La Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Efraín Torrado García, para que responda en juicio, como presunto interviniente del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Lo anterior, luego de que fuera relacionado con la suscripción de 21 convenios que le fueron entregados al ‘Grupo Torrado’, conformado por varias firmas relacionadas con el excongresista, para que suministrara la canasta alimentaria en distintas localidades de Bogotá, entre los años 2008 y 2011.
La acusación, dictada por la Sala de Especial de Instrucción, hace referencia a hechos vinculados al denominado “carrusel de contratos” en Bogotá.
Lea: Excongresista Germán Olano, acusado por la Corte Suprema por corrupción
Según la Corte, la Secretaría de Integración Social del Distrito celebró múltiples convenios con el grupo empresarial que era controlado por el entonces senador a través de miembros de su familia o terceros, con el fin de que suministrara la canasta alimentaria en programas de atención a familias y a personas en condición de vulnerabilidad.
“Los medios de prueba valorados apuntan a demostrar que para que las empresas de su grupo familiar lograran la adjudicación de los contratos, Torrado habría desplegado toda clase de acciones e influencias indebidas ante la Secretaría de Integración Social del Distrito, a través de un contratista y un exsenador relacionados también con ese ‘Carrusel de Contratos’, aseguró la jurisprudencia.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Así mismo, señalan que a cambio de que se le dieran esos negocios jurídicos, Torrado presuntamente pactó el pago de comisiones por gruesas sumas de dinero. Además, se encontró un inusitado incremento en los contratos que obtuvo el ‘Grupo Torrado’.
Durante el 2008 y 2009, este conglomerado empresarial consiguió que se le entregaran de forma directa contratos por más de $110.000 millones, tiempo en el que las adjudicaciones de la Secretaría de Integración Social al mencionado grupo crecieron en un 350 % con relación a la administración anterior.
En la decisión, la Sala de Instrucción señala que el acusado pudo usar su calidad de senador de la República y su amistad con un congresista también involucrado en esas acciones, para conseguir que se aumentara la entrega de convenios a las empresas del ‘Grupo Torrado’, afectando la imparcialidad y transparencia que debe regir en la contratación pública.
Comentarios ()