32% del desplazamiento se produce en zonas de consolidación militar

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, denunció que en las llamadas zonas de consolidación de la política de Seguridad Democrática se generó el 32.7 por ciento de todo el desplazamiento del 2010.
La ONG reportó un total de 280.041 personas desplazadas el año pasado, de las cuáles al menos 91.499 provienen de las 14 zonas conocidas como CCAI (Centros de Coordinación y Atención Integral) y que integran 7 regiones que comprenden 86 municipios de 17 departamentos.
En estas zonas se busca hacer "énfasis en la superación del desplazamiento forzado, la protección de los Derechos Humanos, la reconciliación y la superación de la pobreza extrema", dice el texto del Plan de Consolidación Territorial que se aprobó en 2007. Para Codhes, de los 100 municipios que presentaron mayor tasa de desplazamiento forzado, 44 están en esas zonas CCAI siendo la región del Bajo Cauca Antioqueño la más preocupante.
Asimismo se conoció que la principal causa del desplazamiento es la violencia, pues durante 2010 en 62 de los 86 municipios CCAI seguían operando "por lo menos 8 grupos paramiliatares (entre antiguos, rearmados y nuevas estructuras), mientras que las Farc mantuvieron o reactivaron su presencia en 30 municipios y el Eln siguió actuando en otros 4".
La ONG reportó que en esas zonas donde hay mayor presencia militar ocurrieron el año pasado 19 masacres que dejaron 92 personas asesinadas, en tanto que otras 176 personas más fueron víctimas de asesinatos selectivos entre los cuales se encuentran 11 indígenas, 7 servidores públicos, 4 líderes comunales, 1 defensor de derechos humanos, 1 líder afrocolombiano y 1 periodista.
Para la ONG es evidente la incapacidad del Estado para proteger a la población civil en estas zonas en las que "se mueven poderosos intereses económicos", pues se evidencia el despojo de tierras como una especie de complemento del desplazamiento forzado. El informe de Codhes asegura que entre 1980 y julio del 2010 se produjo el despojo de por lo menos 6 millones 638 mil 195 hectáreas en el país por acciones violentas atribuidas a grupos ilegales. De estas "los departamentos de Antioquia y Chocó fueron epicentro del despojo de 1 millón 852 mil 561 hectáreas.
Luego siguen los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el municipio de Buenaventura en el Valle con un estimado de 1 millón 491 mil 892 hectáreas. Y Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada con 1 millón 43 mil 939 hectáreas de tierras despojadas.
En Magdalena, Cesar, Guajira y Norte de Santander el despojó es de 866 mil 535 hectáreas y en Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba fueron 749 mil 968. Finalmente, en Boyacá, Caldas, Cundinarca, Huila. Quindío, Risaralda, Tolima, Santander y Valle (sin contar Buenaventura) la cifra es de 633 mil 299 hectáreas. De acuerdo con Codhes, estas regiones son en las que se adelanta explotación minera y graves violaciones de Derechos Humanos, especialmente en Montelíbano, Córdoba; Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza en el Bajo Cauca Antioqueño;  San Jacinto en los Montes de María, El Tambo, Santander de Quilichao, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Balboa en el Cauca; Istmina y Sipí en Chocó; Barbacoas y Samaniego en Nariño; Tibú en el Catatumbo, Chaparral en el Tolima y Buenaventura en el Valle.
De acuerdo con Codhes, "la fiebre por acelerar la locomotora de la minería en territorios de violencia y pobreza, empieza a subir en medio de la ambición desbordada de grandes empresas".  Actualmente, 108 mil 972 hectáreas de 22 de los 34 páramos del país, están en riesgo por la concesión de 391 títulos mineros que, en un 80 por ciento, fueron entregadas durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, dijo la organización no gubernamental.
"Las zonas mineras están militarizadas y paramilitarizadas: la fuerza pública protege la gran inversión privada y los %paras% evitan la protesta social y presionan el desplazamiento", denunció Codhes.
-Polémica con acción social
Acción Social de la Presidencia reportó que en 2010 hubo 86 mil 312 personas desplazadas, cifra que Codhes crítica porque asegura que excluye a los desplazados del paramilitarismo, los intraurbanos y los producidos por las operaciones militares y policiales de fumigaciones de cultivos ilícitos. No obstante, la cifra oficial reconoce que las personas desplazadas llegaron a 719 municipios y que de los 100 municipios con mayor expulsión, 42 hacen parte de las zonas.