En lo corrido de 2019, 264 periodistas han sido víctimas de 229 violaciones a la prensa por investigar casos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado, entre otros delitos, en el territorio nacional. Pese a existir una reducción de 44 agresiones, comparado con el mismo periodo del año pasado (308 casos), se mantiene prendida una alarma en el gremio nacional.
85 de los reporteros han recibido amenazas, el tipo de ataque a la prensa más recurrente en todo el país, según revelan cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip. Se trata de indicadores que cobran vigencia en el Valle del Cauca porque solo esta semana, en este departamento, se registraron cinco amenazas a periodistas de medios radiales y televisivos que recibieron mensajes intimidantes en sus teléfonos personales.
Se trata de Fransuá Martínez, de Blu Radio; Miguel Ángel Palta, de 90 Minutos; y Eduardo Manzano, de Noticias Caracol, así como los camarógrafos de este mismo medio: Arlex Piedrahíta y Alexánder Cárdenas, quienes hacen parte de los trece periodistas que han sido víctimas de once violaciones a su ejercicio profesional este año en la región.
“Los tenemos en la lista de los muertos. Están declarados objetivo militar y no descansaremos hasta que mueran, sapos, mostrando los territorios propios. Estamos en pie de lucha”, dicen los mensajes de texto firmados por supuestas disidencias de las Farc bajo el nombre de ‘Comando Conjunto Occidental del Sexto Frente’.
De acuerdo con Manzano, corresponsal de Caracol en la región, estas intimidaciones se deberían a los cubrimientos que los reporteros hicieron en el mes de junio en Tacueyó, corregimiento de Toribío (Cauca), a propósito de los cortes a las conexiones ilegales de energía para alimentar cultivos ilícitos de ese departamento.
Los cortes fueron hechos por operarios de una empresa de energía luego de que la comunidad y la Guardia Indígena diera su aprobación, dado que dichas conexiones afectaban con sobrecargas el servicio eléctrico en los municipios de Miranda, Caloto y Corinto, que se alimentaban de esa red.
“Cuando íbamos a arrancar para donde iban a hacer los cortes de energía nos encontramos con unos hombres en moto que hacían llamadas por celular. Las personas de la comunidad nos dijeron que eran los que cuidaban los cultivos. Los hombres nos siguieron durante un rato y luego se dispersaron. A la semana siguiente me enteré que a la Guardia Indígena le llegó un panfleto de amenaza firmado por el Ejército Popular de Liberación, EPL, y que iba a dirigido a líderes del sector”, relató el periodista.
Según Manzano, aunque en ese momento no le preocupó la presencia de aquellos motociclistas -“ese tipo de cosas ya se vuelven normales para uno”-, sí inquieta bastante la amenaza de muerte que lo define como “objetivo militar” y el hecho de que en el Cauca abundan diferentes grupos armados, lo que dificulta la identificación de cada uno.
“Genera mucha incertidumbre porque ese mensaje lo puede escribir cualquiera, pero no por eso debe desestimarse. Y a eso se suma la presencia de bandas criminales que no les importar matar a quién sea. Uno podría decir que allá no hay ni Dios ni Ley”, dijo el corresponsal.
Frente a estos hechos, la Policía Metropolitana de Cali anunció la creación de un grupo especial de investigación e Inteligencia para que identifique la procedencia de las amenazas contra los comunicadores sociales, quienes ya sostuvieron una reunión con las autoridades.
“El comando de Policía Región N°4, de la Policía Metropolitana de Cali, de la Tercera Brigada del Ejército, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y Alcaldía de Santiago de Cali trabajarán articuladamente para garantizar la seguridad de estas personas (periodistas)”, agregó el documento de la institución.
A su vez, Luisa Fernanda Isaza, coordinadora de Defensa y Atención a Periodista de la Flip, resaltó que “el caso de los cinco periodistas registrado en el Valle es muy preocupante y más si cubrían un tema de altísimo interés público, como son los cultivos ilícitos en zonas en donde hay presencia de grupos armados ilegales”.
Isaza explicó que el norte del Cauca es una región que tiene frontera tanto con el mar como con ciudades importantes del Suroccidente colombiano, es decir, un sector estratégico para organizaciones que buscan tener el control de los corredores del narcotráfico, pero también de contrabando, venta de armas, entre otras.
“Hay mucho interés por silenciar y censurar las voces que reportan esta situación. Otro tema importante es que los presuntos agresores con más ataques a la prensa son desconocidos, con 96 periodistas víctimas de 89 violaciones en 2019, y esto es porque la justicia avanza poco para esclarecer los hechos”, indicó Isaza de la Flip.
Por su parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que la gran diferencia en términos de seguridad con años anteriores es que ya no están las Farc, que era el principal actor.
“Ahora hay un reacomodo criminal de disidencias, EPL, ELN y la posible aparición de un nuevo grupo guerrillero indígena. Lo que dicen los habitantes del Cauca es que antes podían hablar con un comandante, pero en estos momentos ya no sabe quién manda o quién controla tal estructura. Es decir, ya no hay posibilidad de mediación con la comunidad”, aseguró Ávila.
Lo dicho por él coincide con las cifras: en el 2019 van 33 asesinatos y 7 atentados a líderes indígenas en el norte del Cauca.
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