A través de una misiva enviada esta semana al alcalde de Cartagena William Dau Chamat, el abogado y excongresista Germán Viana, atendiendo a la emergencia social y económica que atraviesa la ciudad por la pandemia del COVID-19, envió una propuesta con el fin de coadyuvar en el recaudo tributario y en consecuencia, obtener ingresos para invertir en las comunidades que más lo necesitan, siendo una de estas la isla de Tierrabomba. (Le recomendamos: Tierrabomba, una isla que se siente invisible)
Comenta Viana que mediante Escritura Pública No. 10 de 1961 la Nación cedió la titularidad de los terrenos de la isla de Tierrabomba a Cartagena, en conjunto con la Armada Nacional. Así mismo en 2015, el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) estableció que de la totalidad de hectáreas que cuenta la isla, 876 son de propiedad privada y 1.808 son públicas.
“De acuerdo con esto, el Distrito de Cartagena es propietario de 375 hectáreas, o, lo que es lo mismo, de 3.750.000 m², todos en poder de particulares estrato seis, excepto la franja de terreno ocupada por los moradores del corregimiento de Tierrabomba y las áreas institucionales, recreativas y deportivas”, expone Viana.
Sin embargo indica que el Distrito no ha ejercido ningún acto de propiedad o titularidad sobre los predios, toda vez que los asentamientos de particulares no pagan impuesto predial.
“Los predios en poder de particulares carecen de escritura pública registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos, y por consiguiente no generan para el fisco Distrital ingreso alguno, a pesar de las construcciones en ellos existentes”, afirma.
De esta manera, dejando de lado el área ocupada por los nativos, los terrenos que son del Distrito y de la Armada, según expone Viana constituyen un activo inútil. “A pesar de representar extensas áreas de terreno que son explotadas por particulares ya sea por la ocupación con casas de playa, hoteles y restaurantes, tampoco producen dinero alguno a la ciudad. Lo mismo podemos manifestar respecto a los predios privados”, expresa.
Por este motivo el abogado reclama que se tomen accionen que puedan beneficiar a la ciudad y sobre todo a la comunidad insular que vive en precarias condiciones. “La isla de Tierrabomba no cuenta con Plan Parcial (POT). Esto limita su desarrollo, que se adelanta sin dirección y atendiendo solo al interés de cada quien dentro de su informalidad, que se ve reflejada en la construcción y funcionamiento de hoteles, restaurantes y lujosos chalets, construidos en robustas extensiones de tierra, sin el visto bueno de las autoridades competentes, empezando por el Distrito y sin que todo aquello represente ingresos para Cartagena”.
“El Distrito tiene una plata que se llama Tierrabomba pero que está en poder de particulares”, asegura.
La propuesta
Bajo este panorama lo que propone Viana es que el Distrito venda esos predios con el fin no solo de obtener ingresos a raíz de ello sino de cobrar también el impuesto predial, lo cual teniendo en cuenta la amplitud de los terrenos representarían una suma millonaria que el Distrito podría usar en su misión de erradicar la pobreza en Cartagena.
Para ello, Viana sugiere que en primera instancia se determine el valor de las 375 hectáreas de las cuales el Distrito es dueño; luego, se identifiquen cuántas de ellas estas ocupadas por particulares y cuántas por nativos; establecer las áreas de protección ambiental; y precisar detalles como ubicación, permanencia y otros aspectos relacionados al inmueble de los terrenos ocupados por particulares.
En lo que tiene que ver con los predios de la Armada, la propuesta va hacia el mismo rumbo, es decir, que la Nación ceda este territorio a título gratuito al Distrito y que este último posteriormente los venda a los particulares para definir con el Gobierno el pago del impuesto predial de estos terrenos.
“Los nativos históricamente han estado relegados, abandonados, subsistiendo en condiciones infamantes. Los dineros que puede generar la isla de Tierrabomba para el Distrito se convierten en la palanca financiera que se necesita para atender radicalmente la miseria y el hambre de los cartageneros”, expresa Viana.
El exconcejal propone que estos dineros sean enviados a una fiducia destinada únicamente al problema de la pobreza y marginalidad en Cartagena y sea proyectada a 20 años, especialmente para ser invertida en la comunidad insular.
En esta medida también se busca que los nativos sean incluidos en el desarrollo que se daría en la isla buscando soluciones integrales para mejorar su calidad de vida, no solo a través del empleo sino mediante la educación, una infraestructura hospitalaria digna, mejoramientos de vivienda, etc.
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