Alrededor de 100 inspecciones en hoteles, restaurantes, joyerías, operadores turísticos y en el muelle de La Bodeguita, entre otros, hizo la Superintendencia de Industria y Comercio para investigar administrativamente y sancionar a quienes no cumplían con la norma de protección al consumidor. Esto, sumado a las 518 quejas que los usuarios hicieron en la Casa del Consumidor, a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC), dieron como resultado en Cartagena 40 sanciones en el sector turístico, por 919 millones 789 mil 595 pesos.
Siendo la ciudad más sancionada del país en este sector, según cifras de la Superintendencia.
“El resultado es parcial, con 40 sanciones, pero hay 60 en pliego de cargos que posiblemente se conviertan en sanciones a establecimientos comerciales de la ciudad”, explicó Daniel Orozco Caicedo, director de la RNPC.
Por qué las sanciones
Las sanciones impuestas han sido principalmente por el incumplimiento de los servicios ofrecidos, en cuanto a horarios, términos pactados, permanencia en los lugares ofrecidos, falta de calidad en la prestación del servicio, propinar trato irrespetuoso y grosero del personal, afectar la seguridad, ventas atadas, incluir cláusulas abusivas y prohibidas como exclusión de la responsabilidad. Además de publicidad engañosa, falta de información, no dar los precios con todos los impuestos incluidos, no indicar la tarifa fija de cancelación, modificar la tarifa a su gusto; así como no tener el aviso de propina.
“En cuanto a los operadores turísticos el caso típico es que ofrecen un paseo de cinco horas, pero solo dura tres; que incluyen tres destinos turísticos pero solo llevan a uno. Una serie de irregularidades que advertimos y las recomendaciones no fueron acatadas”, expresó el director de la red.
En el caso de las joyerías, hallaron que cobraban en dólares y aparte no tenían información pública de precios. Sin embargo, la Superintendencia consideró que la falla no era tan grave para sancionar y emitió una orden administrativa para que cumplieran con esto.
“La intención era corregir, no sancionar. Tenían que poner los precios en pesos colombianos y ubicarlos en cada producto, pero las joyerías no acataron la orden y fueron sancionadas. La legislación dice que inmediatamente, sin mediar recurso, se procede a una sanción”, esclareció Orozco.
Entre los sancionados están establecimientos comerciales como Hoteles Decameron, Cocoliso Alcatraz S.A.S., Tours Playa Bonita E.U., Tcherassi Hotel + Spa Cartagena de Indias, El Viajero Hostels, Hotel Charleston, Torre del Reloj, The Clock Pub, Transportes Turísticos Bequia Eagle S.A.S. y Agencia de Turismo Sun & Summer Travel S.A.S. En prendas de vestir y joyería están el Museo de Esmeraldas y Artesanías Colombianas, La Casa del Joyero y Light Green Jewerly Shop. En establecimientos gastronómicos el Restaurante - Bar Acción de Gracias, Restaurante Don Juan, Octopusis y La Olla Cartagenera.
En lo que va del 2018, la Casa del Consumidor de Cartagena ha recibido 62 quejas de sectores económicos, de las cuales 18 son de las telecomunicaciones, con el mayor número. Mientras que por derechos vulnerados son 96; 72 por garantía y 16 por protección contractual. Estos son los dos primeros.
En el 2017, de las 253 quejas, el turismo tuvo más con 82; y en derechos vulnerados fueron 389, donde la garantía acumuló 265.
“Las sanciones dependen de las faltas y de la capacidad económica y financiera de la empresa. Podemos multar hasta 2 mil salarios mínimos legales vigentes, eso es 1.500 millones de pesos. Las multas impuestas aquí no han sido tan rigurosas”, aclaró el director.
Hay acuerdos
La imposición de sanciones depende de la complejidad, el tiempo en el que se recauden las pruebas y los descargos que haga el acusado. Para esto, el consumidor debe quejarse, reclamar directamente a la empresa y, si después de 15 días hábiles, no le responden o está inconforme con la respuesta, elabora una demanda. La Casa del Consumidor guía al usuario en la demanda.
Como los procesos llevan su tiempo, hicieron un mecanismo llamado audiencia de facilitación, esto para solucionar controversias bajo una figura jurídica que se denomina mediación.
“Funciona así, la Superintendencia es mediadora, llama al comerciante y al consumidor. Lo que hace es ponerlos de acuerdo, esto debe quedar plasmado en un contrato de transacción, que hace tránsito a cosa juzgada, luego presta mérito ejecutivo. Es decir, si no te cumplen, puedes ir donde juez civil para embargar y si no cumple, la Superintendencia impone multas sucesivas por cada día de incumplimiento, la séptima parte de un salario mínimo legal vigente por día”, precisó el director.
Los parqueaderos
Otra de las inspecciones y vigilancias que ha realizado la Superintendencia ha sido a los parqueaderos de la ciudad, donde hay tres con pliego de cargos que podrían convertirse en multas.
Entre ellos están el Complejo Plaza Bocagrande y el Parqueadero La Matuna.
“Lo que hemos visto es que en los contratos indican que no responden por los posibles daños que se le causen al vehículo, la responsabilidad en los parqueaderos y que no existan cláusulas abusivas”, mencionó el funcionario.
Comentarios ()