"Somos el eslabón más débil de la justicia": Inpec

22 de mayo de 2017 09:39 AM

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Luego de dos años de no alzar su voz de protesta, los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) volvieron, con el “Plan Reglamento”, a manifestarse en todo el país para pedir al Gobierno que dignifique su labor, aumentando la planta de personal para disminuir la carga laboral y las extensas jornadas de trabajo.

El Ministerio de Justicia -explicó Cesar Augusto Fuentes Ortiz, presidente en Cartagena de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP)- anunció que ampliará los cupos en varios penales del país, pero no ha tenido en cuenta que no hay suficiente personal que custodie a los internos.

“Somos el eslabón más débil de la justicia, somos la cenicienta de la justicia. Este sistema viola toda la dignidad humana, tanto para los privados de la libertad como para nosotros los trabajadores. No hay una solución del Gobierno y el ministro dice que no hay plata para aumentar la planta de personal; pedimos que se dignifique nuestra labor”, recalcó.

El Inpec tiene a su cargo los únicos dos penales de hombres que hay en Bolívar: el Centro Penitenciario y Carcelario San Sebastián de Ternera, en Cartagena, y la Cárcel Camilo Torres, de Magangué. En otras regiones del país hay hasta cinco establecimientos.

Panorama en Cartagena

La radiografía de la crisis carcelaria y laboral de los guardias del Inpec es una historia de terror. Solo 120 de ellos custodian a 2.002 reclusos en la cárcel de Ternera.  Es decir, suponiendo que todos trabajaran todos los días, las 24 horas del día, le correspondería a cada uno el cuidado de aproximadamente 17 reclusos. Si hacen turnos de 24 horas, y solo quedan cada día 60 guardias, a cada uno le tocaría el cuidado de 33 presos en promedio.

Como si fuera poco, únicamente dos funcionarios están delegados para ‘pasar revista’ a más de 1.500 reos que tienen detención domiciliaria con vigilancia electrónica en Cartagena.

A diario, al reclusorio -construido hace unos 70 años- llegan alrededor de 50 remisiones para citas médicas o audiencias públicas, pero “solo tenemos seis unidades de guardias para llevar a estos reclusos; solo se puede llevar uno por cada guardia, es decir, que hay un incumplimiento del 90% de los procesos judiciales. Esto conlleva a que los jueces deban conceder la libertad por vencimiento de términos”.

Pero eso no es lo peor. Hay un hacinamiento superior al 46 por ciento,  2.002 personas están recluidas en ese centro carcelario y la capacidad del penal es solo para 1.464. En ocasiones, se ha alcanzado a albergar a 2.400.

Las condiciones infrahumanas en que viven los internos son el espejo de esa sobrepoblación. Según indicó el vocero del Inpec, 536 internos duermen en el suelo, pasillos y baños, y en unas celdas de 2x2 y medio, de 4 metros cuadrados, que están hechas para dos presos, a veces hay que alojar a 8 y 10.

La problemática se agrava aún más cuando llegan reclusos provenientes de El Carmen de Bolívar, San Estanislao, Turbaco, Arjona y otros municipios aledaños a la ciudad.

Se están enfermando

El presidente de la UTP aseguró que la sobrecarga laboral les ha generado problemas psiquiátricos y enfermedades infectocontagiosas al tratar con internos que padecen diagnósticos especiales, situación de la que, supuestamente, ya tienen conocimiento las directivas de la institución.

“De los 120 guardias que custodian a los internos, 40 tienen recomendaciones médicas de no trasnochar, no portar armamento y no tener contacto con los presos. Es decir, tenemos solo a 80 que cumplen labores de custodia y vigilancia”, manifestó Fuentes.

¿Qué piden?

Además del aumento de la planta de personal de custodia, los guardianes piden que se les disminuya la sobrecarga laboral o se les reconozcan las horas extras. Adicionalmente, solicitan que sean tratados bajo el régimen pensional que tuvieron hasta el 2003.

"Nuestros turnos son de 24 por 24. Entra una compañía a las 7 de la mañana y sale al día siguiente a esa misma hora, pero mientras releva a la otra  terminamos trabajando más de 26 horas por 22 de descanso. Estamos trabajando a la semana 100 horas", dijo el líder sindical.

"Teníamos, hasta el 2003, un régimen especial por ser funcionarios con un riesgo alto (grado 5) y obteníamos la pensión con 20 años de servicio. Pero desde esa fecha, la logramos es a los 63 años", añadió.

¿En qué ha afectado el ‘Plan Reglamento’?

Los guardianes solo se ciñen a lo que establece el reglamento interno, es decir, ya no realizan remisiones de muchos internos con poco personal de vigilancia, como se hacia antes cuando “se sacaban 20 presos que eran custodiados solo por 6 guardianes”.

Además, no están permitiendo el ingreso de más reclusos con detención intramural. Solo aceptan a los que se les haya dictado detención domiciliaria, que no empeora el hacinamiento. Esto ha ocasionado que las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y las estaciones de policía de la ciudad, en especial la de Chambacú y Los Caracoles, estén abarratodas de presos a la espera de que se les permita el ingreso a la cárcel.

El trabajo suplementario, de acuerdo con el sindicato, sí se está realizando para no descuidar la seguridad del penal.

¿Cuándo termina la huelga?

Hasta no llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional, el Inpec asevera que se mantendrá en su posición. Hasta el momento, se intenta llegar a una concertación con los ministerios de Justicia, Hacienda, Trabajo, del Interior, el Departamento Administrativo de la Función Pública y otras entidades.

Antecedentes

El “Plan Reglamento” se inició en el 2014, pero solo duró dos meses tras llegar a acuerdos con el Ministerio de Justicia. Lo concertado, según ellos, nunca se cumplió.

A raíz de eso, en el 2015 se retomaron las protestas. En ese entonces se plasmaron los pactos en un papel, pero tampoco se implementaron. Este 2017, las inconformidades de los dragoneantes, inspectores (cabos), inspectores jefes (sargentos), tenientes, capitanes, y mayores, salieron nuevamente a flote en marzo.

EN CIFRAS

En Colombia, 10 mil unidades del cuerpo de vigilancia custodian a 136.000 presos en 136 cárceles del país.
 

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