En medio de los reveses que ha sufrido parte de su agenda legislativa, el Gobierno Nacional logró que el Congreso de la República aprobara el proyecto de presupuesto bianual de regalías, que será el más alto de la historia por 30 billones de pesos.
Aunque la iniciativa llegó a estar en un momento de la discusión hundida, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la ley, que será fundamental para asegurar las inversiones de los departamentos y municipios en los años 2019 y 2020, como también para que se ayude a tapar el hueco presupuestal de la educación pública, la cual logró asegurar 2 billones de pesos para ese mismo periodo.
Incluso el momento de mayor suspenso se dio sobre las 8:00 de la noche, cuando la plenaria del Senado terminó la votación del articulado, lo que llevó a que la Cámara de Representantes acogiera ese articulado. La suma de los 30 billones de pesos se compone de 24,2 billones que vienen de esta ley, como de 6 billones más de dinero que había quedado por ejecutar de presupuestos anteriores.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, destacó que “es el más alto de la historia” y confió que con el mismo se tendrán mejoras sustanciales para el país en la inversión social. Destacó que se protegen para las regiones la viabilidad de mantener las regalías que vienen del sector minero y petrolero.
A su turno, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, sostuvo que este proyecto garantiza que la educación tengan en los dos próximos años 2 billones de pesos más.
El senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez, también ponente, explicó la forma cómo ese dinero extra de la educación se ejecutará. “Quedó un billón en infraestructura y de 500.000 el plan de becas (antiguo Ser Pilo). Hay que ser claros en que esto es optativo, hay que contar con la voluntad de los gobernadores en cada región”, explicó el senador.
Explicó que también en esta ley se incluyeron unas normas especiales para hacer más rápido la ejecución de las inversiones, como lo son las obras por regalías. “Hoy para que un municipio o departamentos vean la plata de las petroleras deben esperar unos siete años, lo que estamos haciendo es reducir de siete a dos años y serán los alcaldes y gobernadores los que sigan definiendo las obras y esto seguirá yendo a los Ocad”.
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