La justicia colombiana avanzó en un nuevo caso relacionado con la violencia contra excombatientes en proceso de reincorporación. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Gerardo Álvarez Peña, conocido con el alias de El Brujo, señalado de ser cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc.
La decisión se produce tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que lo vincula con ataques dirigidos contra firmantes del acuerdo de paz en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Según el ente acusador, el señalado habría tenido un rol activo en la organización de estructuras ilegales en zonas urbanas. Lea: Revelan informe de la DEA que vincula a Nicolás Maduro con Irán y las Farc
Durante la investigación, la Fiscalía estableció que entre 2020 y 2023 alias El Brujo habría coordinado la creación de milicias urbanas con el objetivo de obtener información sobre movimientos de la fuerza pública y enfrentar a otros grupos armados ilegales que operan en esa zona del país.
Fiscalía señala ataque a firmante de paz en Tibú
Uno de los hechos que sustentan el proceso judicial es el atentado contra el firmante de paz Juan Antonio Castro Carrillo, ocurrido el 23 de octubre de 2022 en Tibú. De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada en su vivienda y sufrió una herida en el abdomen que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.
Las autoridades consideran que este ataque habría sido ordenado como represalia, luego de que el excombatiente se negara a integrar las filas del grupo armado ilegal. Este hecho es clave dentro del expediente que llevó a la captura y posterior judicialización del presunto cabecilla.
Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Álvarez Peña los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, todos con circunstancias de agravación. El procesado no aceptó los cargos.
Tras las audiencias concentradas, el juez determinó que el implicado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.