Cartagena


Vereda Púa: reubicados con los mismos problemas

HILENIS SALINAS GAMARRA

08 de enero de 2018 12:00 AM

“Ojalá”, reza Yarledis Martínez, picando madera recién cortada para hacer una troja que le sirva para poner los platos. “Ojalá ”, repite, verificando que los palos de la troja donde duerme sigan firmes después de una semana de haber sido hecha. “Ojalá mis hijos aquí sean felices, ojalá de aquí no nos saquen corriendo, ojalá que esta vez sí, ojalá que sí”.

Ella, sus tres hijos y su madre, conforman una de las 28 familias que la última semana del 2017 se trasladaron desde la vereda Púa, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, a la finca Silverio, en San Estanislao de Kostka, tras cuatro años de amenazas constantes para que abandonaran el territorio que venían habitando hacía más de una década.

Ahora, en la jurisdicción de otro municipio y durmiendo en los mismos cambuches que tenían en Púa, la comunidad espera un pronto apoyo para reiniciar -por enésima vez- sus planes de vida.

La muerte cerca

Sixta Campos tiene en su recuerdo la fecha exacta en que la vida de decenas de familias que ocupaban un predio de 140 hectáreas en Púa, empezó a desmoronarse. Era 14 de mayo de 2013, cuando un vecino fue asesinado y las amenazas de muerte contra ella, otros dos líderes y toda la comunidad, se volvieron parte de lo cotidiano. Entonces eran 50 familias y en abril de 2014, cuando se dio el primer desalojo ilegal, fueron desplazadas 38.

“A nosotros nos quemaron las casas, nos pegaron, nos golpearon... y  por eso empezamos un proceso con la Defensoría del Pueblo para entablar una tutela que nos garantizara los derechos”, contó Sixta que de esa acción surgió una sentencia que obligaba al Distrito de Cartagena, a la Unidad de Víctimas, a ICBF y a Incoder a clarificar los terrenos para iniciar la titulación de los terrenos habitados, pero como después de eso hubo más amenazas, optaron por hacer un proceso de retorno y reubicación, un nuevo desplazamiento que aceptaron las familias para resguardar sus vidas.

“Nos dejaron aquí y ya”

El 23 de diciembre pasado por fin se dio el traslado. La ahora Agencia Nacional de Tierras dirigió la reubicación, asignando algunos vehículos, pero estos solo alcanzaron para mover a 12 familias; otras 18, entre ellas la de Yarledis, se quedaron en sus cambuches esperando que regresaran por ellas.

“Cuando las primeras familias se fueron, sentí temor. Aparecieron panfletos que decían que si no salíamos las otras, iba a ocurrir una masacre, así que nosotros también recogimos y nos fuimos para el camino”, explicó la mujer de 44 años.

Mientras ella estaba en el camino, en la finca Silverio, los que llegaron se encontraron con un lugar enmontado y lleno de excremento. Con lo que tenían, acondicionaron una vieja bodega sin paredes para dormir esa noche, bajo el aguacero que caía.

El 27 de diciembre, tras cuatro noches comunicándose con las familias que quedaron en el camino, Sixta y otros líderes buscaron de sus propios recursos, prestando y fiando servicios, para traer a las que faltaban. “Ese día jamás se nos va a olvidar, ni cuando vinimos los primeros ni con los últimos... apenas dejamos todos esos terrenos, entraron unos hombres y quemaron todos los esqueletos de las casas, como para garantizar que no volviéramos”, narró Sandra Campos, otra líder.

En las mismas

Luego de 12 días de estar todos en Silverio, las 116 personas, 54 niños y 62 adultos, se han distribuido en 22 cambuches de plástico con esqueleto de madera. Todavía hay varias familias que duermen en la bodega con las poquitas camas que trasladaron.

Otras como Yarledis no han armado las camas, sino que construyeron trojas con madera y sobre ellas pusieron los colchones que se trajeron.

Ingeniosos sí son, pues tienen cocinas y baños colectivos. La bendición de la finca es que tienen acceso al agua de la tubería, pero siguen sin energía eléctrica ni gas natural.

“Estos son terrenos de mucha africana y serpiente, detrás de la bodega hay una colmena y cada día matamos cuatro o cinco culebras, porque como nos dieron esta tierra sin adecuar, hemos tenido que hacerlo nosotros mismos, pero hay cosas como la fumigación que se nos salen de las manos”, enfatizó Sandra.

Piden apoyo para empezar

Aunque han adaptado el terreno para vivir, la alimentación sigue siendo compleja para ellos pues dejaron sus sembrados en Púa y sienten temor de ir a buscar los productos, por las amenazas.

“Con la alimentación hemos padecido, el miércoles una persona me regaló un bulto de arroz y dividimos entre las familias, unos atuncitos, aceite, pero realmente es lo que la gente pueda conseguir”. El sábado, representantes de la Secretaría de Víctimas de Bolívar llegaron con mercados para las familias, tenían café, lentejas, panela, aceite, arroz y pastas, entre otras cosas. Para familias numerosas, como la de Marciano Vásquez que tiene 8 integrantes, esa comida alcanza para dos días máximo.

Sin salud ni escuela

Como ahora hacen parte de San Estanislao, las líderes Sandra y Sixta han intentado contactar con la alcaldía del municipio para definir algunas ayudas y buscar espacio para los niños en los colegios oficiales, pero dicen no haber logrado nada.

“Pensamos que al llegar aquí, recibiríamos apoyo, pero la alcaldesa no nos recibe, los niños están sin colegio... lo único que hicieron hace poco fue censarnos, pero las necesidades principales no están siendo atendidas”, dijo Sixta.

Emergencia humanitaria

Óscar Robledo, coordinador de Prevención y Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Víctimas departamental, aseguró que la obligación de atención para la comunidad es de varias entidades, entre ellas la Unidad de Víctimas, el ICBF, las alcaldías de Cartagena y San Estanislao, así como la Gobernación.

“Como Estado tenemos que responder, porque nosotros no somos defensores de derechos, sino garantes y necesitamos la presencia de los otros entes”, enfatizó Robledo.

El funcionario también explicó que el 30 de diciembre hubo una mesa de trabajo donde se tocó el caso y salió una fecha tentativa para el 16 de enero hacer un comité de justicia transicional donde se establecerán más compromisos concretos.

El ICBF y la Secretaría de Salud departamental también hicieron presencia, mas no intervenciones, por lo que las 28 familias se unieron en una sola petición: “Que nos ayuden, en este momento nadie se está ganando un día de trabajo. Cuando ya estemos posicionados en la parcela, nos defenderemos solos, pero ahora no tenemos ni con qué alimentarnos”.

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