Cartagena


“Su contrato terminó en abril”: ICBF a Asomenores

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar explicó cómo son las contrataciones con la entidad y dijo por qué se cambió de operador.

WENDY CHIMÁ P.

29 de septiembre de 2019 12:00 AM

Después de la protesta que empleados de Asomenores realizaron en la sede de Zaragocilla el jueves en la mañana, donde aseguraban que no les han pagado desde junio y que Andrés Mejía Pizano, director Regional de Bienestar Familiar, había contratado a otras entidades sin previo aviso, El Universal conoció la versión del ICBF.

Aseguraron que son un ente autónomo de tomar cualquier decisión y enfatizaron que Asomenores ya no tenía ni contrato ni licencia con ellos, lo que quiere decir que los trabajadores que exigen su pago no deben reclamarle a dicha entidad, sino que deben hacerlo al operador que los contrató.

¿Qué pasó?

Desde 1990, por medio de un convenio interadministrativo donde participaron la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía, la Policía, el Sena y el ICBF de la época, se creó Asomenores, entidad que, según se conoció, estuvo a cargo del Centro de Atención Especial para menores infractores de irresponsabilidad penal (CAE) hasta abril del presente año, cuando se les acabó el contrato que tenían con el Bienestar Familiar.

“Asomenores obtuvo el número máximo de licencias de funcionamiento transitoria establecidas en la Resolución 3899 de 2010 entre 2017 y 2018, y de 2018 a 2019, las cuales son solo dos, y ya ellos estaban en esta última, la cual se les venció en mayo, pero desde abril ya ellos no tenían contrato con nosotros. Al no cumplir con todos los requisitos y no poder expedir una licencia transitoria más, no iban a poder continuar prestando el servicio. Eso nos obligó a buscar otros operadores con licencia, que pudieran heredar ese centro de atención”, indicó Mejía Pizano.

La entidad señaló que el cambio de operador también se debía a que la Procuraduría del Magdalena y de Bolívar, les dieron unas alertas sobre lo que estaba ocurriendo en este centro de reclusión de menores en cuanto a los incumplimientos de lineamientos que da el ICBF, el manejo de los recursos, el saneamiento interno del lugar, entre otros.

A raíz de esto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidió constatar la veracidad de dichas denuncias y corroboró que todo era cierto, por lo que de inmediato le informó a la Procuraduría que iban a iniciar un proceso de licenciamiento con otros posibles operadores que estuvieran en buenos lugares a nivel nacional, pues estos procesos se realizan de la mano de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de Bogotá del ICBF.

“Así fue como se ubicaron a los posibles oferentes y encontramos que en los lugares 11 y 12 estaba Fundación Hogares Claret, mientras que en el puesto 67 estaba Asomenores, lo que quiere decir que la calidad en este centro había desmejorado”, explicó el director Regional de Bienestar Familiar.

Las quejas

Entre las denuncias de la Procuraduría, se conoció que estaba el mal manejo de los recursos donde, al parecer, tenían contratado un talento humano que no estaba bajo los lineamientos pactados en un principio, así como cuentas de celulares, conductores y carros para, supuestamente, transportar a estos menores.

En cuanto al tipo de contratación que el ICBF realiza con estos operadores para las modalidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, El Universal conoció que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nunca contrata más allá de un año. “En el caso de Asomenores, se les hizo el último contrato de enero a diciembre del año pasado y en diciembre uno extraordinario con vigencias futuras hasta abril, esto fue con el fin de darle tiempo al nuevo operador para que buscara la licencia y así fue como a Asomenores se le venció en abril el contrato y enseguida comenzó a funcionar la Fundación Hogares Claret en Turbaco y Fundación Talid en Zaragocilla”, dijo el vocero del ICBF.

Sobre si el instituto había o no anunciado la finalización del contrato y la licencia, el ICBF indicó que ya la coordinadora de Asomenores lo sabía y que le tocaba a ella indicarles a sus empleados, pues el ICBF no contrata al personal, solo escoge al operador y es este quien se encarga de contratar a sus empleados.

Pide disolución y liquidación
“Le han enviado diferentes comunicaciones a los miembros de la junta directiva y en especial a la Gobernación porque es quien ejerce la secretaría de esa junta directiva, para que se ordene la disolución y liquidación de la entidad y se sanee la planta del personal que tienen contratado cuando nosotros sabemos que no tienen licencia para cumplir su objeto social, pero hasta ahora no se ha dado una respuesta positiva a esto y lo que trato es de que no se genere una deuda cada vez más a las entidades”, indicó Mejía Pizano, Director Regional de Bienestar Familiar.