Vejuca solicita protección para testigos de Odebrecht

12 de enero de 2019 07:23 PM

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Con carácter “urgente”, la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena (Vejuca), en cabeza de Erick Urueta Benavides, solicitó medidas de protección a los testigos y denunciantes en la investigación que se sigue contra el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, por el caso Odebrecht.

La solicitud la elevó Urueta el pasado miércoles ante Óscar Villamizar Meneses, representante investigador de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, exponiendo los fácticos.

“Hay un hecho notorio en lo relacionado a la muerte de los principales testigos dentro de los procesos que se adelantan para esclarecer las conductas irregulares y lograr las sanciones pertinentes en el caso Odebrecht”, sostuvo el veedor en la solicitud.

Recordó que “los testigos fallecidos son Jorge Enrique Pizano y Rafael Merchán, los cuales presuntamente han muerto por envenenamiento con cianuro, lo cual es preocupante para todos los que están relacionados con esta gran investigación”.

El detonante de la solicitud, indicó Urueta a Villamizar, es que a raíz de denuncias presentadas por dos veedurías ciudadanas, en contra del fiscal General, “hoy usted adelanta una investigación”. Una de esas veedurías es Vejuca.

La denuncia

A la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el presidente de Vejuca le solicitó abrir una investigación oficiosa contra el fiscal Martínez Neira, por la presunta comisión del delito de prevaricato por omisión y del deber objetivo de denunciar como servidor público.

En la denuncia, a la que accedió El Universal, Urueta manifestó que “hay un hecho notorio, y es lo dado a conocer por Noticias Uno sobre una entrevista a un ex funcionario de Corficolombia, Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.), quien fungía como testigo en el caso de Odebrecht, en donde este asegura que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, conocía sobre todas las irregularidades en el caso Odebrecht (desde 2015)”. Y cita la entrevista del mencionado medio.

Indicó además que “con fecha 21 de diciembre de 2016, se conoce en Colombia lo que estaba pasando con Odebrecht, pero no por la Fiscalía General de la Nación, ni por su director, el cual sabía lo que estaba pasando, pues los altos directivos de estas empresas reconocieron los delitos ante Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de la Nación”.

En un informe revelado por el Departamento de Justicia de EE. UU. se conoció que en Colombia los sobornos sumaban 11 millones de dólares. “(...) Las intenciones de Odebrecht eran tan ambiciosas, que pretendían quedarse con todos los proyectos de APP o por concesión que se estaban realizando en el país”.

El veedor anotó que “posterior a la denuncia ante las autoridades internacionales, es cuando la Fiscalía General de la Nación toma el caso en serio y decide hacer una investigación (...) Llama poderosamente la atención que la Fiscalía, en menos de tres semanas de conocer la investigación por las entidades internacionales, ya tenía todas las pruebas y documentos para establecer la comisión de los delitos de la firma Odebrecht y de los servidores públicos implicados.

“La gran pregunta es: ¿cómo después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos da a conocer la investigación por el caso Odebrecht, la Fiscalía General ya tenía las pruebas? Nos indica y quiere decir que el fiscal tenía pleno conocimiento, sin embargo, no había dado a conocer la investigación”.

En su denuncia, Urueta reiteró que el fiscal Martínez Neira, desde su posesión, “sabía lo que estaba pasando con Odebrecht e incumplió con su deber objetivo de denunciar como funcionario público de alto rango, teniendo en cuenta que el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal establece el deber de denunciar cualquier conducta penal que deba investigarse de oficio, por lo cual puede estar cometiendo varias conductas delictivas, como el presunto prevaricato por omisión”.

El 6 de diciembre pasado, en el expediente No. 5151, el representante investigador, Óscar Leonardo Villamizar Meneses, avocó conocimiento de la denuncia presentada por Urueta y comisionó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena adelantar la ampliación y ratificación de la misma.

Esta semana, el presidente de Vejuca se presentaría ante el Tribunal a rendir descargos de ampliación y aportar pruebas en la investigación contra el fiscal. Está a la espera de que le notifiquen el llamado.

Urueta recalcó que la solicitud es de medidas de protección, tanto para denunciantes como para testigos en el caso Odebrecht, porque “el tema representa peligrosidad para todas las personas involucradas de una u otra manera con el caso. Con base en el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, se debe dar la protección a los testigos en etapa de indagación e investigación”.

Protección remitida

El 2 de enero pasado, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, José Carlos Puello Rubio, remitió a Jorge Alcides Melo Díaz, de la Unidad Nacional de Protección, una solicitud de protección de Urueta.

Puello le expuso que este “manifiesta ser miembro de una asociación sindical, defensor de Derechos Humanos y servidor público, y encontrarse en una situación de riesgo excepcional a causa de las denuncias realizadas por sus actividades como veedor y por las denuncias realizadas contra Néstor Humberto Martínez Neira respecto del caso Odebrecht.

“A juicio de Urueta, es un hecho notorio que su calidad de testigo al interior del caso y ante las connotaciones del mismo, su vida, integridad, honra y bienes podrían estar en riesgo”.

Solicitó a Melo “adelantar el estudio de riesgo correspondiente, a fin de determinar la situación de riesgo de Urueta”.

Además, el 10 de enero, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos solicitó a la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía revisar la situación, adelantar las gestiones e investigaciones correspondientes y comunicar el resultado de las acciones adelantadas a Urueta. Ello en respuesta a una solicitud de protección que interpuso el veedor el 9 de enero. La misma solicitud cursa en la Defensoría del Pueblo regional Bolívar.

La otra denuncia

Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas (Redver), también presentó denuncia contra el fiscal el 14 de noviembre de 2018.

La razón fue “su posible participación y conocimiento, al igual que sus omisiones en lo relativo al contrato de concesión Ruta del Sol II, como abogado y asesor del grupo Aval, integrante del consorcio adjudicatario con la firma Odebrecht”. Igualmente hizo alusión a que en poder de Noticias Uno existen videos y declaraciones del fallecido Jorge Enrique Pizano, que dan luces frente a los hechos denunciados.

El 4 de diciembre del año anterior, el representante investigador, Óscar Leonardo Villamizar Meneses, dispuso avocar conocimiento de esta denuncia y ordenó la apertura de la etapa de investigación previa, citando a Bustos Sánchez a la correspondiente diligencia de ampliación y ratificación de la denuncia.

La norma

El Código de Procedimiento Penal Colombiano establece en el artículo 212 la protección de testigos en etapa de indagación e investigación.

“Sin perjuicio de las reglas generales sobre protección a los testigos contempladas en el Código de Procedimiento Penal, si en la etapa de indagación e investigación la Fiscalía estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un perito, de su cónyuge, compañero permanente, o de sus parientes hasta en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, dispondrá las medidas especiales de protección que resulten adecuadas para proteger la identidad de los que intervengan en el procedimiento”, reza la norma.

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