En medio de pancartas y coros que anunciaban “no queremos cárcel”, representantes de las comunidades afectadas por el traslado de la cárcel de mujeres a la antigua sede del colegio Caribe Real, se reunieron ayer con la alcaldesa (e), Yolanda Wong Baldiris, la Defensoría del Pueblo, la Personería distrital y representante del Ministerio Público para socializar el traslado, tal como se tenía previsto.
Durante el encuentro la comunidad tuvo la oportunidad de escuchar los argumentos que tuvo la administración distrital para seleccionar el lugar y así mismo expusieron sus argumentos en contra, dando como resultado la suspensión temporal del traslado y el compromiso de evaluar otras opciones.
Inseguridad, lo que más preocupa
Una de las preocupaciones que más destacó la comunidad, sobre todo la urbanización Beirut 1, es que la infraestructura de la institución y las casas vecinas no tienen un muro que las divida, pues comparten la misma paredes, además que la institución tiene solo un piso y las casas que están alrededor dos o tres, permitiendo que los niños y personas que viven alrededor vean lo que se hace allí.
“En ningún momento estamos rechazando a las reclusas, estamos manifestando es la inseguridad que tiene el establecimiento, que no cuenta con los mínimos requisitos de seguridad, ni para las internas ni para nosotros (...) Es una sola pared, es decir, la pared de mi casa es la misma que esta, no hay división, por ende no se garantiza la seguridad, estamos expuestos”, manifestó Érica Almanza.
Una nueva mesa técnica
En medio del encuentro, la alcaldesa encargada explicó que el traslado hacia ese lugar no se trata de un capricho suyo, pues fue la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la encargada de dar el visto bueno al lugar. Recalcó, además, que realmente existe una urgencia por hacer el traslado de cárcel, pues la vida de las reclusas está en riesgo y su libertad también, pues tal como lo indica el fallo de la tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, si no se cumple el fallo dentro del plazo establecido tendría acciones penales en su contra.
“Si me toca reversar yo reverso, no tengo problema, no tengo ningún interés oculto en esto como dice a gente, pero no voy a exponer mi pellejo cuando existe la solución y se ha hecho la gestión”, expresó Wong.
Ante este panorama, el defensor del pueblo, Roberto Vélez, propuso realizar una mesa de concertación entre la alcaldía, la comunidad y los entes del Ministerio Público con el fin de llegar a una pronta solución. La idea es evaluar otros sitios o medidas que eviten el traslado sin tanto traumatismo.
Un parte de tranquilidad
Aunque la suspensión del traslado es temporal, la comunidad se sintió satisfecha con la oportunidad de dialogar, sin embargo, tienen claro que de no llegar a un acuerdo o no encontrar otro sitio, la administración podría tomar una decisión definitiva.
“Nos sentimos tranquilos con la decisión que tomó la administración, pero no nos dormiremos con el tema por la orden del fallo es inminente y debe cumplirse. Esperamos contar realmente con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Personería porque realmente no nos sentimos apoyados”.
Por ahora la comunidad espera que la Alcaldía confirme la fecha para hacer efectiva la mesa de concertación en la que solo asistirán representantes de las comunidades afectadas.
Cronograma
El traslado de la cárcel de mujeres obedece a un fallo de tutela de 2009, que ordena al Distrito trasladar el penitenciario debido a los problemas de infraestructura que presenta. Según el cronograma, el traslado del personal debería hacerse el 12 y la inauguración el 13 de septiembre.
La alcaldesa recalcó que la medida del traslado es temporal, pues la idea es construir un centro penitenciario a las afueras de la ciudad.
Comentarios ()