En el documento del Plan Nacional de Desarrollo, que se discutirá esta semana en el Congreso, el gobierno del presidente Iván Duque contempla lograr que la tasa de desempleo disminuya al 7,90% y que la población ocupada que cotiza a pensiones suba del 36,80% al 41,20%.
Sin embargo, en materia pensional y laboral, hay cuestionamientos a varios artículos como el 117, que habla de “la promoción a los beneficios económicos periódicos, consistente en que los afiliados al Sistema General de Pensiones obtengan como prestación sustituta una devolución de saldos o indemnización sustitutiva de vejez”. Estos recursos serán trasladados al mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos, BEP, para el reconocimiento de una anualidad vitalicia en las condiciones legales vigentes, a menos que el usuario informe su deseo de recibir la devolución, para lo cual tendrá un plazo solo de diez días.
Se trataría de “un programa de ahorro voluntario” al que se pueden acoger quienes no alcanzan a ser beneficiarios de una pensión y la misma sería un pago cada dos meses, cuyo monto se calcula a partir de los dineros ahorrados más un aporte del 20% que entregaría el Gobierno nacional. Otra opción sería la de retirar sus aportes si al llegar a la edad pensional al trabajador no le alcanza para una mensualidad.
Otras inquietudes se han generado en torno al artículo 58, que señala que “no podrá reconocerse simultáneamente a ningún afiliado, pensión de invalidez y de vejez, aún si la pensión de invalidez es de origen laboral”. Asimismo, el 113, que introduce en el sistema un piso mínimo de protección social para las personas que hoy en día trabajan tiempo parcial, y por esto no ganan un salario mínimo.
De igual forma, el artículo 119 dice que el gobierno “podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras y a las administradoras de fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, cubrir el riesgo del incremento que podrían tener las pensiones cuando el aumento del salario mínimo sea superior a la variación porcentual del IPC”.
En torno a estos artículos han surgido controversias y dudas, y por ello la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha considerado de especial atención y precisó analizarlos para alistar un debate de acuerdo al resultado que arroje una audiencia pública que se realizará mañana, para que esos resultados sean expuestos en las plenarias de Senado y Cámara en protección a los derechos de los ciudadanos.
La audiencia se llevará a cabo en el Congreso, con el objeto de conocer la opinión de los participantes frente a la propuesta del gobierno que ha quedado plasmada en el documento de PND.
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