La Comisión Transitoria de Verificación que creó el Ministerio de Defensa para evaluar las denuncias de serias irregularidades en el centro de reclusión militar de Tolemaida encontró que el centro se “convirtió en un desorden administrativo sin precedentes, con alto grado de corrupción”.
El informe oficial señala que este centro fue transformado en negocios particulares de toda índole en donde, por ejemplo, los internos eran propietarios de ‘talleres productivos’ que incluso “en algunos casos eran muy prósperas empresas privadas, y para quienes en ellas laboraban”,
La Comisión reveló que los internos también hicieron negocio para quienes se decían dueños de las cabañas –oficialmente destinadas para las visitas conyugales- pues las vendían. “Y negocio para quienes estaban al frente del penal y que abusando de las competencias otorgadas, hicieron de la cárcel una empresa de extracción ilegal de recursos.”.
“Las irregularidades tienen un común denominador: la corrupción. Los permisos sin autorización judicial, la operación de “proyectos productivos”, la ausencia de aplicación de reglamentos, los privilegios de los que gozaban algunos internos, la estadía de personas ajenas al penal, la construcción de cabañas o kioscos y todas las demás irregularidades están articuladas de tal modo, que constituye un sistema en función de la corrupción y retroalimentado por la corrupción, del cual todos los involucrados, de una u otra forma, se beneficiaron”, asegura el informe.
Según dijo la Comisión, conformada por el Inspector General de las Fuerzas Militares, el Inspector General del Ejército Nacional, el Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, como delegado del Ministro de Defensa y el Director del Inpec, las denuncias conocidas por los colombianos sobre las irregularidades en el centro por medios de comunicación no alcanzaron a develar la verdadera situación del centro “pues ésta era más compleja”.
Los hallazgos
Cabe aclarar que la comisión sólo verificó las denuncias y la efectiva aplicación de medidas administrativas y judiciales desde el momento en que fue creada, es decir el pasado 4 de abril.
La Comisión señaló que las cabañas ubicadas dentro del centro se utilizaban como habitación transitoria para las familias de los internos, que fueron construidas por los mismos reclusos sin cumplir las normas por lo que se podrían derivar en responsabilidades individuales. Incluso, las “cabañas fueron asignadas de tiempo atrás a determinados internos, quienes las asumían como su propiedad privada, a tal punto que se registran testimonios que indican que eran vendidas entre ellos”.
Sobre los proyectos productivos, el informe asegura que el centro de reclusión fue transformado en negocios particulares de toda índole que beneficiaban a un número limitado de reclusos. “No existen documentos de autorización o que señalen la forma de asignación, así como tampoco contratos de locales ni información contable”, señaló la Comisión.
“La ausencia de políticas, controles y disciplina frente a este tema era tan evidente que no existía la mínima verificación con los jueces de ejecución de penas o de conocimiento, respecto a la autorización a los internos para adelantar trabajos extramuros o sobre cumplimiento de los presupuestos legales para redención de penas por trabajo”, agregó.
Según lo manifestado por el director del Centro, coronel César Rodríguez a la Comisión, los “aportes” que percibía el establecimiento por los proyectos eran destinados al sostenimiento del penal. “Sin embargo, tales ‘aportes’ resultaban ínfimos respecto al monto del pago que recibían los dueños de los negocios”. Estimó la comisión que la falta de estructura administrativa en el penal crea un complejo escenario para que estos proyectos sean instalados de forma legal.
Internos ‘salían’ a trabajar
Los informes de Inspección presentados por el Ejército, tras las visitas efectuadas al Centro de Reclusión, señalaron a la Comisión que al menos 92 internos salían del Centro a trabajar “desde tempranas horas. Tal actividad se hizo sin que intermediara permiso judicial o autorización del Director de la Cárcel en los términos descritos en la ley, esto es, a través de los cuerpos colegiados, que no estaban conformados”.
La Comisión agregó que el sistema de seguridad interna y externa del penal era inoperante de forma tal que se permitieron en el penal. “Todo tipo de excesos y se facilitó por la no implementación de medidas elementales tales como el libro de conteo de los internos y el libro de control del personal saliente del centro carcelario”.
El informe revela que el reglamento del centro aún espera por ser aprobado, que no están sistematizados los archivos del penal y que se carece de personal administrativo especializado en la normativa carcelaria que “se traduce en la práctica en un enfoque militar en el tratamiento de los internos, en perjuicio de los mismos e incluso de la propia Fuerza”.
En materia de infraestructura, se revela que las instalaciones resultan insuficientes frente al crecimiento de la población reclusa y que las celdas no tienen el espacio suficiente para una “subsistencia digna”. Por esta razón, se pide que se hagan los correctivos adecuados en dialogo con el Inpec.
Recomendaciones
La Comisión planteó 35 recomendaciones para sanear la situación del centro de reclusión militar. Entre estas, sobresale la creación de una “Dirección de Política Penitenciaria y Carcelaria de las Fuerzas Militares y de Policía, dependiente directamente del Despacho del Ministro de Defensa Nacional, como instancia encargada de diseñar una política en la materia y administrar el sistema carcelario, garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas correspondientes y velar por el bienestar y los derechos de los internos”.
Igualmente, se recomienda la destrucción inmediata de las cabañas, que el centro esté comandado por un oficial de grado general, que se dote al penal de una estructura administrativa que permita su adecuación a las normas vigentes y que se cree un sistema de monitoreo e información sobre aquellos miembros de la Fuerza Pública que se encuentran recluidos en unidades militares.
La Comisión recomendó que se apruebe con urgencia y se implemente el reglamento interno, que se adopte un plan de contingencia inmediato para garantizar a los internos el acceso al trabajo y a la redención de penas y, entre otros, que se de traslado del informe a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, así como a las autoridades administrativas internas del Ministerio de Defensa Nacional y a las Inspecciones de las Fuerzas Militares.
Dato situación jurídica
Respecto a la situación jurídica, la Comisión encontró que 81 de los 333 internos de Tolemaida son soldados activos recluidos con anterioridad a 2010 y 18 a soldados activos recluidos entre enero y marzo de 2011. “Es decir que 99 soldados cumplen con el requisito (…;) para ser retirados y continúan en actividad”.
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