaja.

Sin embargo, concluyó el 2019 y ambas comunidades siguen ahí señaladas por la orden del Consejo de Estado, que pide proteger las zonas de bajamar que ocupan Villa Gloria y Marlinda.

Gloria Sánchez Anaya, representante legal del Consejo Comunitario de Villa Gloria, advirtió que su comunidad respeta el fallo, “pero hemos dicho claramente que no queremos irnos. El hecho de que atendamos las propuestas del Distrito, no significa que estamos ansiosos de irnos. El alcalde Pereira no buscó ningún sitio y últimamente se estaba reuniendo con el Tribunal, y para eso hay un comité de seguimiento al que deben convocar, para que todos sepamos por dónde va el caso. No podemos darle la espalda al fallo, pero ya hemos dejado en claro que nos quedamos, porque estamos arraigados, tenemos grandes proyectos ambientales y ya comprobamos que se trata de un territorio ambiental”.

En cuanto a la ocupación de zona de bajamar, dijo “que toda la ciudad está en esas condiciones; por eso las inundaciones en Bocagrande, por ejemplo. Lo que queda es que el Estado se siente con nosotros para hacer un plan para mejorar el entorno, tarea que hemos venido cumpliendo desde que estamos aquí. Lo otro es que en la zona norte no hay donde poner estas comunidades, porque el fallo dice que se trata de viviendas dignas con todas las exigencias de un pueblo afro”.

El alcalde Pereira aseguró que su despacho hizo el mayor esfuerzo para cumplir con el fallo, “pero creo que hay que seguir socializando con esas comunidades la necesidad que hay de acatar la sentencia. Ya este es un caso que le toca a la nueva administración con nuevo presupuesto, para seguir buscando el sitio más adecuado”.

Calificó como una disyuntiva el que la justicia dé una orden perentoria y la comunidad se muestre inconforme, “por eso hay que convocar a organismos de control como la Procuraduría para las etnias, la Defensoría del Pueblo y los estamentos necesarios, para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos”.

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