Cartagena


¿Sufren los vendedores en Bazurto de sesgo y persecución?

El espacio público en el mercado es caótico. Entre los controles distritales para su recuperación, hay muchas controversias por comprobar.

OMAR CARRASQUILLA LEÓN

25 de septiembre de 2021 10:00 AM

Dos años tendría que sentarse una mujer en Cartagena para fabricar los ocho mil turbantes que necesita vender para pagar los comparendos que tiene. La madre de tres hijos adolescentes y desplazada de la violencia necesita 667 días, en una producción de 12 por jornada, para venderlos a 5 mil pesos la unidad y poder pagar los 39 millones que adeuda ante las autoridades.

(Lea: Top 5: Puntos críticos en el espacio público de Cartagena)

Una maratón irrealizable para Lusy Sossa, quien desde el primero de junio no vende los accesorios como vinchas, cintillos y turbantes en su puesto en uno de los andenes del mercado de Bazurto. Ese día fue desalojada en un operativo realizado por Espacio Público con apoyo policial.

Me causa tristeza e impotencia no poder hacer nada. Deseo regularizarme, ser censada e ingresar en el Registro Único de Vendedores, para poder normalizar mi rebusque de vida, la de mis hijos y sus alimentos”

Lusy Sossa, vendedora informal.

Desplazamientos incesantes

Lusy llegó a Cartagena en 2001, luego de ser amenazada por la violencia en Tiquisio, sur de Bolívar. “Es una situación bastante dolorosa, mi primer desalojo fue por los actores armados de mi pueblo, después, vengo a Cartagena y he sufrido una serie de desplazamientos interurbanos”, narró. En sus términos, indicó que por su activismo social en pro de los comerciantes de la economía informal cartagenera, se ha sentido señalada y perseguida por las autoridades.

Además, al ser víctima del conflicto armado, lidera el tema en la ciudad. “Tengo una organización llamada Mujeres, Derechos y Paz, conformada hace ocho años, que defiende los derechos humanos de las mujeres víctimas”, precisó Sosa. Un liderazgo comunitario de 18 años que, para la Clínica Jurídica de la Universidad de San Buenaventura, es “óptimo para transformar e integrar a personas como Lusy como motores de desarrollo social, limpieza y apoyo a la seguridad de los sectores donde estacionan sus comercios”.

Dicha área de la universidad asesora legalmente a Lusy, como “su aporte a defender y visibilizar los intereses de grupos que, tradicionalmente, han sido vulnerados o perseguidos, y a los que se les ha impedido realizar sus actividades con la tranquilidad que las han hecho siempre. Un respaldo jurídico ante la necesidad imperante de quitarlos de ahí, desalojarlos de un lugar en donde ejercen sus labores desde hace un tiempo considerable”, resaltaron desde la Clínica Jurídica.

Lusy, por su parte, considera que “las garantías de no repetición y revictimización no tienen ningún efecto en su historia. Todos estos sucesos me recuerdan el episodio terrible de mi desplazamiento. No es fácil para mí, soy una madre cabeza de hogar con tres hijos adolescentes que dependen de mí, necesito urgentemente ganar el día a día”.

Alternativas a la restricción

Lusy Sossa indicó que nunca se le han ofrecido alternativas cuando ha sido desalojada. Ella hace parte de la Unión General de Trabajadores Independientes de la Economía Informal (UGTI), un sindicato de vendedores estacionarios con una situación similar y que han luchado, a través de trámites, para solicitar ante las entidades distritales y los entes de control, como Personería y Defensoría, alternativas de formalización laboral o lograr lo que sueñan: ser censados, ubicados y regularizados para evitar “más atropellos al no estar en el RUV”. Expone Sossa que, en medio de los operativos, los funcionarios de Espacio Público les anunciaron que “no se iban a hacer más censos o inclusiones en el RUV, solamente si eran mandados por un juez”.

“Incluso, en busca de otro camino laboral para mí y mi familia, me esperancé en una convocatoria laboral del PES de la Alcaldía y la Universidad de Cartagena, pero cuando todo parecía ser un hecho, por los comparendos que tengo en el sistema no pude ser contratada”, señaló. Los comparendos suman más de 39 millones de pesos; el primero fue en 2018 por defender a una señora que vendía en el Centro y está por 32 salarios mínimos; y los dos más recientes suman 12 salarios mínimos legales vigentes.

39
millones de pesos debe Lusy Sossa en comparendos.

“Algo impagable para mí y que se configura como un obstáculo para seguir adelante”, aseguró Sossa. La Universidad San Buenaventura acotó que “utilizan, al parecer, estos comparendos para amedrentarla y amenazarla. Estos comparendos no habían sido notificados. Dicen que los casos están cerrados, una irregularidad, pero aún siguen activos y señalan que estarán por un tiempo promedio de un año desde que fueron interpuestos, lo que sigue obstaculizando en su historial de medidas correctivas para conseguir trabajo”

Presunto antagonista

Lusy Sossa tiene 14 años vendiendo en Bazurto, y adujo que las supuestas persecuciones junto a sus compañeros se acrecentaron hace un año, cuando la propietaria administradora del un almacén los quiso reorganizar. “Nos pidió que nos arrinconáramos a un costado para liberar el frente de su establecimiento, creyéndose dueña hasta del andén”, reveló Lusy.

