Colombia


Ante la Procuraduría, Ejército defiende operación en Putumayo

Las fuerzas militares enviaron un informe del operativo que dejó 11 personas muertas. La Defensoría confirmó que eran civiles y no disidentes de las Farc.

COLPRENSA

02 de abril de 2022 07:55 AM

La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos recibió este viernes, en sobre sellado, el informe del Ejército con los pormenores del operativo realizado en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo, en el que murieron 11 personas.

El procurador Delegado, Javier Sarmiento, envió el requerimiento de la información al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, luego de las denuncias hechas por la comunidad sobre lo ocurrido aquel día. Ahora, su oficina se encargará de revisar durante los próximos dos días la información para, posiblemente, emitir un pronunciamiento. Lea: Defensoría confirmó la muerte de civiles en operación militar en Putumayo

El documento enviado por el Ejército debería contener, por un lado, una copia de la orden de operaciones con la cual se soportó el desarrollo de dicho asalto y un informe operacional del despliegue militar de ese día. Así mismo, el informe de las muertes del operativo –el centro de la controversia– y si por estos hechos la Inspección General de las Fuerzas Militares o alguna unidad militar abrió alguna indagación preliminar o investigación disciplinaria.

El Ejército ha venido explicando punto por punto. Primero, la planeación de la operación. Segundo, ya salió evidencia del personal armado, de la droga, y fuera de eso, están las incautaciones y tenemos algunos de nuestros hombres heridos”.

Iván Duque, presidente de Colombia.

No obstante, la postura del Ministerio de Defensa y de la institución no ha variado: el ataque estuvo justificado –según el Gobierno– en la persecusión al frente 48 de las disidencias de las Farc. Y para comprobar su versión, el Ejército difundió una foto de un hombre fuertemente armado, que sería Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, jefe de ese bloque.

“El Ejército ha venido explicando punto por punto. Primero, la planeación de la operación. Segundo, ya salió evidencia del personal armado, de la droga, y fuera de eso, están las incautaciones y tenemos algunos de nuestros hombres heridos”, dijo el presidente Iván Duque, horas antes de que el Ejército remitiera el informe a la Procuraduría.

Así también lo sostuvo el ministro Diego Molano, quien dijo que el operativo no fue contra campesinos en un bazar, como ha dicho la comunidad, sino contra disidencias de las Farc. “No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”, puso en su Twitter y lanzó una pulla a Gustavo Petro, quien acusó al Ejército de cometer asesinatos.

En este contexto, el general Navarro estuvo este viernes en Washington, en la oficina de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) reunido con el embajador Alejandro Ordóñez.

Precisamente desde esa ciudad, Human Rights Watch se sumó a las solicitudes de información con un derecho de petición firmado por Tamara Taraciuk, directora para las Américas de esa ONG. Su pregunta principal es sobre qué información puntual tiene el Gobierno para decir que se trataba de criminales. Lea: HRW pide a Colombia evidencias de que muertos en operación eran disidentes

Lo ocurrido en la vereda ha causado una verdadera tormenta de críticas y las versiones encontradas llevaron, aparte de la Procuraduría y Human Rights Watch, a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Naciones Unidas y a meterse en el asunto.

De hecho, uno de los pronunciamientos más graves provino de la Defensoría, en cabeza de Carlos Camargo, que confirmó la presencia de civiles –entre ellos un menor de 16 años y un líder indígena– en el operativo, pese a las afirmaciones oficiales que inicialmente se dieron.

En ese contexto, solicitó a las autoridades competentes “el rápido esclarecimiento” de lo ocurrido e insistió “en que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido”.

Con todo, queda esperar las conclusiones que arroje, por su lado, la investigación que adelanta la Fiscalía por el caso.

Después de esto, vino la declaración de Naciones Unidas, expresando preocupación sobre la legitimidad de lo sucedido en Puerto Leguízamo y la presunta presencia de civiles en el lugar. Por ello, prometió hacer seguimiento a las investigaciones y a lo ocurrido en el lugar.

Se conoció por fuentes de la zona que la comunidad ya tiene por lo menos a seis personas identificadas entre los muertos: Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda en la que ocurrieron los hechos; Ana María Sarria Barrera, la esposa del presidente JAC; Brayan Santiago Pama, un menor de edad; Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena; Óscar Olivo Yela, un habitante del sector; Jhon Jairo Silva Mutumbajoy, una persona en proceso de reincorporación.

Con todo, queda esperar las conclusiones que arroje, por su lado, la investigación que adelanta la Fiscalía por el caso, pues designó a un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, un fiscal de la Dirección de Derechos Humanos y un equipo técnico de investigadores, criminalísticos y médicos forenses del CTI.

Además, la próxima semana podría conocerse alguna decisión del Ministerio Público con base en lo que encuentre en el documento del Ejército con el que defiende su actuar.

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