Siete obras selladas en julio por incumplir normas urbanísticas

18 de julio de 2019 12:00 AM
Siete obras selladas en julio por incumplir normas urbanísticas
Los sellamientos van desde la ciudad y sus localidades, hasta corregimientos. //archivo- el universal

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La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar que le ordenó al Distrito, a la Secretaría de Planeación, alcaldías locales, inspecciones de policía, curadurías urbanas y al Ministerio de Vivienda que en un plazo de seis meses adopten los correctivos de vigilancia y control para la expedición de licencias de construcción en Cartagena, no pasó desapercibida por la Alcaldía Mayor.

El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, le expuso a El Universal qué estrategias aplican desde hace dos años para el control urbano, especialmente el Plan de Normalización Urbanística, que surgió tras un apretón que le hizo al Distrito el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, luego que se desplomara el edificio Portales de Blas de Lezo II, que cobró la vida de 21 obreros.

Aunque el seguimiento desde el Ministerio Público es frecuente, a través de mesas de trabajo en las que participan la Alcaldía, curadurías, Fiscalía, entre otros organismos, y que los balances de resultados son periódicos, la Alcaldía expuso las acciones tomadas en lo que va de julio, todo centrado en el Plan de Normalización Urbanística (PNU):

La Providencia: se selló una obra y se citaron a constructores a presentar documentación de las obras. Se identificaron viviendas sobre el borde del caño que no guardan los retiros. Se identificaron establecimientos de comercio que no tienen su publicidad.

Bayunca: se identificaron cuatro establecimientos de comercio sin registro de publicidad y que tampoco llenan los requisitos mínimos de funcionamiento. Las empresas del sector industrial no emplean planes de manejo ambiental.

Marbella y El Cabrero: se identificaron siete establecimientos de comercio sin publicidad exterior visual (PEV); se selló un lavadero por no contar con permiso ambiental y una obra sin licencia de construcción. Se visitaron edificios antiguos que requieren reforzamiento estructural.

San Fernando: se identificaron 10 establecimientos sin registro de publicidad; se sellaron dos lavaderos de carros y un taller; además de dos obras en construcción por no contar con licencia de construcción y permisos ambientales. Se identificaron establecimientos comerciales que no cumplen con el uso del suelo.

“El Distrito viene trabajando con la Procuraduría General de la Nación en un Plan de Normalización Urbanística, donde hemos establecido una serie de temas para el control de las construcciones ilegales. Nosotros reportamos los informes de todas las actividades que se vienen desarrollando en ese sentido, con el acompañamiento de la Procuraduría, de tal manera que seguiremos trabajando en esta estrategia. Además de estar comprometidos con el control urbano, nos importa mucho todo lo relacionado con asuntos ambientales, por lo que está en marcha la estrategia del Ecobloque, algo que el mismo procurador ha resaltado.

“Cada quince días, los jueves, se está realizando un operativo, acompañado por un funcionario de la Procuraduría Provincial de Cartagena, con el fin de hacer seguimiento y control al urbanismo”, dijo el alcalde Pereira.

El mandatario precisó que los grupos encargados de hacer el PNU tienen un cronograma de sectores a visitar, para así no pasar por alto ninguna comunidad.

Amenazas a inspectores

Para que se cumplan las normas urbanísticas, los inspectores de policía juegan un papel trascendental, ya que de ello depende el sellamiento de obras, como otras medidas que garanticen la seguridad y buenas prácticas dentro de las comunidades.

Precisamente por estas responsabilidades, los inspectores han sido blanco de amenazas, situación que es conocida y manejada por las autoridades.

“La Procuraduría solicitó que se informara si se han adoptado medidas de seguridad frente a las amenazas de los inspectores de policía de Isla Fuerte y el Islote, frente a lo cual la Secretaría del Interior informó que se han realizado Consejos de Seguridad con el CTI, Fiscalía y Policía, al igual que se activó la ruta de protección de esas personas y se elevó una solicitud ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, señala un informe de una reciente reunión del PNU.

Cuerpo Élite

Los mayores resultados del Distrito son a través del Cuerpo Élite, una alianza institucional para vigilar y asesorar asuntos de control urbano para resguardar todas las áreas del urbanismo en los sectores más complejos de la ciudad. Para que este funcione, cada dependencia tiene un papel trascendental:

Inspectores de policía: vigilar, controlar y sancionar el control urbanístico, Ley 1801 de 2016; dirigen el operativo.

Dirección de Control Urbano: verificación de registro de publicidad exterior visual, registros de enajenadores y proyectos de vivienda radicados; visita a predios con procesos críticos en vigencia anterior a la Ley 1801 de 2016. Coordinación de Cuerpo Élite.

Secretaría de Planeación: apoyar al inspector de policía en la verificación de usos de suelo. Verificar los permisos de instalación de las antenas de telecomunicaciones.

Secretaría del Interior: coordinación con los inspectores de policía y comandantes de la Policía.

Secretaría de Infraestructura: verificar el estado en que está la zona del operativo en materia de obras de infraestructura para analizar la viabilidad de que sean incluidos proyectos en estas zonas.

Gestión del Riesgo: advierte de predios en estado de riesgo, rondas de canales y estado de ascensores.

IPCC: control patrimonial de cualquier intervención en el Centro Histórico, su periferia histórica y áreas de influencia. Verificación de conceptos previos, vistos buenos en espacio público patrimonial.

EPA: Verificar permisos ambientales de las construcciones y hace suspensiones preventivas, al igual que verificar permisos de vertimientos, control a la flora y fauna y de generación de ruidos y olores.

Gerencia de Espacio Público: verificar el registro de vendedores ambulantes y estacionarios. Apoyar al inspector en las acciones de recuperación inmediata del espacio público.

La sentencia
Como resultado de una acción popular impulsada el 8 de junio de 2017 por la Procuraduría General de la Nación, tras la supuesta vulneración de los derechos colectivos de los ciudadanos por parte del Distrito, a través de la Secretaría de Planeación, la alcaldías locales, inspecciones de Policía, curadurías urbanas y el Ministerio de Vivienda, entes que no habrían regulado e inspeccionado el cumplimiento de normas urbanísticas en obras en construcción, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó que en un plazo de seis meses adopten los correctivos de vigilancia y control para la expedición de licencias de construcción en Cartagena. Según la sentencia, que amparó los derechos colectivos a la seguridad, la salubridad pública y previsión de desastres, cada ente debe “realizar, facilitar, impulsar, corroborar, elaborar, financiar, ejecutar y finalizar los proyectos que sean necesarios para la vigilancia y control en la expedición de licencias de construcción y las construcciones urbanísticas, para que cumplan con toda la norma”.

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