A raíz del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, las autoridades comenzaron a investigar qué otras edificaciones pertenecían a la familia Quiroz y se sorprendieron al saber que más de 10 edificios de la ciudad eran de ellos y, la mayoría, al parecer, fueron construidos de manera ilegal.
Por esto, ordenaron de inmediato que los moradores desocuparan sus apartamentos, a los que les harían un estudio para verificar las condiciones en las que se encontrarían sus columnas y paredes, evitando así un posible desplome.
En principio los propietarios entraron en shock y se preguntaban si era necesario desocupar, incluso algunos alegaban que tenían más de dos años viviendo en esas edificaciones y nada había pasado, sin embargo, la mayoría salió de sus hogares.
Javier Guzmán, propietario de uno de los apartamentos de Brisas de Blas de Lezo, también de los Quiroz, salió de su casa junto a su familia el año pasado y comenzó a pagar arriendo, dinero que según comentó, le fue reembolsado meses después.
“Yo tomé la decisión de regresar a mi apartamento con mi familia, porque nosotros compramos en el 2014 y llevamos cinco años viviendo aquí y nunca hemos visto grietas o demás cosas que nos pongan en peligro”, dijo con seguridad, añadiendo que “si este edificio hubiera sido construido mal, se hubiera caído primero”.
En el 2017, cuando comenzaron a alertarlos de que debían salir del lugar, les indicaron que iban a dormir en colchonetas en el coliseo Bernardo Caraballo.
“Cuando nos dijeron eso, interpusimos la primera demanda y la juez en primera infancia falló que debían darnos unos subsidios bajo las condiciones socioeconómicas en las que nos encontrábamos viviendo actualmente. Fue ahí cuando dijeron que nos iban a dar unos subsidios”, explicó Guzmán, quien señaló que vivió seis meses en el barrio Nuevo Bosque y todo ese tiempo pagó el arriendo con su dinero, pues el subsidio le llegó fue cuando ya estaba de regreso al apartamento.
“Nosotros desocupamos en el 2018 y siempre iba a Gestión de Riesgo para preguntar por el subsidio y me decían que tenía que llevar los papeles, después de que había problemas con mis documentos, en fin, siempre había algo y cuando escuché que los estudios de la Universidad de Cartagena estaban siendo cuestionados, al parecer, por ser plagiados, decidí venirme para mi apartamento con mi familia”, insistió.
Meses después regresó otra familia a vivir en el edificio, quienes también se cansaron de seguir pagando arriendo, teniendo algo que propio.
Desde que inició el 2019, comenzaron a visitarlos y a decirles que debían desocupar, incluso llegaron, según indicó Javier, a intimidarlos.
“Me llamaba un abogado a mi celular, venían los policías cuando solo estaba mi mamá y en tono intimidante decían que teníamos que salir de aquí, que estábamos en peligro. Incluso el abogado llegó a decirme que si no salíamos, nos sacaban”, comentó con indignación, alegando que tuvo que denunciar estos actos para que los dejaran tranquilos, pues hasta ahora la Alcaldía no les ha mostrado una solución viable.
“Yo compré este apartamento con mis cesantías, hice un crédito para terminar de pagar y otro de libre inversión para completar la cuota inicial y ahora estoy en data crédito porque como pagaba arriendo, no me alcanzaba para pagar las cuotas del banco y no es justo”, aseguró.
Desde que tomaron la decisión de regresar a su apartamento, el cual está en el primer piso, decidieron no pensar tanto en lo que había ocurrido con Portales de Blas de Lezo II, sino en simplemente disfrutar de lo que era de ellos.
“Además de que yo tengo un chiquitín al que le dejaré este apartamento cuando yo ya no esté”, manifestó Javier, y agregó que “yo trabajo en una firma de ingenieros y dos amigos vinieron a ver la estructura y me dijeron que no ven que el edificio presente síntomas de grietas, puertas desniveladas o pisos rajados. Eso nos tiene con más calma”.
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