Claro, la empresa de telefonía celular propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim, se estaría enfrentando a la sanción más cara que una empresa de este tipo tendría que pagar al Gobierno colombiano, la cual podría llegar a los US$ 31 millones.
La Superintendencia de Industria y Comercio tendría las pruebas de cómo la compañía, antes Comcel, habría realizado maniobras irregulares para monopolizar el mercado, además de haber usado estrategias que iban en contra de la legislación colombiana, afectando así a las empresas que eran su competencia directa. Así mismo por obstruir procesos de algunos usuarios que querían cambiarse de operador.
Las pruebas estarían sustentadas en entrevistas con representantes de las otras compañías de telefonía celular en el país, fabricantes de teléfonos, distribuidores y vendedores de sim card, copias de correos enviados por Juan Carlos Archila, presidente de Claro, entre otras.