Además del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, la medida cobija también a los exsecretarios de Infraestructura Física, Mauricio Restrepo Gutiérrez y María Cristina Mesa Zapata, lo mismo que a 10 consorcios y la unión estemporales que abarca 20 empresas de obras civiles y la Fundación para el Buen Gobierno (hoy Fundación Cubo).
La determinación se originó al verificar, en más de 22 indagaciones preliminares y procesos fiscales que hubo deficiencias en la planeación contractual, demoras injustificadas en la ejecución de las obras contratadas y adiciones no justificadas, entre otras irregularidades, según información que suministró la Contraloría.
Así mismo, se precisa que en desarrollo de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaron sobre estos hechos, en las vigencias 2008 a 2010, se presentaron situaciones irregulares en la actuación de funcionarios de la Contraloría General de la República de la gerencia departamental de Antioquia de esa época.
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