Sigue la polémica en la ciudad por el anunció del proyecto de construcción de un nuevo corredor portuario, que incluye la Quinta Avenida de Manga, y la intervención de más de 66 kilómetros de vías, cuyas obras empezarían en 2020 y concluirían en 2024.
El proyecto incluye la construcción de puentes, mejoras peatonales y la adición de dos estaciones más de peajes, que se sumarían a los que ya están operando. KMA operaría estos peajes por 30 años.
Este aspecto junto con los pormenores de la Quinta Avenida de Manga es lo que preocupa a un gran sector ciudadano.
Ante ello, líderes comunales, concejales, entre otros, están pidiendo por un lado al Distrito que no se firme en este gobierno el contrato que se haría por una Alianza Público Privada con la firma KMA Construcciones, empresa originadora del proyecto denominado Corredor Portuario de Cartagena.
Estos sectores piden que dicho proyecto sea estudiado durante el periodo del alcalde electo William Dau, que se posesiona el 1 de enero de 2020.
De otro lado, residentes de Manga, con el apoyo de las juntas de acción comunal de los barrios Manga, Martínez Martelo, El Prado, Pie de La Popa y otras asociaciones, solicitan que se expliquen en detalle aspectos relacionados con la Quinta Avenida de Manga.
Aduciendo que el proyecto no fue socializado en su totalidad con los residentes de los barrios en el área de influencia del proyecto, Julio Romero Alandete, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Manga, instauró el pasado 10 de noviembre una acción de tutela contra la firma KMA “por no haberse realizado la socialización para conocer en qué consisten las obras”.
El juez había decidido vincular al proceso a otras organizaciones y entidades como la Secretaría de Planeación del Distrito, la Secretaría General de la Alcaldía, Concejo Distrital, Procuraduría General, Vicepresidencia de la República, Procuraduría Ambiental Agraria y Ambiental de Cartagena, y la Contraloría General de la República.
Pero el Juez Séptimo Penal Municipal de Cartagena declaró improcedente la acción de tutela presentada por Romero, respecto a la supuesta falta de socialización del proyecto.
“El despacho que resolvió la acción de tutela fue claro y conciso en argumentar que el proyecto en efecto ha sido socializado, y por lo tanto, no se han vulnerado derechos”, anunció la firma KMA.
“El proceso de socialización cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley 1508 de 2012 y demás normatividad, aplicable para este tipo de proyectos. Además del aviso en la prensa local invitando a una audiencia pública el 9 de agosto de este año, se han realizado varias reuniones de socialización con diferentes miembros de la comunidad y demás actores interesados como la JAC de Manga, Asopopa, el Consejo Gremial y la ANDI Seccional Bolívar”, argumenta la firma proponente.
La firma ha advertido que los ciudadanos no se verán afectados con las dos nuevas estaciones de peaje que contempla el proyecto.
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