Luego de que el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega, revelara que investigan la legalidad de las licencias de construcción del proyecto de viviendas de interés social Aquarela, que se levanta en cercanías a un Bien de Interés Cultural como lo es el Castillo de San Felipe, los constructores manifestaron a través de un comunicado de prensa que los señalamientos del ministro son especulaciones y no tienen fundamento.
Sánchez Ortega cuestionó que se “está hablando de viviendas de interés social y quiero saber cómo hay una de 90 metros con esa ubicación y construcción”.
Frente a esto, los dueños del proyecto dijeron que los apartamentos no tienen áreas de 80 y 90 metros cuadrados, sino de 56 y 46 metros cuadrados. Además, enfatizaron que al ser Aquarela un proyecto tipo VIS, se obtuvo anticipadamente la aprobación de Corvivienda, entidad pública encargada de verificar las condiciones para ser considerado como tal.
Adicionalmente, el valor de venta de las unidades inmobiliarias se estípula en un máximo de 135 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la escrituración.
Licencias y subsidios
Los constructores reiteraron que el acceso a la Vivienda de Interés Social no implica necesariamente que su comprador requiera subsidios y quien tenga la capacidad para hacerlo puede adquirirla con recursos propios.
“Es desconcertante que el señor ministro no conozca que los subsidios de vivienda se otorgan a los compradores, y son entregados en forma posterior a la escrituración de los inmuebles, cosa que en Aquarela no ha ocurrido dado que la obra se encuentra suspendida desde octubre de 2017”, dice el comunicado.
Respecto a las licencias de construcción, la misiva resalta que no son falsas y que los permisos surtieron los trámites requeridos y exigidos por la ley ante las diferentes autoridades.
Por último, los dueños del proyecto recordaron que este ha sido investigado por diferentes autoridades en numerosas ocasiones y ha cumplido con cada uno de los requerimientos exigidos, “siempre respetuosos de la ley y apegados a nuestros principios de legalidad y transparencia”.
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