Colombia


Alcaldía de Bogotá puede ordenar cierre de local que funcione cerca de reservas

El Consejo de Estado determinó que la Alcaldía de Bogotá sí tenía competencia para ordenar el cierre definitivo de los establecimientos comerciales cerca a reservas naturales.

COLPRENSA

05 de mayo de 2020 09:15 AM

El Consejo de Estado determinó que la Alcaldía de Bogotá sí tenía competencia para ordenar el cierre definitivo de los establecimientos comerciales que estuvieran operando por fuera de las normas establecidas para el uso del suelo en la franja de adecuación de los cerros orientales de Bogotá.

Así lo concluyó la corporación al declarar legales las decisiones por medio de las cuales las alcaldías de Chapinero y Bogotá ordenaron el cierre de un motel que funcionaba en la vía a La Calera, cerca de una reserva ambiental.

La decisión, cuya validez fue ratificada por el Consejo de Justicia de Bogotá, originó que una de las sociedades que figuraba como propietaria del establecimiento comercial interpusiera una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la intención de que esa corporación judicial dejara sin efectos esta sanción y ordenara indemnizar a la afectada por los ingresos que dejó de percibir desde que se materializó el cierre del lugar, el 18 de junio del 2011.

Como el Tribunal negó las pretensiones, la sociedad demandante interpuso un recurso de apelación, con la intención de que el Consejo de Estado accediera a sus pretensiones de nulidad y restablecimiento de derechos.

La corporación ratificó el fallo del tribunal. Negó las pretensiones, por considerar que la ley sí otorgaba competencia a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Alcaldía Menor de Chapinero para sancionar hasta con el cierre definitivo a los propietarios de establecimientos comerciales que operaran fuera de las provisiones sobre el uso del suelo.

“El alcalde es el competente para ordenar el cierre definitivo de un establecimiento de comercio que no acate las normas referentes al uso del suelo, es decir, que no se encuentre en terreno permitido por las autoridades municipales y departamentales”, señala la providencia.

Para el Consejo de Estado el motel funcionaba en un área de adecuación y estaba situado en un barrio ilegal, no estaba siguiendo las reglas relacionadas con el uso del suelo, de donde se desprende la evidencia de la competencia con la que actuaron las autoridades a la hora de imponer la sanción.

La Corporación judicial encontró entonces que la alcaldía de Chapinero se sustentó en la regulación vigente para soportar que el inmueble estaba mal ubicado, así lo decía el Plan de Ordenamiento Territorial, que indicaba que los bienes que no se encontraban asignados a un sector, estaban prohibidos.

Además de esto, para la corte, no se constituye una violación al debido proceso en los demandantes, el hecho de que estos no hubieran sido vinculados al proceso sancionatorio, pues en ese entonces el predio había sido sometido a un proceso de extinción de dominio y entregado a otra sociedad en calidad de arrendataria y depositaria del bien.