Un juez negó la solicitud de levantar la medida de aseguramiento con la que fue cobijada la exsenadora Dilian Francisca Toro, presuntamente implicada en el delito de lavado de activos.
La solicitud había sido presentada por su abogado Iván Cancino, quien ante la determinación presentó un recurso de apelación que deberá ser revisado por el vicefiscal general Jorge Perdomo.
A principios de marzo, Toro fue llamada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, luego de que renunciara a su curul y la Sala Penal del alto tribunal notificara que no la seguiría indagando, porque no tiene competencia para investigar el delito que se le imputa.
Los investigadores de la Corte compararon informes de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) sobre los movimientos de la ex congresista y la relación de ingresos y adquisiciones y encontraron que al parecer la compra de tres fincas por ese monto no está justificada de forma adecuada.
Las primeras versiones atribuyen dicha suma a dinero que habría sido entregado por el excapo del cartel del Norte del Valle, Víctor Patiño Fomeque. Cada una de las dudas que surgen alrededor de este caso se espera sean resueltas y explique si dichos bienes fueron comprados con dinero del capo para darle apariencia de legalidad o cuál es el origen del dinero con el que fueron adquiridos.
Según el ente acusador, habría habido supuestas negociaciones entre 2005 y 2007 de la sociedad Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual forma parte la excongresista, al adquirir las fincas San Miguel, La Milagrosa y Barcilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca). Estos predios, según la Fiscalía, tuvieron su origen en actividades del narcotráfico del cartel de Cali. En la investigación que se ha realizado se dice que, de acuerdo con los ingresos de Toro, no se justifica la compra de estas tierras.
Toro permanecerá privada de su libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía.
