Colombia


Amenazan a abogado y a hijo de exalcalde asesinado en Sucre

El abogado Sebastián Escobar, quien defiende los intereses de Juan David Díaz Chamorro, hijo del asesinado alcalde del Roble (Sucre) Eudaldo Díaz Salgado, fue amenazado.

COLPRENSA

23 de febrero de 2021 08:30 PM

En las últimas horas, el abogado Sebastián Escobar, quien hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear, y defiende los intereses de Juan David Díaz Chamorro, hijo del asesinado alcalde del Roble (Sucre) Eudaldo Díaz Salgado, fue amenazado.

El penalista recibió una llamada, de 33 segundos, en la que fue intimidado por su labor y la de su defendido, quien está acreditado como víctima en la Jurisdicción Especial para la Paz, por la muerte de su progenitor. El mensaje fue contundente: “dígale a Juan David que si sigue metiendo a los políticos de Sucre lo vamos a matar y también nos lo llevamos a usted por delante por sapo”.

Para el colectivo y el abogado la amenaza en su contra y su defendido obedece al sometimiento voluntario que realizó el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus, el 12 de febrero de 2020 en calidad de tercero. En octubre de 2009, la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador y a su jefe político Álvaro García, a 40 años de prisión por el homicidio de Díaz Salgado.

El exgobernador estuvo ante los estrados judiciales luego de que en febrero de 2003, ‘Tito’ Díaz, expresó en un consejo comunal, en Corozal, Sucre, en presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que estaba amenazado de muerte. Esa sentencia se cumplió el 10 de abril del mismo año, cuando Arana Sus era el gobernador del departamento.

El pasado diciembre, Cajar presentó observaciones a la propuesta de régimen de condicionalidad de Arana Sus presentada a la JEP, haciendo énfasis en que el compromiso claro, concreto y programado debe contribuir al esclarecimiento de la verdad en nivel superior a lo establecido en la justicia ordinaria, al tiempo que hizo un llamado para que fueron precisados los hechos que comprendía el reconocimiento, la identificación de los presuntos autores o partícipes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron.

El pasado 11 de febrero, Diaz Chamorro, hijo del asesinado alcalde, fue aceptado como víctima por la Sala de Definiciones Jurídicas de la JEP, en respuesta a su solicitud en búsqueda de verdad aseguró que “no permitiré que Salvador Arana Sus oculte la verdad sobre su responsabilidad que tienen en la muerte de mi padre, su alianza criminal con otros políticos de Sucre, ganaderos, comerciantes, empresarios y testaferros”.

Retomando en el tema de la amenaza a Díaz y Escobar, el colectivo denunció que previo a que recibieran la llamada, la Sala había notificado a la representación de víctimas la convocatoria a Arana Sus a una audiencia de contribución a la verdad a llevarse a cabo los próximos 11 y 12 de marzo, así como su decisión de solicitarle al compareciente que ajustará su plan de contribuciones voluntarias en respuesta a la solicitud de la representación de víctimas.

“Denunciamos esta grave amenaza que se suma a otras amenazas, hostigamientos y montajes judiciales que ha padecido la familia del Alcalde Díaz Salgado, así como al creciente clima de hostilidad contra el trabajo que desarrolla el Cajar ante la Jurisdicción Especial para la Paz en representación de las víctimas”, dijo el colectivo.

En un comunicado, solicitaron al Gobierno Nacional, condenar las amenazas y señalamientos contra defensores de derechos humanos, que incrementan su riesgo en un contexto de construcción de verdad histórica como el que atraviesa el país.

Igualmente, a través de la Unidad Nacional de Protección solicitaron fortalecer las medidas de protección física en favor de Juan David Díaz y el abogado Sebastián Escobar, así como también pidieron a la Fiscalía General adelantar una investigación sobre el origen de estas amenazas.

Y por último, solicitaron a la JEP, que tenga en cuenta el incidente de seguridad al momento de valorar el régimen de condicionalidad de Arana Sus, al tiempo que solicitaron dar seguimiento a las medidas de protección en favor de la víctima y su abogado.