Las autoridades colombianas iniciaron el jueves una investigación contra el servicio de comercio electrónico Rappi alegando presuntas violaciones a las normas del consumidor.
Según dijo a la prensa Andrés González, superintendente de Industria y Comercio del país, su dependencia tomó esta decisión para verificar si la plataforma acató una orden administrativa que fue previamente impuesta por las autoridades debido al elevado número de quejas que colombianos interpusieron contra el servicio. No se precisó qué tipo de quejas eran.
Por las características de la compañía, al gobierno no le era posible constatar que la empresa atendiera a los consumidores y los dejara satisfechos, por lo que se exigió incluir en sus comunicaciones un enlace para que sus quejas también lleguen a la Superintendencia.
Rappi tendrá un mes para acatar el pedido. Hasta el momento, ningún representante de la marca ha declarado sobre esta situación.
Esta aplicación móvil --cuya sede está en Bogotá-- permite que los usuarios puedan hacer compras en restaurantes y algunas tiendas y recibirlas en su domicilio. Se fundó hace cuatro años y tiene presencia en ocho países de América Latina.
Los repartidores trabajan en su propio horario y reciben un pago por cada entrega que hacen. En Colombia, un trabajador de este tipo gana unos 45 mil pesos al día (unos 15 dólares).
La mayoría de los repartidores en este territorio son migrantes venezolanos que no tienen otras opciones de trabajo, pues están recién llegados al país tras haber huido de la crisis que aqueja al suyo.
De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, alrededor de 3.5 millones de venezolanos han abandonado su país en años recientes y la mayor parte de ellos se han quedado en Colombia, que tiene 1.8 millones de esos nacionales.
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