Con el argumento de que destruir los archivos históricos de operaciones militares lesiona varios derechos y afecta la reconstrucción de la memoria histórica, el Consejo de Estado determinó que esta práctica es inadmisible y condenó a la Nación por la destrucción de documentos en una base militar en San José del Guaviare.
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourt, determinó que la destrucción de los archivos militares que contenían la información oficial de lo ocurrido en materia de orden público y conflicto armado se interpreta como un indicio grave en contra de la misma institución.
Se trata de un caso en el que un Capitán del Ejército ordenó la destrucción de todos los archivos de un batallón correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996, por considerarlos “basura”. Con esto, se vieron lesionados los derechos de una persona afectada por una toma militar en San José del Guaviare en 1994, pues la documentación dejó de existir.
La Sala afirmó que el mando militar solo se limitó a reiterar que los archivos fueron destruidos y que esa actuación no generó ninguna investigación penal o disciplinaria al responsable, pero no se agotó ningún esfuerzo administrativo por trasladar o recuperar desde otros archivos o centros de documentación el material probatorio destruido.
Esto, sumado a la ausencia de investigación penal o disciplinaria y la omisión en la reconstrucción de la información destruida, evidencia una actuación negligente por parte del Ejército.
Además, demuestran la omisión de procurar por la custodia y conservación de sus archivos, que conducen al respeto de derechos constitucionales como el de petición, el acceso a la información pública y bases de datos, debido proceso administrativo, acceso a la justicia y reconstrucción de la memoria histórica.
En la Sentencia, la Sala recordó que la reconstrucción de la verdad es una forma de reparación simbólica que contribuye a sanar las heridas en una sociedad y que, por tanto, la reconstrucción de la memoria histórica se afecta cuando el Estado minimiza la importancia de sus archivos y permite su desaparición.
“Allí reposan los materiales que contienen el trasegar administrativo, jurídico, político, económico, cultural y social de una comunidad organizada que, sin conocimiento y sin forma de rastrear su cultura y su historia, hacen bien difícil, sino imposible, la constitución de unidad como Nación y con ello el quiebre del interés general, de la libertad y de la paz”, concluye el pronunciamiento.