La juez 29 de Garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento a tres directivos y dos exfuncionarios de la Nueva EPS, por presuntos recobros irregulares del sistema de salud que superan los 67 mil millones de pesos.
La Fiscalía había asegurado inicialmente que los procesados había sido enviados a centros carcelarios de Bogotá, pero luego aclaró que los implicados no fueron enviados a la cárcel sino que la medida de aseguramiento es de prisión domiciliaria.
Se trata de Adriana Páez Lizarazo, gerente de recobros y cuentas médicas; Javier Agudelo Valencia, vicepresidente en Salud; Henry González Ramírez, coordinador de Comité Técnico Científico y de Tutelas; así como Mónica Jimena García, quien fue coordinadora técnico científica; y Claudia Helena Sánchez, exgerente operativa de salud, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa agravada.
Estas personas fueron detenidas por presuntamente realizar 41 mil recobros irregulares por servicios que no están Plan Obligatorio de Salud entre 2008 y 2010, esto por un monto que asciende los 67 mil millones de pesos.
“El recobro por tutela es aquel que presenta la EPS en cumplimiento de una tutela y hay otro que se presenta a través de un Comité Técnico-Científico (CTC). Lo que hacían era el cambio de un servicio prestado a través de un fallos de tutela por el del CTC y así conseguir el cien por ciento del recobro”, aseguró el Fiscal, ya que la modalidad de tutela solo permite un reembolso entre el 50 y el 85 por ciento.
Para el ente acusador, existen falsedades evidenciadas en el CTC que ocasionaron un defraude y perjuicio al Estado. Entre las pruebas recopiladas por la Fiscalía se encuentran bases de datos del Fosyga y del CTC.
Durante la determinación de la juez fue necesario que los asistentes a la diligencia abandonaran el lugar ante su oposición a por la decisión de enviarlos a prisión de manera preventiva.
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