Sossa expresó, en su percepción, que ante la negativa de los comerciantes, “la señora les echó a Espacio Público y a la Policía, pero a la única que hostigaron y le hicieron comparendo fue a mí, ya que me negué a firmar unas actas donde se radicaba que yo me comprometía a no volver a mi lugar de trabajo, y así poder recuperar la mercancía decomisada”.

Lusy afirmó ante El Universal que no irrespetó a la autoridad ni le dijeron, en ese momento, que por su negación, recibiría un comparendo, reflejado posteriormente.

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¿Sesgos y gentrificación?

Ramón Medina, coordinador de investigaciones de la facultad de derecho de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, afirmó que:

en el mercado de Bazurto se está gestando un proceso de gentrificación, situación de la que no se ha hablado en la ciudad. Grandes almacenes están fomentando una dinámica que está relegando a muchos vendedores”

Además, desde la universidad investigan si ciertos controles tienen un sesgo, ya que se hacen específicamente en el área en que ellos están. “Analizamos el hecho de cómo se planifican estos controles, y si hacen parte de un plan integral de ciudad, ya que de no ser así, deja entrever cierta disposición gubernamental inconveniente”, señalaron.

Futuro jurídico

Lusy Sossa, con el apoyo de la Clínica Jurídica de la San Buenaventura, adelanta los trámites para resolver su situación. Los derechos de petición emitidos son la antesala a una acción de tutela en pro de sus derechos fundamentales, y poder volver a trabajar en Bazurto, ya que la señora “no regresa por el miedo a las advertencias de funcionarios distritales que indicaron que si volvía tendría más comparendos, más obstáculos económicos y sociales para mi subsistencia”, como agregó.

La universidad considera los desalojos e incautaciones de mercancía como inconvenientes para la dignidad de las personas. “En momentos como este, es que evidenciamos el sentido de lo que son los derechos humanos, creer por estar plasmados en el papel ya son reales es caer en un error. Que esté consagrado ahí no significa que, efectivamente, las personas acceden al derecho. Lo que realmente hace humano a un derecho es el acceso a las condiciones materiales de existencia que les permitan vivir en dignidad; y si el Estado no lo propicia, es un problema típico que ocurre en países como el nuestro”, develó Medina.

Rol de las autoridades

Sossa informó que desde el sindicato al que pertenece se han pedido reuniones con David Múnera, secretario del Interior, y con Ausberto Coneo, gerente de la Oficina de Espacio Público, pero no se han logrado avances para regularizar a los vendedores y alcanzar acuerdos.

El Universal se comunicó con la Secretaría del Interior pero argumentaron que es un tema de mayor jurisdicción de Espacio Público, sin embargo, acotaron que “estos casos, normalmente, están relacionados con no tener confianza legítima e invaden el espacio público”.

Pero para la oficina jurídica universitaria la confianza legítima es un derecho y no un documento. “Un derecho fundamental relacionado con que si se lleva un determinado tiempo realizando una actividad, sin que ninguna autoridad intervenga para decirte que lo que tú estás haciendo es contrario al orden público vigente, existe, por parte tuya, una sensación de que lo que haces es correcto, por lo tanto, se deriva una protección de derechos, por lo tanto la autoridad no puede venir a sacarte a la fuerza frente a unos derechos que se han venido consolidando. Sin ofrecer alternativas sociales y dignas”.

El Universal se contactó con la Oficina de Espacio Público, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una precisión sobre esta situación.

Se viene Halloween y fiestas decembrinas, festividades en las que Lusy fabrica vinchas y turbantes con los colores y accesorios alusivos a cada temporada, pero, en estos momentos, tendría que prestar dinero para los insumos y bisutería necesaria, algo que le preocupa y abruma porque no sabe cuándo podrá regresar al mercado de Bazurto y poder suplir sus necesidades y las deudas generadas por dicha inversión.

Rol de las autoridades

Sossa informó que desde el sindicato al que pertenece se han pedido reuniones entidades distritales, pero no se han logrado avances para regularizar a los vendedores.

El Universal se comunicó con Interior pero argumentaron que es un tema de Espacio Público, sin embargo, acotaron que “estos casos, normalmente, están relacionados con no tener confianza legítima e invaden el espacio público”.

Pero para la oficina jurídica universitaria la confianza legítima es un derecho y no un documento. “Un derecho fundamental relacionado con que si se lleva un determinado tiempo realizando una actividad, sin que ninguna autoridad intervenga para decirte que lo que tú estás haciendo es contrario al orden público vigente, existe, por parte tuya, una sensación de que lo que haces es correcto, por lo tanto, se deriva una protección de derechos, por lo tanto la autoridad no puede venir a sacarte a la fuerza frente a unos derechos que se han venido consolidando. Sin ofrecer alternativas sociales y dignas”.

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