Ternera sigue entre las cárceles más hacinadas del país

19 de julio de 2016 12:00 AM

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Con la inspección realizada ayer a la cárcel de Ternera por Paula Andrea Ramírez, la delegada para asuntos penales de la Procuraduría General de la Nación, se siguió constatando la delicada situación del penal para varones de Cartagena, que está muy cerca de alcanzar el 100 por ciento en su nivel de hacinamiento.

Como ya ha sido afirmado en varias ocasiones por directivas de la cárcel y representantes del Inpec, el penal tiene capacidad para cerca de 1.400 internos, pero a la fecha son más de 2.300 las personas allí recluidas, de los que más de 1.200 están en calidad de sindicados, pese a que la prisión solo debería albergar a quienes hayan sido condenados.

La inspección, a la que también asistió Carlos Julio Pineda, director regional del Inpec, y Juan Carlos Cabarcas, procurador para asuntos penales en Bolívar, se dio en el marco del cumplimiento de la sentencia T-762 de la Corte Constitucional, que hace referencia a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales del sistema penitenciario y carcelario del país, y además ordena, entre otras cosas, adelantar gestiones necesarias para emprender y desarrollar funciones preventivas de vigilancia del cumplimiento de dicho fallo. (Lea aquí: Reafirman grave situación de cárceles en Cartagena)

INFORME A ENTIDADES
“Encontramos que persiste una situación de hacinamiento en la cárcel de Ternera, que está cerca al 100 por ciento, además algunas situaciones vinculadas con la atención en salud que merecen atención de la Procuraduría y demás autoridades. Si hay hacinamiento, obviamente el personal de para garantizar la atención en salud va a ser insuficiente. Hemos encontrado casos que van desde enfermos con VIH, Sida, cáncer y otros padecimientos que merecen la acción inmediata de Fiduprevisora, (entidad financiera que administra los recursos del Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad)”, señaló la procuradora Ramírez.

Con la visita, la procuradora reafirmó que la cárcel de Ternera está entre las cárceles más hacinadas de Colombia (con un hacinamiento de 96,4%), acercándose al nivel de penales como la cárcel de Riohacha (la más hacinada del país, con cerca de un 500%), la cárcel de Villahermosa, en Cali (superando el 300%) o la cárcel de Bellavista, en Medellín (con un 160%).

“Por el número de reclusos que tiene, la cárcel de Ternera se ubica como una de las más hacinadas en el país, a lo que hay que sumarle las condiciones climáticas de la ciudad y una prestación ineficiente en los servicios de salud. En la inspección también se revisó la insuficiencia de personal de guardia, lo que no permite garantizar una atención eficaz en materia de seguridad. Trasladaremos todos estos hallazgos y peticiones que nos han hecho al director nacional del Inpec, a los ministros de Justicia y de Salud, al gerente de Fiduprevisora, y a los juzgados de ejecución de penas, con el fin de que se adopten medidas urgentes para garantizar la vida y salud de personas privadas de la libertad”, agregó Ramírez, indicando que entre esta misma semana se realizarían estos informes a las instituciones del orden nacional.

Aunque la Procuraduría en Bolívar ya venía realizando estas inspecciones, es la primera vez que desde Bogotá se delega a un funcionario de esa entidad para realizar el seguimiento.

"NO LO PODEMOS MANEJAR"
Freddy Zúñiga, presidente del sindicato del Inpec en Cartagena, también ratificó la delicada situación de la cárcel. “Para el hacinamiento que hay en Ternera solo se cuenta con un pie de fuerza de solo unos 150 funcionarios, entre cuerpo de custodia y administrativos. La cárcel tiene siete pabellones, pero uno no está habilitado. Cada uno tiene capacidad para 200 internos y actualmente tenemos 600 internos por pabellón. Es un problema que no podemos manejar, al no haber el pie de fuerza necesario, los internos tienen la posibilidad de usar celulares, de ejercer tráfico de droga, exigencia a la visita, hasta secuestro”, dijo.

Zuñiga además recordó que el hacinamiento en Ternera surge porque esa prisión continúa albergando sindicados, cuya responsabilidad de reclusión corresponde al Distrito.

“La Alcaldía ha desconocido el compromiso que existe. Como en Cartagena no hay un establecimiento de reclusión para personas sindicadas, hay un convenio entre el Distrito y el Inpec para que el Instituto cuide a sus sindicados. En 2015, el convenio fue por mil millones, que no se ejecutaron en su totalidad. Este año, el convenio se acabó de firmar apenas por 500 millones, lo cual es insuficiente”, aseguró.

Sobre ese convenio, Fernando Niño, secretario del Interior, había dicho que “se trata de un apoyo económico dirigido a mejorar las condiciones salariales de los guardas, las instalaciones del centro penitenciario y la compra de un vehículo para el traslado de los internos a sus audiencias”. Otras fuentes del Distrito habían asegurado que el propósito es que el próximo año el convenio vuelva a ser por mil millones.

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