Con un falso radicado de la Curaduría Urbana No. 1 del 28 de septiembre de 2017 y unas láminas que cubrían toda la fachada, se encontraron los funcionarios del Establecimiento Público Ambiental, la Gerencia del Centro y la inspección de Policía de la Localidad 1 al llegar a una obra en construcción en la calle Baloco en el Centro Histórico. Una más que se suma a la lista de ilegales en la ciudad.
“Hicimos una labor de verificar que no haya una afectación al Patrimonio Histórico y Cultural de Cartagena, solicitamos licencia de construcción a los propietarios o arquitectos que están a cargo de la obra y manifestaron no tener la documentación a su disposición, se realizó suspensión de la obra y luego se hará el proceso sancionatorio”, manifestó Lizardo del Río González, inspector de policía de la Localidad 1.
El objetivo que tenían los ingenieros de la obra sería la construcción de una nueva edificación, que estaba contemplada según el falso permiso como restauración tipológica para uso residencial de una vivienda de dos pisos. Hasta ayer, ya se había demolido todo el inmueble y se trabajaba en la realización de un sótano.
“Está incumpliendo la norma porque han hecho una demolición completa sobre un predio y no han dejado ningún vestigio donde uno pueda decir algo sobre la tipología que tenía el inmueble”, indicó Rosa Osorio Bustillo, arquitecta del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
Es menester recordar que antes de realizar una obra, en especial en el Centro Histórico, se debe tener la aprobación del IPCC como entidad cultural encargada de salvaguardar el patrimonio, y contar con la licencia de Curaduría Urbana.
Seguirán los controles
El sellamiento de esta obra, más allá del trabajo mancomunado entre las entidades, se da debido a una denuncia ciudadana. Ximena Avilán Díaz, gerente del Centro, manifestó que los controles han sido reiterativos. “Ya llevamos más de diez comparendos en tres días por vertimientos de residuos y esta obra suspendida por no contar con los requisitos”, puntualizó.
Las sanciones que se impondrán a los infractores pueden ir desde multas económicas hasta la cancelación de las tarjetas profesionales de los arquitectos e ingenieros a cargo.
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