Sin garantías para cubrir audiencia por irregularidades del PAE

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Después de tres horas y media de audiencia de imposición de medida de aseguramiento a seis implicados, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2016, un incidente no solo atrasó el proceso, sino que dejó sin garantías el cubrimiento periodístico del mismo.

Primero el fiscal de apoyo de la Seccional 53 explicaba las razones por las cuales el juez debía decretar la medida de aseguramiento intramural contra el exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque; el exsecretario de Educación y exrector de la Universidad de Cartagena, Germán Sierra Anaya; la funcionaria de la Secretaría de Educación, Mayiris Gómez Ballestas.

Igualmente para la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Muñoz; la representante legal del Consorcio Proescolares 2016, Sandra Mercado, y David Camacho Benítez.

El juez 12 con función de Control de Garantías, José Luis Sepúlveda, aprobó la salida de la sala de audiencia de la periodista que escribe esta información, porque familiares de uno de los sindicados la acusaba de estar grabando el proceso. Además de ser falsa la acusación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía revisaron el móvil y se dieron cuenta de que no existía tal grabación.

ASÍ OCURRIÓ

Minutos después de retirarse la última colega de un medio local, un familiar de David Camacho, uno de los procesados, llamó a un agente del CTI para señalarme de estar grabando. De inmediato otra allegada levantó la voz en medio de la audiencia y dijo “tú eres periodista, sí estás grabando”, mientras me jaló el celular de las manos. Quedé inmóvil.

Acto seguido el funcionario le quitó mi celular de las manos y se lo entregó al juez, quien lo tuvo en sus manos por unos segundos, pero no podría constatar algo porque este estaba bloqueado. Luego se lo entregó al asistente.

“Tenemos que detener la audiencia, porque nos dijeron que alguien estaba grabando”, dijo el juez en la sala.

El funcionario se acercó hasta donde estaba sentada con mi libreta y me dijo que debía abandonar la sala. Pregunté por el celular y le fue entregado al funcionario, a quien nuevamente allegados del sindicado se lo arrebataron de las manos.

“Tienen que borrarle las grabaciones... esto está apagado, toma, revisa eso cómo es”, mencionó el joven que arbitrariamente tomó el celular.

Se lo pedí de vuelta para salir y otro funcionario me detuvo en la entrada para constatar si había borrado grabaciones, mientras al fondo se escuchaban más acusaciones de que tomé fotografías.

Galería y conversaciones de Whatsapp fueron revisadas por el mismo, verificando que no existían tales grabaciones e imágenes. “Me parece un abuso que revisen mi celular y mis conversaciones”, expresé, tras la pena del funcionario.

Es de anotar que el viernes, antes de la audiencia, un funcionario de la rama judicial atacó a una periodista de RCN Televisión cuando ingresaban los señalados.

Le gritó en varias ocasiones que era una ‘amarillista’ por grabar imágenes, acusación que sería falsa y le impidió ejercer su trabajo.

Se realizará un plantón hoy en la mañana para rechazar estos actos.

El Universal considera que lo vivido es una clara violación a los derechos humanos y a la libertad de prensa. Es una vulneración del derecho a la intimidad, pues la ley prohíbe expresamente a las autoridades, sin orden judicial, que escudriñen las comunicaciones personales. Asimismo, este medio tomará las acciones legales pertinentes.

El Universal soporta su denuncia en:

- La Ley 906 de 2004, que señala que las actuaciones procesales serán públicas. “Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general, sobre todo en tratándose de un asunto que interesa a todos”.

- El Artículo 15 constitucional establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar (...) y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo, incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

- El Nuevo Código de Policía, Ley 1801 de 2016, señala “La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.

- Los artículos 20 y 74 de la Constitución Política, establecen que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional; se puede informar y recibir información veraz e imparcial, “No habrá censura. El secreto profesional es inviolable”.

- En su sentencia T - 012 de 2016, la Corte Constitucional enfatiza que tanto en el plano nacional como internacional, los ordenamientos jurídicos disponen normas de protección a los derechos de la mujer en el ámbito público y privado. Los instrumentos internacionales, (...) fijan obligaciones concretas tanto a privados como a agentes estatales. “Es claro que existe una prohibición de discriminación y violencia contra esta población. Estos estándares deben ser incorporados en la interpretación que los jueces y autoridades públicas realicen cuando se presenten eventos que involucren presuntas vulneraciones de los derechos de la mujer.

Se retoma hoy
Las audiencias continuarán hoy en la tarde, donde intervendrán abogados defensores por las acusaciones realizadas por la Fiscalía. Ninguno de los imputados se allanó a los cargos.

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