La presidenta de la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales, la magistrada Bárbara Liliana Talero Ortiz, advirtió que es deber del Estado mantener las herramientas presupuestales necesarias para una justicia eficiente que pueda atender la demanda de servicios de los ciudadanos.
Previo al Simposio Nacional de Jueces y Fiscales, que se realizará desde el próximo miércoles y hasta el viernes en Bogotá, la dirigente advirtió que mientras al conjunto de los sectores que tienen asignaciones en el Presupuesto General de la Nación se les mantiene o elevan los recursos, a la rama judicial con 7,5 billones de pesos, se le disminuyen 0,3 por ciento, según lo contemplado en las cuentas de 2020.
Insistió en que el país clama justicia, pero en cuanto a presupuesto nacional, para tal efecto, la política viene siendo restrictiva cuando debería mantener un crecimiento justo.
“Con recortes seguirán acumulándose los casos por la menor capacidad de atención en los despachos judiciales, que continuarán tramitando limitadamente las miles de tutelas y de procesos de las diferentes especialidades”, expresó.
Agregó que en las últimas propuestas de reforma a la justicia no se han planteado verdaderas soluciones para que se rescate la credibilidad del sistema ante una ciudadanía que se mantiene alejada y en la incertidumbre.
Informes del Consejo Superior de la Judicatura han señalado que por años se ha presentado un desequilibrio entre la demanda de justicia y la oferta de despachos, lo que se nota más en las regiones del país donde la falta de personal es una constante.
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