Los habitantes del corregimiento insular de Barú piensan en desalojar el pueblo como medida extrema por la falta de atención en el servicio de salud.
Hace cerca de dos años no cuentan ni con un médico que les atienda los casos generales, porque no hay una instalación disponible para esto. Además, las obras del nuevo centro de salud se han paralizado en dos oportunidades (2015 y 2018).
La alerta se encendió nuevamente porque hace tres días, una residente que sufría de azúcar se le bajó la presión y le dio un preinfarto. Rápidamente, familiares la subieron a una motocicleta junto a su hija para trasladarla hasta el centro de salud de Santa Ana, el más cercano. La velocidad de la motocicleta y los esfuerzos para dejarla a tiempo en el puesto de salud no fueron suficientes, falleció al llegar.
Para ellos la falta de atención oportuna ocasionó la muerte de la señora, quien era reconocida y querida en la comunidad.
“Creemos que lo mejor es que se empiece a dar la prestación del servicio aquí en Barú, somos una comunidad de 3.600 habitantes sin un médico. Vamos para más de dos años sin ninguna prestación del servicio. Hemos radicado varios derechos de petición ante la Alcaldía para que nos expliquen qué pasa con las obras”, aseguró Dioris Pacheco, presidente de la Junta del Consejo Comunitario de Barú.
En el 2014 anunciaron la reconstrucción del CAP que estaba en mal estado, por lo que los residentes se entusiasmaron ya que contarían con dos plantas para prestar más servicios y atender a más personas. En 2015 arrancaron las obras del centro de salud con un contratista que dialogó con la comunidad y que, dentro de su obligación, debía alquilar instalaciones dentro de la comunidad para prestación del servicio de salud.
En ese entonces se le alquiló un inmueble a una habitante, Clara, donde llegaba un médico dos veces a la semana, durante las mañanas, para consulta de medicina general, control prenatal y de los adultos mayores, lo necesario.
Sin embargo, la mujer tuvo una problemática con el contratista y suspendió el servicio por mora en el arrendamiento. Según relató, aún le adeudan $5.219.000. Pero en ese entonces se dijo que la suspensión del servicio fue por un hecho violento de unos jóvenes de la comunidad.
“Yo tengo casi dos años, desde que quitaron el puesto de salud, que no he ido al médico porque, por ejemplo, estoy afiliada en Comfamiliar y para ir hasta Cartagena tengo que gastar todo un día y uno se abstiene, por lo que vienen las enfermedades”, relató Clara, quien ya tiene dolores en la espalda que no le permiten caminar bien.
Añadió que a veces tampoco tienen los recursos, pues el pasaje de Barú a Cartagena cuesta cerca de $15 mil, por lo que ida y vuelta son $30 mil. A eso se le suma los transportes en la ciudad hasta la sede de la EPS.
Las obras del nuevo centro de salud incluían dos niveles para más habitaciones, pero no contemplaban una sala de parto, que para los habitantes es necesaria, por lo que solicitaron al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) que se tuviera en cuenta este aspecto.
Pese a las múltiples visitas y solicitudes, el ente no les respondió. “Tampoco nos cumplió con una campaña de EPS que traerían hasta acá, supuestamente, los carros no pudieron pasar por la vía de Playetas y quedamos mal los líderes”, resaltó Pacheco.
“La dinámica es la siguiente: aquí la mayoría estamos afiliados al régimen subsidiado. En su momento, quien desea verse con el médico, le toca trasladarse hasta Santa Ana para que en sus instalaciones lo atiendan, incluso, si es necesario lo remiten a Cartagena”, detalló el líder.
Para esto, cada persona debe disponer de sus recursos y tardarse cerca de 25 a 30 minutos en motocicleta.
“Nos tienen indignados porque, como lo reiteramos, tenemos rotundamente prohibido enfermarnos y eso nos llena de tristeza y dolor. Somos conscientes que Barú está visto como el punto de desarrollo turístico, hay gente pudiente que nos rodea y ayuda, pero siendo claros que con todo lo que se mueve es para que se trabaje más por Barú”, agregó Pacheco.
Los baruleros exigen la prestación del servicio de salud de inmediato, resaltan que se trata de una necesidad básica y que requieren más de 3 mil personas, el centro de salud además servirá para visitantes de las Islas del Rosario, Cholón y Aguazul.
En diciembre de 2018 el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y el alcalde encargado, Pedrito Pereira, entregaron el pedraplén de Playetas y prometieron la prestación del servicio de salud al pueblo de Barú. Un mes y medio después esto no es una realidad.
“A nosotros no nos invitaron, pero fuimos y en los cinco minutos que nos dedicaron nos dijeron que harían un plan de contingencia que hasta ahora no se ha dado”, indicó el líder del Consejo Comunitario.
El alcalde (e) indicó que está evaluando jurídicamente los aspectos del contrato para conocer si se liquida o si se retoma. “Se encontró la misma situación que en otros CAP de la ciudad, algunos sin permiso del Ministerio de Salud y tenemos que revisar. Priorizaremos esto y armaremos el plan de contingencia para la comunidad de Barú”, dijo Pereira.
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